Desde finales de 2012, la República Centroafricana sufre una prolongada crisis desencadenada por la campaña militar de los rebeldes musulmanes Seleka contra el Gobierno. A principios de 2013, los rebeldes Seleka tomaron el control de la capital, Bangui, derrocando al entonces presidente François Bozizé. Esto dio lugar a la reanudación de los enfrentamientos entre las distintas facciones armadas, y a informes de abusos generalizados contra los derechos humanos, incluidos asesinatos indiscriminados de civiles.
En respuesta, a mediados de 2013, las milicias cristianas y animistas antibalaka comenzaron a organizarse para combatir a los rebeldes Seleka. Sin embargo, estos grupos asociaron a los Seleka con el hecho de ser musulmanes y, en consecuencia, llevaron a cabo amplios ataques de represalia contra civiles musulmanes en Bangui y en las regiones occidentales del país. A principios de 2014, la Unión Africana y las fuerzas francesas lograron expulsar a los rebeldes Seleka de Bangui. La MINUSCA, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en RCA, asumió la misión de la Unión Africana en septiembre de 2014. A pesar de estas intervenciones, persistieron la violencia y los asaltos a civiles, y los Seleka se dividieron en facciones.
En 2016, Faustin-Archange Touadéra fue elegido presidente de la República Centroafricana. Pese a la presencia de tropas francesas y fuerzas de la ONU, luchó por derrotar a las fuerzas rebeldes. En 2018, se firmó un acuerdo entre el gobierno de la RCA y las autoridades rusas, en el que se esbozaba el entrenamiento de sus fuerzas por «especialistas» rusos, compuestos principalmente por antiguos oficiales militares.
La ONU, la UE, Estados Unidos y Francia han informado de la presencia del Grupo Wagner en la RCA. Según el ex Primer Ministro de la RCA, no existía ningún contrato entre la RCA y una empresa de seguridad privada rusa, sino sólo un acuerdo de cooperación militar con Rusia.
El Grupo Wagner es una de las empresas privadas de seguridad más importantes de Rusia y funciona como “una herramienta no oficial (aunque nominalmente ilegal) de la política exterior rusa”. Se trata de una organización paraguas con múltiples entidades y operaciones en diferentes partes del mundo, a menudo descrita como la fuerza militar sustituta de Rusia que desempeña un papel clave en la guerra de Rusia contra Ucrania. En enero de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que el Grupo sería designado organización delictiva transnacional (OCT). En septiembre de 2023, se presentó ante el Parlamento británico un proyecto de decreto para declarar al Grupo Wagner organización terrorista, en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000.
El Grupo Wagner ha protegido durante años a los dirigentes de la RCA mediante fuerzas de seguridad, entrenamiento militar, envíos de armas y campañas de propaganda. A cambio, obtuvo rentables concesiones mineras de oro, diamantes y madera. En 2023, cientos de soldados del Grupo Wagner llegaron a la República Centroafricana para “reforzar las medidas de seguridad ante el próximo referéndum constitucional del país”. Al parecer, este despliegue fue anunciado por la Unión de Oficiales para la Seguridad Internacional (COSI), un grupo que ha sido vinculado a la PMC. Este grupo ha sido calificado por Estados Unidos de empresa tapadera de las operaciones del Grupo Wagner en la República Centroafricana.
Las campañas de propaganda y desinformación han sido una táctica empleada por el Grupo Wagner para “deslegitimar los movimientos de oposición y crear confusión entre el público”. Para controlar la narrativa emergente, el Grupo financió la creación de la emisora de radio Lengo Songo que, a través de sus emisiones, promueve los puntos de vista de Rusia y ‘legitima’ las actividades de Wagner ante la opinión pública local. Además, a través de sus fondos, el Grupo patrocinó y produjo películas, incluyendo un dibujo animado que enmarcaba la participación rusa en la RCA como una cooperación constructiva que mostraba a un “oso amistoso ayudando a un león a luchar contra un grupo de hienas” y una película de acción filmada en la RCA que mostraba a «personal de Wagner protegiendo al país de los rebeldes”.
Los Incidentes
Según los expertos de la ONU, los instructores del Grupo Wagner han estado intimidando y acosando a los civiles, las fuerzas de mantenimiento de la paz, los trabajadores humanitarios y las minorías de la República Centroafricana. Los expertos de la ONU creen que el Grupo Wagner, junto con las fuerzas locales, están cometiendo torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias, entre otras cosas. Ha habido informes sobre presuntas violaciones y violencia sexual contra hombres y mujeres. Se han hecho múltiples informes sobre detenciones arbitrarias y torturas. Por ejemplo, una de las víctimas declaró a los investigadores de la ONU que fue retenido por un grupo de rusos, que le golpearon y le cortaron un dedo.
Human Rights Watch (HRW) documentó por primera vez casos de abusos por parte de las fuerzas vinculadas a Rusia en 2019. Según las entrevistas realizadas por HRW, más de 12 civiles mencionaron un incidente ocurrido en julio de 2021, en el que al menos 12 hombres desarmados fueron asesinados por portadores de armas de habla rusa. En otro incidente, un grupo de hombres fue acusado de ser rebeldes y detenido ilegalmente por las fuerzas armadas de la RCA en condiciones inhumanas en un foso abierto en una base militar. Según los informes, tanto los portadores de armas de habla rusa como los soldados de la RCA golpearon a cinco de los hombres detenidos.
En mayo de 2023, los residentes de una de las subdivisiones de Bangui se declararon en huelga contra el “continuo acoso, los secuestros, la tortura y la intimidación” de los habitantes del barrio y de todo el país por parte de mercenarios rusos del grupo de seguridad Wagner».
También se producen violaciones de derechos humanos en otras zonas de operaciones de Wagner, como Malí y Sudán. En Malí, las mujeres han sido continuamente objeto de ataques por parte de las tropas malienses y los miembros de sus socios de seguridad extranjeros. Un informe de la ONU concluyó que “la violencia sexual se utiliza como táctica de guerra y de forma sistemática” y acusó a las tropas malienses y a sus socios de seguridad extranjeros, entre los que se sospechaba que se encontraba personal de Wagner, de haber ejecutado a 500 personas, ejercido violencia sexual y torturado durante una operación en el pueblo de Moura. Además, las fuerzas francesas informaron de que combatientes de Wagner estaban excavando y enterrando cadáveres en una fosa común. Aunque fueron grabados en vídeo, el Grupo Wagner editó las imágenes con la esperanza de alterar la narrativa, acusando injustamente a los militares franceses del incidente y fomentando el “sentimiento antifrancés y antioccidental en Malí”.
Sudán también se enfrenta a problemas por la presencia del Grupo en sus ricas minas de oro. Los supervivientes del ataque denunciaron la muerte de mineros en una mina de oro situada entre la frontera de Sudán y la República Centroafricana, mientras Wagner saqueaba la mina en busca de sus recursos. Según las denuncias, las tropas de Wagner dispararon “indiscriminadamente” matando a más de 70 en ese único incidente.
Aspectos jurídicos
Investigaciones
A pesar de las acusaciones formuladas, no se ha procesado a ninguna fuerza vinculada a Rusia en la República Centroafricana. En 2021, el gobierno de la República Centroafricana creó una Comisión Especial de Investigación. La Comisión concluyó que se habían producido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluso por parte de estos instructores rusos.
En 2022, la ONU anunció que investigaría la denuncia de la masacre de 10 civiles a manos de mercenarios rusos y oficiales del ejército de la RCA en las aldeas de Gordile y Ndah.
La cuestión de si el Grupo Wagner se ajusta a la definición de EMSP según el Documento de Montreux o a la de PSC según el ICoC sigue siendo controvertida. Además, sus empleados podrían calificarse de mercenarios, según la definición del derecho internacional humanitario. Wagner Group es en sí mismo «nebuloso porque los propios actores asumen formas amorfas». Wagner Group opera en una zona gris, fluctuando entre ambas, de ahí que resulte difícil regular su conducta y señalar las violaciones observadas, ya que se dedica a actividades muy diversas.
Aunque existen normativas transnacionales y códigos de conducta voluntarios del sector, como el ICoC, que proporcionan un marco y un mecanismo de regulación, también tienen límites cuando se trata de regular a actores que operan «con un importante respaldo estatal y en secreto». Aunque es complicado definirlo en el derecho internacional, Wagner puede convertirse en un modelo para otros, con la continua aparición de grupos similares que se sitúan en esta zona gris. Sin embargo, los miembros de estos grupos no son inmunes a los enjuiciamientos por crímenes de guerra y otros crímenes internacionales. Existen algunas formas de abordar los posibles crímenes perpetrados por tales grupos, entre ellas procesar a individuos por la comisión de crímenes internacionales y/o designar al grupo como OTC u organización terrorista.
El Código Internacional de Conducta
El Código Internacional de Conducta exige que el personal de las empresas miembros y afiliadas tome todas las medidas razonables para evitar el uso de la fuerza, y si se utiliza la fuerza, debe ser proporcional a la amenaza y adecuada a la situación. (Normas para el uso de la fuerza: párrafo 29, Uso de la fuerza: párrafo 30-32)
Además, el personal de seguridad sólo está autorizado a detener a personas para defenderse a sí mismo o a otros de una amenaza inminente de violencia tras un ataque o delito contra el Personal de la empresa, clientes o bienes bajo su protección. La aprehensión y la detención deben ser coherentes con el derecho internacional y nacional, y todas las personas aprehendidas y detenidas deben recibir un trato humano y coherente con su estatus y protecciones en virtud de la legislación aplicable sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario. (Detención: párrafo 33)
Según el Código Internacional de Conducta, las empresas no pueden permitir que su personal participe o se beneficie de la explotación sexual, el abuso o la violencia de género o los delitos. Las empresas de seguridad deben exigir a su personal que se mantenga vigilante ante cualquier caso de violencia sexual o de género, y que denuncie estos casos a las autoridades competentes. (Explotación y abuso sexuales (EAS) o violencia de género (VG): párrafo 38)
El Código exige una rigurosa selección e investigación de antecedentes del personal, la evaluación de su desempeño y funciones (párrafos 45 a 49), y la formación del personal sobre el Código y el derecho internacional pertinente, incluidos los derechos humanos y el derecho penal internacional (párrafo 55).
El Código también exige que se informe de cualquier incidente en el que esté implicado su personal y el uso de armas, actos delictivos, lesiones a personas, etc. (párrafo 63). También exige el establecimiento de un procedimiento de quejas, denuncia de irregularidades y procedimientos afines para atender las reclamaciones presentadas por el personal o por terceros en relación con el incumplimiento por parte de la empresa de los principios mencionados en el Código (apartado 66-67).
El cumplimiento de los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada esté cualificado, formado, respaldado, informado y sea responsable.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a ocho personas y entidades que considera responsables de la expansión de la influencia rusa en la República Centroafricana. La UE también ha sancionado a personas que considera implicadas en las actividades del Grupo Wagner. En 2021, la UE dijo que dejaría de entrenar a soldados de la RCA debido a sus vínculos con el Grupo Wagner. En abril de 2022, Human Rights Watch escribió al ministro de Asuntos Exteriores ruso y al gobierno de la RCA solicitando información sobre la presencia del Grupo Wagner en el país y el acuerdo sobre el estatus de las fuerzas entre Rusia y la RCA.
Tras la muerte de sus dos principales líderes, Yevgeny Prigozhin y Dmitry Utkin, en 2023, el Grupo se ha transformado en una nueva entidad llamada Africa Corps, dirigida por el veterano de Wagner Anton Yelizarov. Aunque su afiliación a Rusia era ambigua bajo la antigua apariencia de Wagner, Africa Corps se ha presentado claramente como una organización paramilitar subsidiaria de la Federación Rusa bajo la pretensión de defender a su pueblo y sus intereses. La implicación directa de Rusia en las operaciones de Africa Corps podría ser un intento de evitar que el Grupo crezca en autonomía y poder y vuelva a desafiar a las autoridades rusas, como ocurrió durante el motín de Prigozhin en junio de 2023. Africa Corps también impulsa la política exterior de Rusia, es decir, el avance de la estrategia militar del país en el continente africano. Además, los expertos afirman que, dado que los Cuerpos Africanos dependen del Ministerio de Defensa ruso, existe la posibilidad de que Rusia les exija responsabilidades por las violaciones perpetradas por las tropas durante las operaciones militares. Además, los expertos afirman que, dado que los Cuerpos Africanos dependen del Ministerio de Defensa ruso, existe la posibilidad de que Rusia les exija responsabilidades por las violaciones perpetradas por las tropas durante las operaciones militares.
Conversación
¿Cuál es la definición de una EMSP? ¿De un PSC? ¿Cumple el grupo Wagner esta definición? ¿Cumple esta definición el grupo bajo su nuevo nombre de “Africa Corps” ?
¿Califican los asesores militares empleados por Wagner como mercenarios según el derecho internacional?
¿Cómo se puede responsabilizar a los miembros de las empresas de seguridad privada de sus presuntos delitos?
¿Cuáles son las implicaciones cuando se contrata a una empresa de seguridad privada para trabajar en un entorno volátil y complejo como la República Centroafricana?
Discuta la importancia de llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos cuando se introducen contratistas externos en un entorno de conflicto complejo.
Concesión GGM – Con la amable autorización de AngloGold AshantiGeita en Tanzania – Con la amable autorización de AngloGold Ashanti
La mina de oro de Geita (GGM) está situada en los yacimientos auríferos del lago Victoria, en Tanzania, a unos 120 km de la ciudad de Mwanza y a 4 km al oeste del municipio de Geita. La población de Geita es de aproximadamente 1,7 millones de personas con actividades económicas diversas que incluyen trabajos mineros artesanales y a pequeña escala, cría de animales y agricultura de subsistencia. GGM es una de las explotaciones mineras de oro más importantes de África Oriental. La concesión tiene una superficie de 196,27 km2, que incluye densos bosques y colinas. Funciona como mina a gran escala desde 2000, pero en la zona se lleva explotando oro desde la década de 1930. En 1999, Ashanti Goldfields Company Limited adquirió la mina, y en 2004, la sudafricana AngloGold Limited se hizo con Ashanti, creando AngloGold Ashanti (AGA), que posteriormente asumió el control de GGM. Desde entonces, la mina se ha convertido en un actor crucial del sector minero de Tanzania, contribuyendo significativamente a la producción de oro del país. La mina emplea a unas 6.800 personas, incluidos los contratistas, entre los que se encuentra el contingente de seguridad privada. Alrededor del 90% de los empleados de la mina proceden de la comunidad local.
GGM es una explotación minera a cielo abierto y subterránea que extrae oro de diversos yacimientos. La mina ha demostrado constantemente unos niveles de producción impresionantes, lo que la convierte en un activo económico vital para Tanzania.
La seguridad en GGM es de vital importancia debido al alto valor del metal precioso que se extrae. La concesión abarca una zona enorme, con pueblos dentro y en la periferia. Aproximadamente el 75% de la concesión minera se encuentra dentro de la reserva forestal de Geita, en la que predominan los bosques de miombo. No hay ninguna barrera física en los límites de la mina.
Las relaciones con la comunidad local no siempre han sido fáciles. Antes de 2014, la seguridad se llevaba a cabo con arreglo a un sistema típico y tradicional basado en gran medida en la policía y en el uso de la fuerza o la amenaza de la misma tanto para disuadir como para hacer cumplir la ley. Las incursiones eran frecuentes y, al parecer, los incidentes graves eran habituales.
Desde 2014, la mina ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad innovador, global e integrado para salvaguardar a su personal, sus activos y el oro extraído en forma de una estrategia revisada muy necesaria denominada «Plan de cinco puntos – Seguridad reforzada de la comunidad», que en resumen se basa en:
Alejar a las personas del riesgo y el riesgo de las personas, para reducir el potencial de conflicto.
2. Definir el papel de las comunidades como complemento de las iniciativas de seguridad.
3. Definir el papel de la seguridad privada y pública en apoyo del enfoque de seguridad reforzada comunitaria.
4. Utilización de equipos de reacción rápida formados, capacitados y equipados para mejorar la respuesta y la gestión de los incidentes.
5. Optimización de la tecnología frente a la mano de obra: mayor uso de las tecnologías adecuadas para reducir el riesgo y mejorar la eficacia.
Estas disposiciones incluyen una combinación de protección virtual del perímetro, medidas de seguridad física, sistemas avanzados de vigilancia, personal de seguridad privada e interna contratado y bien formado y la policía. Además, desde 2017, se ha contratado a miembros de la comunidad, tanto de la concesión como de los alrededores, que desempeñan funciones de «policía de proximidad». Se han establecido zonas de acceso restringido para controlar la entrada a las áreas críticas, y se han desplegado estratégicamente modernas tecnologías de vigilancia, como cámaras y sensores térmicos de CCTV, por todo el emplazamiento y en el perímetro para supervisar las actividades en tiempo real desde un centro de control de seguridad centralizado, lo que permite una respuesta coordinada contra las amenazas detectadas.
Para garantizar la seguridad de los trabajadores, la mina de oro de Geita ha implantado estrictos protocolos de seguridad y planes de respuesta ante emergencias. Periódicamente se realizan simulacros y sesiones de formación para preparar al personal ante diversos escenarios, incluidos accidentes y posibles amenazas a la seguridad.
Además de sus contribuciones económicas, la mina de oro de Geita también ha desempeñado un papel en iniciativas de desarrollo comunitario. La mina invierte en proyectos de educación, sanidad e infraestructuras en las comunidades circundantes, contribuyendo así al bienestar general de la región. Junto con los dispositivos de seguridad integrados, estas iniciativas de desarrollo han contribuido a mejorar las relaciones comunitarias.
Con un dispositivo de seguridad sólido e innovador, que incluye tanto una policía de proximidad como una seguridad privada responsable, la mina no sólo garantiza la protección de sus valiosos recursos, sino que también fomenta un entorno seguro y próspero para sus trabajadores y las comunidades vecinas.
El Entorno de Seguridad: Del Conflicto a la Participación Comunitaria
Problemas de seguridad en la pila de rocas (con la amable autorización de AngloGold Ashanti)Multitudes recogiendo del montón de rocas desechadas (con la amable autorización de AngloGold Ashanti)
La seguridad en GGM tuvo grandes dificultades en el pasado, con altos índices de incursiones e incidentes, invasiones de fosos, robos y colusión. Como consecuencia, aumentaron las lesiones del personal de seguridad y las lesiones y muertes de terceros. La ruptura general de las relaciones con la comunidad también provocó trastornos en las operaciones comerciales. Estos problemas continuaron a buen ritmo entre 2010 y 2015, con un máximo de 15.000 incursiones en una semana concreta de 2015.
En los alrededores se practica la minería artesanal y comunitaria. La población de Geita ha crecido significativamente en los últimos veinte años, con cientos de miles de personas atraídas a la zona por el atractivo del oro. Hay dos zonas mineras comunitarias activas dentro de la concesión. En lugar de intentar cerrar estas zonas, AGA coexiste con estas comunidades. La concesión es también una zona forestal protegida. En la zona predominan la ganadería y el pastoreo. Esto también puede ser una fuente de conflicto, ya que los pastores atraviesan ilegalmente la concesión y la zona forestal protegida.
Antes de 2014, el uso de la fuerza o la amenaza del mismo se utilizaba como herramienta principal para combatir las incursiones en el lugar. Sin embargo, quedó claro que no era una estrategia eficaz y que, por el contrario, estaba exacerbando una relación ya de por sí difícil con la comunidad circundante.
Como se ilustra en el gráfico siguiente, en la última década se ha producido una reducción significativa de las incursiones en la concesión como resultado de la aplicación del «Plan de Cinco Puntos – Seguridad Reforzada de la Comunidad».
Como miembro de la Iniciativa de Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR), AGA informa anualmente sobre incidentes de seguridad. A continuación figuran los datos correspondientes a 2021 y 2022 para sus minas con sede en África, incluida Geita.
Víctimas mortales y heridos, relacionados con intervenciones del personal de seguridad, en las operaciones de AngloGold Ashanti en 2022 y 2021 – Informe plenario del VPSHR
Siete Secretos del Éxito
Muchos factores han contribuido a una relación más armoniosa entre la mina y la comunidad circundante. Sin duda, el innovador acuerdo de seguridad ha sido clave, combinado con programas equitativos de desarrollo comunitario. Siete factores, que se detallan a continuación, han sido decisivos. Los cinco primeros son los componentes del dispositivo de seguridad integrado en la mina. Los dos últimos se refieren a la cultura corporativa más amplia de AGA en GGM.
Seguridad interna – Liderazgo comprometido e innovador
2. Seguridad privada – Contratación de un proveedor responsable
3. Policía – Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos
4. Policía de proximidad – Integral para la seguridad y las relaciones con la comunidad
5. Uso de la tecnología – Seguridad sin fronteras
6. RSC – Inversión en la comunidad
7. Cultura empresarial – Alineación basada en valores
1. Seguridad interna – Liderazgo comprometido e innovador
El Jefe Global de Seguridad de AGA ha desempeñado un papel decisivo en la dirección del equipo de seguridad de GGM. Como parte del Equipo de Liderazgo en Sostenibilidad de la empresa, su trabajo en todas las funciones de sostenibilidad le ha permitido apreciar el importante papel que puede y debe desempeñar el compromiso con la comunidad en las operaciones cotidianas de la organización. Esta es sin duda una de las razones por las que el equipo de seguridad de GGM no trabaja de forma aislada, sino que colabora en todas las funciones para garantizar la seguridad de todas las personas (internas y externas).
El equipo de seguridad de GGM, casi todos tanzanos y algunos locales, tiene los conocimientos locales y la experiencia práctica necesarios para poner a prueba y ampliar lo que algunos pueden considerar un sistema de seguridad integrado poco ortodoxo. El Director de Seguridad de la mina es un empleado local de la comunidad de Mara, pero vive en Geita desde la edad escolar y ha ido ascendiendo en la empresa, empezando como guardia de seguridad. Tiene mucha experiencia y una capacidad excepcional.
Conoció de primera mano las deficiencias de los enfoques de seguridad tradicionales, en los que el uso de la fuerza y la disuasión a través de la exhibición del uso de la fuerza eran las principales herramientas utilizadas. De hecho, según él, la primera victoria rápida en el emplazamiento fue poner fin al uso de munición real por parte de todos los proveedores de servicios de seguridad (privados y públicos) e imponer la adhesión al continuo uso de la fuerza. Todo el personal de seguridad que trabaje en la concesión debe recibir formación obligatoria sobre derechos humanos y sobre los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR). Este requisito de integrar la formación en derechos humanos en las operaciones de seguridad, impuesto por AGA, ha tenido importantes efectos positivos.
En 2016, el Director de Seguridad de GGM, bajo la orientación y dirección del Jefe Global de Seguridad de AGA, puso a prueba un modelo de policía de proximidad. Una vez comprobado su éxito, el programa se amplió a todo el centro. El Director de Seguridad ha adoptado plenamente el modelo de policía de proximidad, afirmando que el objetivo del programa no es combatir a los delincuentes, sino compartir los beneficios de la GGM de forma más equitativa dentro de la comunidad: «Todo el mundo tiene que beneficiarse de los frutos de la GGM». El Director de Seguridad ha tomado las directrices de la cúpula de la empresa, las ha puesto en práctica y las ha adaptado al contexto local.
En GGM, la seguridad está integrada en todas las decisiones, y el Director de Seguridad es un miembro de confianza del equipo directivo de la planta, al que se consulta regularmente para obtener asesoramiento sobre cuestiones sociales y de seguridad y antes de desarrollar cualquier proyecto. Así, la seguridad se integra en cada plan de proyecto y se introduce y aplica como concepto de «responsabilidad compartida» en los procesos operativos cotidianos. Esto garantiza que la seguridad no se convierta en una idea tardía.
Del mismo modo, el jefe de la unidad de policía de proximidad de GGM es miembro del equipo superior de seguridad interna. Ex policía, se ha integrado en las comunidades en las que opera el proyecto y es conocido y respetado por ellas. Participa en todo el proceso de contratación y formación y forma parte del comité directivo del proyecto. Al haber pasado de la policía pública al equipo interno de seguridad de GGM, también es conocido y respetado por la policía, que tiene la responsabilidad última y el mando sobre el programa.
La seguridad interna cuenta con 195 efectivos a pleno rendimiento. La seguridad está incluida tanto en las minas a cielo abierto como en las subterráneas. Existe una división especial dentro del departamento de seguridad interna que se encarga de la seguridad subterránea especializada. Los coordinadores de turno se encargan de las operaciones sobre el terreno.
En el siguiente vídeo, el Director de Seguridad de GGM comparte sus impresiones sobre:
La historia de la seguridad en GGM;
El enfoque evolutivo de la empresa en materia de seguridad en el emplazamiento, incluido el desarrollo de un programa de policía de proximidad como elemento crítico de un enfoque integrado;
Permitir que el personal superior de seguridad se beneficie de una experiencia más amplia en relaciones con la comunidad dentro de la organización.
Promover el talento local experimentado a puestos de seguridad de alto nivel. Esto ayuda a garantizar que los dispositivos de seguridad se adaptan adecuadamente a los contextos locales y fomenta la confianza con las comunidades locales.
Reclutar candidatos capaces de la policía pública ayuda a tender puentes con las fuerzas de seguridad pública.
2. Seguridad Privada: Contratación de un proveedor responsable
GGM contrató a SGA Security, una empresa certificada por ICoCA en 2018. Hay otras empresas de seguridad privada subcontratadas que operan en los alrededores del emplazamiento cuyos contratos no son directamente con GGM. La principal empresa subcontratada es GardaWorld, otra empresa Certificada ICoCA, que proporciona seguridad a la empresa de perforación contratista. SGA Security cuenta con 700 efectivos en GGM cuando está a pleno rendimiento. Los guardias se dividen en no armados y con armamento menos letal (sin munición real).
SGA Security – La Visión Desde la Delta Dirección
SGA Security se hizo cargo del contrato en GGM en 2018. La dirección de SGA Security sabía que sería un contrato difícil, dada la problemática historia de la mina. Las intrusiones se han reducido en más de un 80 % desde que se hicieron cargo del contrato y SGA ha sido un contribuyente clave. Uno de los secretos del éxito, desde el punto de vista del Director Gerente, es que antes de su despliegue, el personal de SGA recibe formación sobre el respeto de los derechos humanos. La formación de repaso sobre estas cuestiones se imparte a diario (véase la entrevista en vídeo con Edward Diswas). El compromiso de las partes interesadas entre los cuatro agentes que componen el dispositivo de seguridad (seguridad interna, seguridad privada, policía y policía comunitaria) también ha sido un factor clave del éxito en el emplazamiento. La seguridad privada, junto con la policía comunitaria, constituyen el contingente más numeroso. Su integración y asociación con el equipo de seguridad interna de GGM y la policía da como resultado un enfoque bien coordinado, con el proveedor de seguridad privada.
La gestión de incidentes y la supervisión y evaluación del rendimiento han sido fundamentales. SGA Security utiliza «pruebas de penetración», es decir, crea intencionadamente una situación sin que el personal al que se somete a la prueba lo sepa, para ver cómo responde y reacciona el personal. El seguimiento de la reacción del personal en estas condiciones controladas permite extraer enseñanzas que se comparten con el miembro o miembros del personal que han sido objeto de seguimiento, así como con el resto del personal de vigilancia. Para probar el uso mínimo de la fuerza, por ejemplo, pueden enviar a alguien a agredir a los guardias para ver cómo reaccionan, y controlar y grabar su reacción. Para probar la colusión, pueden plantar algún producto (por ejemplo, oro o piedras de oro) y poner a prueba a los guardias en el control de acceso para ver si confiscan el producto o se confabulan con la persona que lo está sacando de contrabando. Los controles de este tipo se utilizan como escenarios de aprendizaje para el resto de los guardias.
Las unidades de respuesta rápida son fundamentales para hacer intervenir a la policía cuando sea necesario. El continuo del uso de la fuerza se aplica a estos diferentes actores, siendo la policía la máxima autoridad para hacer un uso razonable de la fuerza.
Los SGA han desarrollado su propia formación, ya que no existe una formación estándar nacional para la seguridad privada. En cuanto a los elementos de derechos humanos de esta formación, la empresa integra gran parte del contenido de las formaciones en línea impartidas por ICoCA y AGA en sus propias formaciones presenciales, y todos los altos directivos de la empresa se inscriben y completan el curso.
En el siguiente vídeo, Eric Sambu, Director General de SGA Security, Tanzania, comparte sus impresiones sobre:
SGA Security, por qué la empresa se unió a ICoCA, el impacto que esto ha tenido para la empresa;
Cómo enfoca la empresa su compromiso con las normas internacionales en las prácticas de seguridad privada;
Cómo ha abordado la empresa el contrato con AGA en GGM y las políticas, procesos y prácticas que han establecido para institucionalizar prácticas de seguridad responsables en la mina.
SGA Security – Desafíos para los RRHH en la gestión de una Sede Remota
SGA Security ha desarrollado una sofisticada función de recursos humanos que se establece y supervisa desde Dar es Salaam, pero se gestiona localmente desde Geita. Los altos directivos de la empresa viajan con frecuencia a la mina para reunirse periódicamente con el jefe de obra y escuchar las quejas contra la empresa.
Reclutamiento – Se publican anuncios en los medios de comunicación locales para dar a conocer las oportunidades a los habitantes de la zona. Los candidatos proceden en primer lugar del cuerpo de reserva (servicio nacional – JKU). A partir de ahí, se tienen en cuenta otros criterios mínimos, como el nivel de estudios y la edad. En GGM, se les exige que recluten en la comunidad de Geita, la misma en la que se llevará a cabo la misión. La GGM también ha pedido a SGA Security que dé prioridad a la contratación de personal procedente de la creciente reserva de policías de proximidad. Esto hace que las funciones de policía comunitaria sean más atractivas, dadas las mayores oportunidades profesionales que estos puestos pueden abrir potencialmente. SGA Security implica a todas las partes interesadas, por ejemplo, se consulta al equipo de seguridad regional de la fuerza de reserva nacional para verificar los certificados de los candidatos. Existe la convicción de que los derechos humanos empiezan en el proceso de contratación: «Es el derecho a tener la oportunidad de un medio de vida digno». Quien es seleccionado lo es por sus méritos, quien queda fuera es porque no tenía las cualificaciones requeridas. El equipo regional de RRHH y el director de RRHH, que se desplaza a la región para supervisar el proceso de contratación, mantienen un nivel mínimo de calidad. Todos los miembros del equipo directivo realizan comprobaciones periódicas antes, durante y después de la contratación.
Verificación de antecedentes: los candidatos son sometidos a una verificación de antecedentes. Esto incluye la obtención de referencias de anteriores empleadores, del equipo de seguridad regional de la fuerza de reserva, etc. También se realiza un control forense en colaboración con el Ministerio del Interior y la policía, para garantizar que no tienen antecedentes penales ni otras señales de alarma en su historial. Una vez completados los procesos internos y externos, se hace una oferta al candidato.
Formación – Junto con la formación que han recibido a través del programa JKU (9 o 6 meses de formación), los guardias realizan a continuación una formación de dos semanas. Como ya se ha mencionado, la formación en derechos humanos de ICoCA se ha incorporado a los cursos de formación y a los manuales de formación de SGA Security. Ebenezer afirma que «ICoCA ha sido un gran socio. El apoyo que hemos recibido ha moldeado completamente el equipo de gestión y nuestras operaciones. Hoy pregunte a cualquier guardia qué son los derechos humanos y le aseguro que se sorprenderá de las respuestas que obtendrá». (véase más abajo la entrevista con Edward Diswas).
Progresión profesional – SGA Security ha puesto en marcha planes de progresión profesional para los vigilantes de seguridad. Por ejemplo, a los candidatos internos se les ofrecen oportunidades para puestos más altos. El director de seguridad de GGM es un buen ejemplo de alguien cuya carrera ha progresado dentro de la empresa. Era vigilante hace sólo cinco años, cuando se incorporó a la empresa. Tras unos pocos años como vigilante, fue ascendido a un puesto directivo y ahora tiene a su cargo a unos 600 empleados.
Trabajar en un emplazamiento remoto presenta algunos retos únicos para los vigilantes, que SGA Security ha abordado de la siguiente manera:
Como el emplazamiento incluye puestos remotos, el acceso al emplazamiento es difícil – SGA Security organiza y proporciona transporte coordinado al emplazamiento.
Debido a la ubicación remota de los puestos, la comida puede ser de difícil acceso – SGA Security proporciona las comidas a medida que el personal llega al trabajo.
El pago de los salarios a veces puede resultar complicado debido a fallos en los sistemas bancarios en línea – SGA Security ha trabajado con los bancos para solucionar los problemas con el sistema de pago de salarios.
En la mayoría de los casos, el salario mínimo no es suficiente para mantener a los guardias: SGA Security paga a sus guardias por encima del salario mínimo.
En el siguiente vídeo, Ebenezer Kaale, Director de RRHH de SGA Security, nos explica cómo afronta SGA Security el establecimiento de una gran operación de seguridad en un nuevo emplazamiento remoto como GGM.
En el vídeo que figura a continuación, Dickson Webi y una de las agentes de seguridad hablan de las disposiciones de SGA Security en GGM:
La interacción entre SGA Security, el programa de policía de proximidad, la seguridad interna de GGM y la policía;
Los requisitos de contratación de SGA, que incluyen la prueba de haber completado la formación militar con JKT (9 meses de formación) o Mgambo (6 meses de formación), una educación secundaria y una edad mínima de 21 años;
Progresión profesional;
Tratamiento y formación del personal.
Dickson Webi es licenciado en ingeniería. De los 700 guardias de seguridad de SGA en GGM, 169 son licenciados universitarios. Trabajar para SGA Security, un proveedor de seguridad privada responsable que paga a su personal un salario justo, un empleo en SGA Security también presenta oportunidades profesionales reales. Como vigilante de seguridad privada en GGM, pueden ganar un sueldo mejor que el de muchas otras profesiones. En cinco años con SGA, Dickson ha pasado de ser vigilante de seguridad a dirigir un centro de 700 personas.
Dickson Webi, Director de Seguridad de la Mina de Oro de Geita, SGA Security
En el vídeo que figura a continuación, Edward Dismas, oficial de seguridad de SGA security, describe los marcos de derechos humanos en los que ha recibido formación y las repercusiones de la misma.
Entrevista con Edward Dismas, Responsable de Seguridad de la Mina de Oro de Geita, SGA Security
Recomendaciones
Contratar empresas certificadas por ICoCA. Esto demuestra la aplicación del VPSHR y garantiza una prestación de seguridad privada responsable, con una gestión comprometida y una mano de obra bien formada y tratada de forma justa, plenamente versada en derechos humanos y derecho humanitario internacional.
Contratación local. Esto ofrece oportunidades profesionales a la comunidad local, refuerza aún más las relaciones entre el cliente y la comunidad en la que opera y contribuye a la licencia social para operar.
Integrar al proveedor de seguridad privada, idealmente un miembro certificado por ICoCA, en todos los acuerdos de seguridad. Esto tiene un impacto positivo en los demás actores de la seguridad, ya que se reproducen las mejores prácticas y se transmiten los conocimientos a lo largo de la cadena.
Maximizar las responsabilidades de los proveedores de seguridad responsables, por ejemplo, permitirles llevar armas de fuego no letales, ya que pueden ser un importante elemento disuasorio que les permita evitar llamar a la policía.
3. La Policía – Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos
El papel de la policía en la GGM se reduce al mínimo, como demuestra su escaso número. Se recurre a ellos para tareas que las demás funciones de seguridad (seguridad interna, contratista de seguridad privada, policía comunitaria) no están autorizadas a llevar a cabo, sobre todo protección/escondite/transporte de lingotes de oro, arrestos, detenciones y para hacer frente a situaciones peligrosas en las que puede ser necesaria la máxima fuerza. Hay entre 40 y 80 policías asignados al emplazamiento en todo momento, dependiendo del entorno operativo. La policía reside en un campamento dentro de la concesión. El número varía en función de las necesidades de cada momento. Cuando los proveedores de seguridad privada patrullan las instalaciones, se produce una combinación de policía y seguridad privada. Se recurre a la policía en las operaciones de mayor riesgo, como donde se almacena el producto y cuando se realiza un envío de lingotes. La Policía lleva AK-47, pero la seguridad interna no está autorizada a portar estas armas de fuego. Los policías con armas letales también deben desplegarse con uno que lleve armas no letales, como balas de goma y gases lacrimógenos. De este modo, la policía puede aplicar un continuo de uso de la fuerza, escalando gradualmente su respuesta a los intrusos si es necesario, en lugar de responder inmediatamente con munición real. La policía tomaría el relevo si se produjeran incidentes de disturbios en la comunidad, pero esto no ha ocurrido en los últimos años desde que se instituyó el programa de policía de proximidad.
Todos los policías empleados en el lugar deben recibir formación sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos (VPSHR). Realizan rotaciones de dos semanas en el emplazamiento.
La policía también participa activamente en la investigación de antecedentes del personal de seguridad privada. La investigación policial incluye la determinación de cualquier antecedente penal u otras señales de alarma.
La policía también es responsable en última instancia de los agentes de la policía comunitaria, incluida su formación.
Reunión del personal de ICoCA con la policía de Geita
Recomendaciones
Reconocer las limitaciones de recursos con las que a menudo opera la policía pública y centrar su intervención en aquellas tareas que otros agentes de seguridad no están autorizados a realizar.
La policía de reserva, como última línea de defensa, debe asegurarse de que lleva armas de fuego no letales y de que, por tanto, puede hacer un uso continuado de la fuerza, utilizando siempre el mínimo necesario en cada situación.
Reconocer el papel fundamental que desempeña la policía integrándola en el dispositivo de seguridad más amplio e implicándola en la formación.
4. Policía de Proximidad: Parte Integrante de la Seguridad y las Relaciones con la Comunidad
Programa Piloto y Estructura
Revisión de las listas de candidatos seleccionados para la nueva incorporación de agentes de policía comunitaria
Entre 2015-16, se puso en marcha un proyecto piloto de policía de proximidad en 2 localidades en las que se originaba el 60-70% de las incursiones. El programa se puso en marcha por tres motivos principales:
Abordar la actividad delictiva, incluidas las incursiones en los alrededores;
Hacer frente a la delincuencia y los males sociales de la comunidad;
Ofrecer oportunidades de empleo a las comunidades circundantes;
Para hacer frente a la escasez de recursos y la falta de capacidad de la policía y para apoyar a la policía – apoyar la creación de capacidad para la aplicación de la ley local.
El proyecto piloto en la aldea de Nyakablae, una comunidad que vive dentro de la concesión con procesamiento ilegal de GBM que representaba el 60% de las incursiones ilegales en ese momento. El programa piloto se desarrolló entre 2015/16 y 2020. Este periodo de cuatro años dio tiempo suficiente para estudiar los efectos y las deficiencias del programa, y permitió al equipo iterar y probar adaptaciones del enfoque. La primera ronda de contrataciones incluyó 131 policías comunitarios, que recibieron formación de diversas partes interesadas, entre ellas la policía y los funcionarios de inmigración, ya que también hay problemas de inmigración ilegal procedente de países vecinos.
La policía de proximidad se contrata cada doce meses a través de comités de calle, con la participación de los equipos de seguridad y de responsabilidad social corporativa. Los comités de calle están formados por representantes de la comunidad elegidos democráticamente. El deber de cada comité de calle es garantizar que protegen los beneficios de GGM para la comunidad a la que representan. Cada comité de calle tiene dos subcomités: uno de desarrollo y otro de seguridad y defensa. GGM hace una contribución financiera a los comités de calle, una parte de la cual se utiliza para pagar a la «policía» comunitaria a través del comité de seguridad y defensa, y el resto se destina a financiar programas de desarrollo comunitario según lo determinado por los comités de desarrollo. Aunque un comité directivo supervisa al equipo de policía comunitaria, el cuerpo de policía tanzano mantiene el control último. La GGM ha firmado un Memorando de Entendimiento con la Policía tanzana a este respecto.
La policía comunitaria se contrata únicamente por un período de doce meses. Esta rotación anual es un elemento crucial del acuerdo. En cambio, algunas otras minas de Tanzania han adoptado un programa de policía comunitaria, en el que los policías comunitarios son contratados por periodos mucho más largos, incluso de hasta diez años. Sin embargo, esta permanencia prolongada en el puesto puede dar lugar a corrupción y connivencia, provocando tensiones dentro de la comunidad entre los que tienen trabajo y los que no. Un contrato de 12 meses claramente definido, sin expectativas de continuidad, ayuda a evitar las trampas de la captura de la comunidad y previene la exacerbación de las tensiones que pueden producirse por la protección de estos puestos tan codiciados.
Los candidatos al programa deben cumplir los siguientes criterios:
Ser residente permanente desde hace al menos cinco años;
Deben ser física y mentalmente aptos.
Deben tener más de 18 años y menos de 45 o más.
GGM imparte formación sobre los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, así como formación sobre seguridad.
Papel de la Policía Comunitaria
ICoCA Staff Meeting with Community Police & SGA Security at GGM Tailings Dam
La policía comunitaria actúa como primera línea de defensa, actuando como vigilantes en las zonas no activas de la concesión y a lo largo de los límites de la mina para vigilar y advertir a cualquiera que se adentre en la concesión o se acerque al emplazamiento activo de la mina; sin embargo, no se enfrentan activamente a los intrusos. En caso de intrusos, la policía comunitaria informa al centro de control de seguridad, que cuenta con cámaras de vídeovigilancia estratégicamente situadas a intervalos regulares en torno a la concesión y pone en marcha los equipos de respuesta necesarios. Éstos comparten información sobre el número de intrusos, la ubicación de su entrada, etc. Esta información es tratada por la seguridad interna de Geita, que tomará las medidas oportunas.
También actúan como guardianes de la reserva forestal de Geita realizando patrullas forestales, asegurándose de que no haya ninguna actividad ilegal dentro de la zona forestal. La policía comunitaria también actúa como recopiladora de información dentro de la comunidad, para ayudar a la policía a mantener la ley y el orden.
Llevan un mono verde como uniforme y utilizan equipos de protección individual (EPI) si están destinados en una zona que lo requiera. No van armados ni llevan armas. Una ventaja potencial del uso de la policía comunitaria es que es menos probable que se produzcan agresiones con intrusos procedentes de las zonas circundantes, ya que los propios policías comunitarios son también miembros de la comunidad circundante.
La policía comunitaria colabora con el proveedor de seguridad privada. En el momento de documentar este caso, el proveedor era SGA Security, una empresa certificada por ICoCA.
Impacto del Programa
Los resultados del programa piloto de policía comunitaria son claros. No sólo disminuyeron significativamente las incursiones durante la fase piloto, sino que también se redujeron los delitos en la comunidad, incluidas las violaciones y los robos. Gracias a ello, la comunidad vio los beneficios de la iniciativa y la apoyó. Desde entonces, el programa de policía de proximidad se ha extendido a 15 comunidades de los alrededores, empleando actualmente a un total de 957 personas como policías de proximidad en la concesión y sus alrededores. El mayor reto para la policía comunitaria es la enorme extensión de la zona que deben patrullar, pero reciben ayuda de las patrullas de seguridad de la SGA.
Como afirma el director de seguridad de GGM: «No puedes quitarle la seguridad a la comunidad. Necesitas que la comunidad se sienta parte del negocio… el programa de policía de proximidad ha proporcionado a GGM la licencia social para operar». La aspiración para 2030 de la división de seguridad de GGM es «integrar la seguridad en la comunidad». El programa de policía comunitaria también ofrece otras oportunidades a los miembros de la comunidad que han recibido formación. Algunos policías comunitarios son contratados por empresas de seguridad privadas, otros optan a puestos en la policía pública y otros son contratados por las autoridades locales. SGA Security, el proveedor de seguridad de GGM en el momento de redactar este informe, confirmó que dan prioridad a quienes han pasado por el programa de policía comunitaria. Como declaró el director de seguridad de GGM, «el programa de policía de proximidad permite a los niños conocer el mundo laboral, y es importante para ayudarles a forjar sus vidas. […] Cuando los miembros de la comunidad ven el impacto de la policía comunitaria en su familia, todos quieren formar parte de ella». La policía también confirmó que el programa de policía de proximidad proporciona a las personas aptitudes y una ética del trabajo que las prepara para futuras oportunidades. Los sueldos que perciben los policías comunitarios han servido a algunos de ellos, incluidas las mujeres, como capital inicial para poner en marcha sus propias empresas. Del lote inicial de 120 policías comunitarios, un año después de terminar sus misiones, 85 habían sido contratados en el sector de la seguridad privada.
El programa de policía comunitaria es una de las principales razones por las que la necesidad de recurrir a la fuerza ha disminuido significativamente, y ahora hay relativa paz y seguridad en la zona. Esto se debe en gran parte al entendimiento mutuo que se ha desarrollado entre la GGM y la comunidad circundante debido al sentido de pertenencia que ha imbuido el programa de política comunitaria.
Aspectos Mejorables
Siempre hay áreas de mejora. Uno de ellos podría ser el aumento de los salarios de los agentes de la policía comunitaria. Esto sería especialmente importante en el caso de las agentes de policía comunitaria, ya que las mujeres suelen devolver al hogar un porcentaje mayor de su salario que los hombres y utilizan sus ingresos para obtener los recursos financieros necesarios para crear pequeñas o medianas empresas. Otra área sería crear más oportunidades profesionales para los antiguos policías comunitarios, ya sea en el sector de la seguridad privada, en el cuerpo de policía, en otros puestos de la administración local o incluso dentro de la GGM.
En el vídeo siguiente, Mihinzo E Tumbo, Superintendente de Seguridad de la GGML, comparte sus ideas sobre el programa de policía comunitaria, que él dirige.
Mihinzo E Tumbo, Superintendente de Policía Comunitaria, GGML
Incorporar de forma experimental a la comunidad en los dispositivos de seguridad, dar tiempo para iterar y aprender de las lecciones antes de ampliarlos.
Potenciar las estructuras de gobernanza comunitaria existentes integrando la vigilancia comunitaria y vinculándola al desarrollo de la comunidad.
Promover la seguridad comunitaria con el doble objetivo de mejorar la seguridad de la comunidad y de la empresa.
5. Uso de la Tecnología – Seguridad Sin Fronteras
La tecnología se utiliza ampliamente en los componentes de seguridad y protección de las operaciones en GGM. En total, hay 445 cámaras de CCTV. El CCTV utiliza cámaras térmicas de alta gama con un alcance y una sensibilidad nocturna impresionantes; por ejemplo, el alcance de las torres de CCTV es de hasta 10 km. Esto reduce la carga de las patrullas, ya que las torres de CCTV se colocan a intervalos regulares en los límites del recinto para permitir la vigilancia de amplias zonas y la detección proactiva de amenazas. También se utilizan cámaras de vigilancia en todos los vehículos y se están introduciendo cámaras corporales para facilitar las investigaciones en respuesta a posibles denuncias de abusos de los derechos humanos por parte de los guardias de seguridad.
Aunque no hay frontera física, ni muro ni valla, las torres de CCTV junto con las balizas y rocas pintadas colocadas cada 500 metros en las zonas forestales y cada 200 metros en las zonas pobladas, actúan esencialmente como mojones (acordados con las comunidades), dejando claro a cualquiera que se acerque a la concesión dónde empiezan las instalaciones de la mina. En las zonas donde hay actividades de MAPE, GGM también ha introducido carreteras junto a la concesión para mostrar el límite. La colocación y el pintado de las rocas fue el resultado de un proyecto de implicación de la comunidad llevado a cabo en 2012 para concienciar y llegar a un acuerdo con la comunidad sobre los límites de la concesión. En aquel momento, AGA tomó la decisión deliberada de no construir un límite (muro/valla), ya que la dirección de la empresa creía que contribuiría a crear un sentimiento de división entre la mina y la comunidad circundante, creando una sensación de nosotros contra ellos. La ausencia de una frontera física ha contribuido a mejorar la relación y la sensación de confianza entre la comunidad y la empresa. Este proceso también ha contribuido al programa de vigilancia comunitaria, ya que la policía comunitaria puede denunciar las intrusiones registrando los incidentes . Se hace hincapié en el uso de la tecnología para mejorar la eficacia, reducir la intervención humana y, en última instancia, reducir el riesgo de colusión, que ahora es el mayor reto al que se enfrenta la mina dadas las importantes mejoras en las relaciones con la comunidad.
Recomendaciones
Aprovechar la tecnología para complementar los dispositivos de seguridad física: la vídeovigilancia y otras herramientas pueden sustituir a la necesidad de barreras.
Utilizar la tecnología de forma responsable, por ejemplo para responsabilizar a los guardias de seguridad mediante el uso de cámaras corporales.
Asegúrese de que la comunidad circundante participa y comprende cómo se despliegan las herramientas tecnológicas en el lugar.
6. RSE – Inversión en la Comunidad
Las iniciativas de RSC de GGML se esfuerzan por beneficiar a la sociedad y al medio ambiente, tal y como está arraigado en los valores de la empresa, que incluyen la transformación de las comunidades en un desarrollo sostenible autoimpulsado. El espíritu del programa de RSC es que la presencia de la mina beneficie a las comunidades circundantes.
La mina lleva ejecutando proyectos de RSC desde su creación en 2000 y ha gastado más de 100.000 millones de chelines tanzanos (unos 39 millones de dólares) en las áreas de Arte y Cultura, Desarrollo Socioeconómico, Infraestructuras, Educación, Salud, Medio Ambiente y Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas. En 2017, el gobierno de Tanzania introdujo la ley de RSC bajo la regulación de la Ley de Minería de 2010, Enmiendas Varias 2017, Sección 105. En 2023, el gobierno de Tanzania publicó además una directriz de RSC con el fin de regular las actividades de RSC en línea con la Ley de Minería. Desde 2018, la mina ha invertido más de 55 000 millones de chelines tanzanos (unos 21 millones de dólares) en el desarrollo de la comunidad.
Se han implementado más de 1300 proyectos entre 2018-2023, incluida la construcción completa y la remodelación de escuelas, la construcción de instalaciones sanitarias, proyectos de generación de ingresos, juventud, deportes y cultura, por nombrar algunos. Antes de 2018, la mina construyó y puso en marcha la Escuela Secundaria para Niñas de Nyankumbu, el Proyecto Magogo de Empoderamiento para Mujeres y Jóvenes, la renovación del hospital de referencia de Geita, la construcción de la estación de radio comunitaria y la comisaría de policía de Nyakabale y renovó la prisión de Geita. La mina también construyó el Centro de Orfanatos Moyo wa Huruma, que sigue recibiendo ayuda de la mina hasta la fecha. Un proyecto digno de mención fue también el proyecto de agua de Geita que, hasta la fecha, sigue proporcionando acceso al agua a las comunidades.
EDUCACIÓN
Escuela primaria en Katoma, distrito de Geita (con la amable autorización de AngloGold Ashanti)
Desde 2000 y como parte de la ley de RSC introducida en 2017, se han completado 1220 proyectos de infraestructuras relacionadas con la educación, tanto en escuelas primarias como secundarias. Esto incluye tejados, construcción completa de escuelas, aulas adicionales, construcción de casas para el personal, instalaciones de ablución, comedores y más. Además, se han fabricado más de 18.000 sillas y pupitres escolares y 700 dormitorios de dos pisos, que se han distribuido a las escuelas de Geita Town y Geita District Councils.
Nyankumbu Girls Secondary School (con la amable autorización de AngloGold Ashanti)
La construcción de la Escuela Secundaria Femenina de Nyankumbu sigue siendo uno de los proyectos clave de Geita. La escuela se construyó y se puso en marcha en 2014, y hasta la fecha se han llevado a cabo diversas actividades de apoyo y mejora que han costado 15.000 millones de chelines chinos (unos 5 millones de dólares). Las actividades de construcción incluyeron 21 aulas, modernas viviendas residenciales para 38 familias, una sala polivalente, nueve dormitorios, tres laboratorios y equipos asociados, un laboratorio de informática, un edificio de economía doméstica, una biblioteca, seis campos deportivos y tres bloques de abluciones. La escuela cuenta con 1100 alumnos matriculados y se ha convertido en una escuela de prestigio en la ciudad de Geita debido a su buen ambiente de aprendizaje y rendimiento.
SALUD
Nyamalembo dispensary covering the OPD building, staff house and ablution facilities (by kind permission AngloGold Ashanti)
Para promover y apoyar el acceso a una atención sanitaria de calidad, se han ejecutado más de 150 proyectos relacionados con la salud. Entre ellos se incluyen la renovación de instalaciones sanitarias, la construcción de dispensarios y edificios OPD, el techado y la finalización de proyectos iniciados por esfuerzos comunitarios, casas para el personal, instalaciones de atención a la salud reproductiva infantil, pabellones para pacientes, así como la compra de equipamiento médico para las distintas instalaciones sanitarias. También se prestó ayuda para la compra de ambulancias y el apoyo a las personas que viven con enfermedades transmisibles.
DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRICULTURA
Almacén de arroz de Saragurwa (por gentileza de AngloGold Ashanti)
GGML ha puesto en marcha varios proyectos generadores de ingresos para promover el desarrollo económico y medios de vida alternativos. La mina puso en marcha el proyecto de cultivo de arroz en la aldea de Saragulwa y construyó fábricas de producción de aceite de girasol en Kasota, Bulela y Bunegezi y distribuyó semillas de girasol a 7.000 agricultores (de los cuales 1967 son mujeres). Se inició la construcción de los armazones del mercado principal de Geita, que actúa como centro económico, y se completaron las dos primeras de las tres fases.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PÚBLICAS
Carretera asfaltada del cuartel de Sirro (con la amable autorización de AngloGold Ashanti)
En los últimos años, GGML ha contribuido a la construcción y renovación de infraestructuras viarias públicas que permiten mejorar el transporte de personas, la accesibilidad y, en última instancia, el crecimiento económico. Este apoyo se materializó en la construcción de carreteras asfaltadas (cuarteles de Sirro, mercado de Katundu y carreteras asfaltadas de la Oficina Regional) y en la instalación de farolas alimentadas por energía solar en la ciudad de Geita. La mina también completó la construcción de las alcantarillas de Nyawilimilwa y Nyakaduha, junto con el acondicionamiento de la carretera Geita Bukoli y el inicio de la construcción de una carretera asfaltada que conecta con la carretera principal Geita-Mwanza. También se mejoró la carretera de acceso a la subasta de ganado de Katoro y se construyó el puente de Nyakabale para facilitar la movilidad y el acceso de la comunidad.
7. Cultura Corporativa – Alineación Basada en Valores
AGA es una empresa basada en valores, cuyo primer valor es el respeto por la seguridad, que exige el máximo respeto por los derechos humanos y la colaboración entre todas las partes interesadas.
AngloGold Ashanti Values – con la amable autorización de AngloGold Ashanti
AGA tiene cinco áreas estratégicas clave, la primera de las cuales es dar prioridad a las personas, la salud, la seguridad y la sostenibilidad. Según AGA, «esta área es la base de nuestro negocio y estrategia, garantizando la alineación entre nuestros valores y responsabilidades de ciudadanía corporativa, por un lado, y el crecimiento a largo plazo, la sostenibilidad y la rentabilidad del negocio, por otro». Los valores de AGA y su priorización estratégica de las personas, la salud, la seguridad y la sostenibilidad son evidentes en los tablones de anuncios de todo el centro y en las conversaciones con el personal.
Un tablón de anuncios en las oficinas de la GGM
El modelo empresarial que AGA ha desarrollado para ejecutar su plan estratégico incluye seis áreas focales. Tres de ellos están estrechamente relacionados con los valores de AGA y se ponen de manifiesto en el dispositivo de seguridad integrada de GGM. Esta cultura corporativa también es evidente en la selección del proveedor de seguridad privada, SGA Security. Como empresa certificada por ICoCA, SGA Security no es el proveedor de seguridad más barato que GGM podría haber elegido. Sin embargo, GGM ha tomado la decisión de invertir en un proveedor de seguridad que tiene los mismos valores que la empresa, como pagar un salario justo, investigar y formar adecuadamente a su personal, respetar los derechos humanos y proporcionar un entorno de trabajo profesional que ofrezca oportunidades de progresión. SGA Security paga por encima del salario mínimo, un puesto de trabajo en la empresa en GGM es un puesto codiciado. Lo que SGA Security y AGA entienden claramente es que un guardia de seguridad feliz y sano, pagado con un salario justo y respetado por el empleador y su cliente, tiene muchas menos probabilidades de confabularse con miembros de la comunidad o empleados de la mina para robar bienes de la empresa. El riesgo de perder el trabajo es demasiado alto.
GGM y SGA Security invierten en capital humano contratando y promocionando a personas muy capaces de la comunidad de Geita. Esto se extiende al programa de policía de proximidad. Al ofrecer buenas oportunidades profesionales a través de estas vías, esta inversión se traduce en capital social. El programa de policía de proximidad es un buen ejemplo de ello. Al integrar a la comunidad en el aparato de seguridad, la GGM ha ido más allá de la creación de confianza con la comunidad, integrando a la comunidad en el propio modelo de negocio. Al participar en marcos internacionales como VPSHR e ICoCA, GGM ha integrado sólidos marcos de gobernanza y sistemas de gestión, incluidos sistemas de gestión de riesgos, por ejemplo seleccionando una empresa de seguridad privada certificada por ICoCA, como SGA security, que ha obtenido múltiples normas ISO, incluida la ISO 18788. El uso inteligente de la tecnología en todo el dispositivo de seguridad también está optimizando la eficiencia en el emplazamiento, permitiendo una respuesta rápida y evitando situaciones complejas que pueden agravarse.
Elementos clave del modelo de negocio de AGA – con la amable autorización de AngloGold Ashanti
Recomendaciones
Alinear los valores de la empresa con el respeto de los derechos humanos y la seguridad responsable.
Alinear todos los elementos del aparato de seguridad con los valores de la empresa.
Seleccione un proveedor de seguridad privada que esté alineado con los valores de la empresa.
Conclusión
El innovador e integrado acuerdo de seguridad de GGM es un modelo instructivo del que podrían aprender otras explotaciones mineras, así como otras explotaciones relacionadas con el acceso a la tierra y a los recursos en general. Aunque ICoCA no sugiere un enfoque único para resolver problemas de seguridad arraigados o establecer nuevas operaciones de seguridad, el modelo de Geita contiene características que podrían transferirse eficazmente a otros contextos. Los elementos clave, sin ningún orden en particular, incluyen
un enfoque basado en valores, dirigido desde arriba, que tiene como núcleo el respeto de los derechos humanos, y que se extiende por toda la empresa y sus cadenas de valor;
aplicación demostrada de este enfoque en la contratación de proveedores de seguridad privada responsables que sean miembros de ICoCA;
construir una empresa que implique y beneficie a la comunidad en su núcleo, no sólo a través de inversiones en programas significativos de RSC, sino integrando a la comunidad en su aparato de seguridad más amplio;
tener un enfoque de seguridad de varios niveles, que ofrezca acciones y actores alternativos para la escalada, incluso a lo largo del continuo del uso de la fuerza, muchos de los cuales pueden estar directamente influenciados por la cultura corporativa de la empresa, incluido el respeto de los derechos humanos, evitando así una dependencia excesiva de la seguridad pública, que puede no estar tan inclinada o tan experimentada en el despliegue de habilidades blandas o el uso mínimo de la fuerza cuando se trata de intrusos.
La voluntad de probar enfoques poco ortodoxos, desechando el manual de seguridad tradicional, que rechaza la seguridad como una tarea discreta y limitada, y la sustituye por una que está integrada en las operaciones de la empresa en su conjunto y que incluye a la comunidad circundante en general.
La instalación de Abu Ghraib es un gran complejo penitenciario ubicado en Bagdad, Irak. Durante el régimen de Saddam Hussein, fue tristemente célebre por la detención y tortura de prisioneros políticos. En 2003, tras la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados, el ejército estadounidense reabrió la prisión. Ese mismo año, la agencia Associated Press publicó el primer informe periodístico que se centraba en el maltrato de detenidos bajo control estadounidense en las instalaciones de Abu Ghraib. Para el año 2004, surgieron imágenes de abuso y tortura en dicha prisión, difundidas a través del programa “60 Minutes 2” de CBS, lo que provocó un escándalo para la administración del entonces presidente George W. Bush.
Un informe de la investigación interna del ejército estadounidense, llevado a cabo en 2004 bajo el mando del general Antonio Taguba, detalló las impactantes prácticas que se seguían en la prisión. Una imagen espeluznante que rápidamente se volvió pública mostraba a especialistas del ejército de EE. UU. levantando el pulgar y posando junto al cadáver de Manadel al-Jamadi, quien fue claramente torturado y murió por asfixia.
CACI International Inc. fue una empresa contratista de defensa contratada por Estados Unidos para proporcionar servicios de interrogatorio en Abu Ghraib. La empresa L-3 Services (anteriormente conocida como Titan Corporation) fue la encargada de los servicios de traducción. Ambas compañías fueron contratadas porque el ejército estadounidense no contaba con suficientes interrogadores capacitados para operar completamente las instalaciones de Abu Ghraib. Los empleados y directivos de CACI han sido acusados de dirigir y/o alentar actos de tortura y de encubrirlos.
En 2008, cuatro demandantes que estuvieron anteriormente detenidos en Abu Ghraib presentaron una demanda contra estas empresas contratistas de defensa por su complicidad en actos de tortura. En noviembre de 2024, un jurado estadounidense declaró a CACI responsable del abuso cometido contra los prisioneros.
Los Incidentes
Los detenidos fueron sometidos a abusos físicos y sexuales, tortura con descargas eléctricas y simulacros de ejecución. El informe de Taguba incluye incidentes de violación, toma de fotografías y grabaciones en video de detenidos desnudos, tanto hombres como mujeres, el uso de fuerza extrema contra ellos, entre otros. La tortura no se limitó solo al daño físico, sino que también fue emocional y psicológica. Por ejemplo, en un incidente, un prisionero fue obligado a agradecerle a Jesús por su vida. Según uno de los demandantes en la demanda presentada en 2008, fue sometido a descargas eléctricas, privación de alimentos, mantenido desnudo, entre otros abusos. Otro demandante relató que fue obligado a participar en actos sexuales y a presenciar la violación de otra prisionera. Otros incidentes incluyeron privación sensorial, confinamiento en solitario, agresiones físicas, ser forzados a mantener posturas de estrés durante largos periodos de tiempo, golpes en los genitales, entre otros.
Aspectos Legales
Casos Judiciales
El 9 de junio de 2004, un grupo de 256 iraquíes, exdetenidos en las instalaciones de Abu Ghraib, presentó una demanda contra CACI y L-3 Services. Las empresas demandadas argumentaron que el asunto planteado constituía una cuestión política y, por lo tanto, no podía ser resuelta por los tribunales. También alegaron inmunidad por ser contratistas del gobierno. Sin embargo, en junio de 2006, el tribunal rechazó la moción de las empresas para desestimar la demanda. En septiembre de 2009, los tribunales fallaron a favor de las empresas demandadas. Aunque los demandantes presentaron una solicitud de apelación en abril de 2010, en junio de 2011 la Corte Suprema de EE. UU. anunció que no escucharía la apelación del caso.
El 30 de junio de 2008, otros cuatro demandantes presentaron una demanda separada contra CACI International Inc. por haber dirigido su tortura en la prisión de Abu Ghraib. La demanda no alega que los empleados de CACI hayan llevado a cabo directamente los abusos, sino que instruyeron a los soldados para que “ablandaran” a los detenidos, con el fin de que revelaran información más fácilmente, a pesar de que CACI sabía que este “ablandamiento” llevaría a actos de tortura. Además de CACI, la demanda también fue presentada contra L-3 Services Incorporated y contra un ex empleado de CACI, Timothy Dugan.
Los demandantes son civiles iraquíes que fueron detenidos en la prisión de Abu Ghraib y posteriormente liberados sin que se les imputara ningún delito. La demanda fue presentada en su nombre por el Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights). El caso fue interpuesto bajo la Ley de Agravios contra Extranjeros de 1789 (Alien Tort Statute o ATS), una ley estadounidense que permite emprender acciones legales por presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho estadounidense e internacional, incluyendo tortura, agresión, agresión sexual y física, contratación y supervisión negligente, entre otras.
CACI ha calificado la demanda como infundada. Desde que se presentó el caso en 2008, CACI ha intentado en 18 ocasiones que se desestime. Tanto L-3 Services como Timothy Dugan fueron retirados como demandados del caso en 2008. En 2019, CACI apeló una decisión de un tribunal inferior que favorecía a los demandantes. En junio de 2021, los jueces de la Corte Suprema de EE. UU. se negaron a escuchar la apelación de CACI, acercando a la empresa un paso más a enfrentar una demanda por parte de los demandantes.
Un nuevo juicio para esta demanda fue programado para comenzar en abril de 2024 en el Tribunal del Distrito Este de Virginia. En noviembre de 2024, más de dos décadas después de los hechos, un jurado otorgó 42 millones de dólares a tres exdetenidos de Abu Ghraib, tras declarar a CACI responsable de colaborar con la policía militar para perpetrar abusos contra los prisioneros.
El Código Internacional de Conducta
El Código Internacional de Conducta requiere que el personal de las empresas miembros y afiliadas tomen todas las medidas razonables para evitar el uso de la fuerza, y si se utiliza, debe ser proporcional a la amenaza y apropiada a la situación. (Reglas para el uso de la fuerza: párrafo 29, Uso de la fuerza: párrafos 30-32)
Además, el personal de seguridad solo podrá arrestar a personas para defenderse a sí mismos o a otros de una amenaza inminente de violencia después de un ataque o crimen contra el personal de la empresa, clientes o bienes bajo su protección. El arresto y la detención deben ser consistentes con las leyes internacionales y nacionales, y todas las personas arrestadas y detenidas deben ser tratadas humanamente y de acuerdo con su estatus y las protecciones que les otorgan las leyes de derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicables. (Detención: párrafo 33)
Bajo el Código Internacional de Conducta, las empresas no pueden permitir que su personal participe en o se beneficie de la explotación sexual, el abuso o la violencia o crímenes basados en género. Las empresas de seguridad deben exigir que su personal permanezca vigilante ante todos los casos de violencia sexual o basada en género, y reporten estos casos a las autoridades competentes. (Explotación sexual y abuso (SEA) o violencia basada en género (GBV): párrafo 38)
Además, el Código Internacional de Conducta requiere una selección y evaluación estricta del personal, una evaluación de su desempeño y funciones, y la capacitación del personal en el Código y en las leyes internacionales relevantes, incluyendo los derechos humanos y el derecho penal internacional.
Cumplir con los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privado esté calificado, capacitado, respaldado, informado y sea responsable.
En 2004, en un intento por revertir los daños, el Departamento de Justicia declaró que reescribiría su asesoría legal sobre cómo deben llevarse a cabo los interrogatorios. Ese mismo año, la CIA también afirmó que suspendería el uso de técnicas de interrogatorio en centros de detención hasta que se estableciera una norma sobre lo que era permisible. En 2009, la tortura fue prohibida bajo la administración de Obama. También se creó un nuevo marco legal para que los responsables pudieran ser procesados, independientemente de su condición como empleados del gobierno o contratistas militares. En 2006, la prisión fue entregada a las autoridades iraquíes y en 2014 fue cerrada.
Un acuerdo limitado fue proporcionado por la empresa de seguridad privada responsable de ofrecer servicios de traducción a algunos de los sobrevivientes del abuso en las instalaciones de Abu Ghraib. Aunque 11 soldados fueron condenados por sus acciones, el ejército de EE. UU. no ha pagado ninguna compensación a ninguno de los detenidos.
CACI sigue siendo contratista de defensa del gobierno estadounidense, y recientemente obtuvo un contrato por un valor de 382 millones de dólares en 2024.
Debate
¿Una mejor formación de los empleados de CACI en derecho internacional y legislación sobre derechos humanos habría tenido alguna repercusión en la mitigación de los abusos y torturas de Abu Ghraib?
A finales del año 2000, el gobierno brasileño incentivó el desarrollo del aceite de palma en la región de Pará, Brasil. Esto resultó en un auge del aceite de palma, que se utiliza principalmente en las industrias de alimentos y biocombustibles. Sin embargo, las tierras que las empresas productoras de aceite de palma comenzaron a ocupar, tradicionalmente eran utilizadas por las comunidades indígenas, que han vivido allí durante siglos. Esto resultó en un choque entre las comunidades indígenas locales y las empresas productoras de aceite de palma, y desde entonces se ha denominado como la «Guerra del Aceite de Palma Amazónico».
En 2020, la empresa Brasil BioFuels (BBF) adquirió Biopalma y se convirtió en el mayor productor de aceite de palma en América Latina. Esta adquisición por parte de BBF, según se informa, resultó en una escalada de violencia entre la empresa y las comunidades indígenas. Se alega que BBF no honró los acuerdos previos entre Biopalma y las comunidades indígenas.
BBF y estas comunidades han estado enfrentándose por una zona disputada en la región de Acará. La empresa ha sido acusada de apropiación ilegal de tierras, contaminación del agua y otros crímenes ambientales. Se alega que los pesticidas utilizados por BBF contaminaban el agua utilizada por los Tembé y otros grupos indígenas. Además, la empresa ha sido acusada de llevar a cabo campañas violentas para silenciar a las comunidades indígenas, que afirman estar defendiendo sus tierras ancestrales.
Según BBF, la empresa es la víctima y acusa a las comunidades indígenas de atacar a sus empleados y guardias de seguridad. Niega haber causado daño físico a los miembros de la comunidad indígena y ha declarado que su personal de seguridad ha sido instruido para actuar de manera pacífica, respetuosa y conforme a la legislación vigente. Desde 2021, BBF ha presentado más de 650 denuncias policiales contra los miembros de las comunidades indígenas. Los miembros de la comunidad han negado estas acusaciones.
El 14 de mayo de 2023, un destacado líder indígena fue asesinado a tiros, lo que avivó aún más el conflicto en la región. Este suceso también resultó en la creación de un Comité de Crisis para investigar el crimen.
Los Incidentes
Según informes, el 4 de agosto de 2023, Kauã Tembé, un joven de 19 años miembro de la comunidad indígena Tembé, fue supuestamente disparado en la ingle por guardias de seguridad “fuertemente armados” de BBF y la policía militar, un incidente que los líderes de la comunidad describieron como una “acción arbitraria”. El 7 de agosto, otras tres personas indígenas fueron supuestamente disparadas por los guardias de seguridad mientras los indígenas protestaban frente a la sede de BBF por lo sucedido con Kauã Tembé. Una persona indígena, Dayane Tembé, también fue supuestamente disparada en el cuello por los guardias de seguridad mientras filmaba sus acciones contra los indígenas desde dentro de su vehículo. En total, cinco miembros de la comunidad indígena fueron reportados como heridos por los guardias de seguridad privados de BBF entre el 4 y el 7 de agosto de 2023.
BBF ha declarado que la escalada del conflicto comenzó el 3 de agosto, cuando un batallón especializado de la policía militar fue a desalojar a los invasores armados que estaban amenazando y agrediendo a los trabajadores de la empresa. La compañía reiteró que la tierra no está demarcada como territorio indígena y que los miembros de la comunidad indígena estaban invadiendo la propiedad privada de la empresa. El equipo de seguridad privado de la empresa logró contener la acción criminal de los invasores y estaba salvaguardando las vidas de los trabajadores que se encontraban en el lugar. También declaró que había tomado las medidas legales apropiadas ante el poder judicial y ha solicitado apoyo de las agencias de seguridad estatal.
Aspectos Legales
Casos Judiciales
El 8 de agosto de 2023, el Departamento Estatal de Seguridad Pública y Defensa Social (Segup) de Pará informó que el guardia de seguridad responsable del disparo a Kauã Tembé había sido detenido.
La Fiscalía Federal (MPF) ha declarado que ha iniciado una investigación sobre las actividades de las empresas de seguridad privada y las milicias armadas en la región, y los posibles delitos e irregularidades cometidos por estas empresas. El MPF tiene al menos tres investigaciones abiertas sobre BBF por sus supuestos delitos, incluidos daños ambientales y el uso de guardias de seguridad privados contra las comunidades indígenas.
En una declaración realizada a la policía por uno de los guardias de seguridad subcontratados de BBF, los guardias alegaron que la empresa les pidió crear narrativas falsas sobre robos y otros crímenes e intentar incriminar a los miembros de la comunidad indígena.
El Código Internacional de Conducta
El Código Internacional de Conducta requiere que el personal de las empresas miembros y afiliadas tomen todas las medidas razonables para evitar el uso de la fuerza, y si se utiliza, debe ser proporcional a la amenaza y apropiada a la situación. (Reglas para el uso de la fuerza: párrafo 29, Uso de la fuerza: párrafos 30-32)
Además, el personal de seguridad solo podrá arrestar a personas para defenderse a sí mismos o a otros de una amenaza inminente de violencia después de un ataque o crimen contra el personal de la empresa, clientes o bienes bajo su protección. El arresto y la detención deben ser consistentes con las leyes internacionales y nacionales, y todas las personas arrestadas y detenidas deben ser tratadas humanamente y de acuerdo con su estatus y las protecciones que les otorgan las leyes de derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicables. (Detención: párrafo 33)
El Código requiere una selección y verificación rigurosa del personal, evaluación del desempeño y de las responsabilidades (párrafos 45 a 49), y capacitación del personal sobre el Código y la legislación internacional relevante, incluyendo los derechos humanos y el derecho penal internacional (párrafo 55). Cumplir con los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada esté calificado, capacitado, apoyado, informado y sea responsable.
Grandes marcas internacionales como Kellogg, Ferrero, Hershey’s, Nestlé, PepsiCo, Unilever y otras siguen comprando aceite de palma a BBF a pesar del conflicto en curso en esta región.
Debate
¿Qué impacto pueden tener los clientes para reducir la violencia en esta región entre los miembros de la comunidad indígena y los guardias de seguridad de BBF?
¿Cómo se puede prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias de seguridad en contextos frágiles como este, donde hay un conflicto entre las comunidades locales y grandes empresas como BBF?
La finca de piñas de Del Monte en Kenia es el «mayor exportador de productos agrícolas de Kenia al mundo». Casi todas las piñas producidas en la finca de Del Monte en Kenia se exportan al extranjero, principalmente a supermercados británicos como Tesco, Waitrose, Asda y Sainsbury. En contraste, las aldeas locales que rodean la finca viven en pobreza, lo que genera una demanda en el mercado negro de la fruta. Algunos aldeanos, especialmente los jóvenes, están acusados de ingresar ilegalmente a las tierras de Del Monte para robar las piñas. Presuntamente, estos jóvenes a menudo asaltaban las fincas en motocicletas, lo que llevaba a enfrentamientos entre los guardias y los aldeanos debido a las piñas robadas, con un guardia de seguridad perdiendo un ojo a causa de una piedra lanzada por un ladrón. Las acusaciones sugieren que los guardias, a su vez, han estado utilizando fuerza excesiva al tratar con los aldeanos.
Esta finca de Del Monte emplea a 273 guardias de seguridad. Los guardias están armados con palos de madera llamados “rungus”. Los informes sugieren que los guardias han estado agrediendo a los aldeanos con los rungus, lo que ha causado traumatismos contundentes, llevando a la muerte en algunos casos. Las denuncias hechas a la policía generalmente no tienen seguimiento, ya que la policía presuntamente hace la vista gorda ante la violencia. Se dice que estos guardias de seguridad han sido acusados de cinco muertes en la última década, pero no ha habido condenas.
Los Incidentes
El bufete de abogados Leigh Day ha detallado más de 146 incidentes alegados en su carta a Del Monte. La investigación conjunta de The Guardian y The Bureau of Investigative Journalism también descubrió denuncias de los aldeanos, incluyendo relatos de testigos presenciales. También investigaron cuatro muertes vinculadas a los guardias de seguridad de Del Monte. Los incidentes de violencia incluyen los guardias que supuestamente atacaron a los pasajeros de un minibús que viajaba a través de la plantación en septiembre de 2021. El autobús se había averiado en las carreteras públicas dentro de la plantación y los pasajeros fueron golpeados con rungus.
En diciembre de 2022, John Rui Karia fue supuestamente atacado mientras dormía junto al camino cerca de la finca. Según los informes, aunque los guardias lo golpearon severamente, se le negó atención médica y falleció después de una semana en prisión. El informe del patólogo reveló que sufrió una serie de lesiones, incluyendo «contusiones múltiples en el abdomen, los pulmones y el cerebro, y lesiones defensivas en los antebrazos».
En julio de 2023, los guardias de Del Monte fueron nuevamente acusados de atropellar y lesionar gravemente a dos adolescentes por un supuesto robo. Otras acusaciones incluyen muertes por estrangulamiento, traumatismo contuso, ahogamiento y más. Las víctimas a menudo presentaban signos de agresión y violencia. Hay informes de lesiones graves y golpizas, así como cinco denuncias de violación.
Aspectos Legales
Casos Judiciales
Aunque cinco exguardias de Del Monte fueron despedidos por su participación en la muerte de uno de los locales en 2019, su juicio aún no ha tenido lugar. Por otro lado, algunos de los hombres locales que fueron encontrados culpables de robar piñas han recibido largas sentencias de prisión, con algunos incluso condenados a muerte.
La Comisión de Derechos Humanos de Kenia ha lanzado una investigación sobre estas alegaciones. Ha solicitado a Del Monte que tome medidas inmediatas y asegure una reparación efectiva, y ha pedido a las agencias estatales que «aceleren y realicen investigaciones estructuradas». También ha solicitado a Del Monte que implemente medidas para prevenir incidentes similares en el futuro.
El Código Internacional de Conducta
El Código Internacional de Conducta requiere que el personal de las empresas miembros y afiliadas tomen todas las medidas razonables para evitar el uso de la fuerza, y si se utiliza, debe ser proporcional a la amenaza y apropiada a la situación. (Reglas para el uso de la fuerza: párrafo 29, Uso de la fuerza: párrafos 30-32)
Además, el personal de seguridad solo podrá arrestar a personas para defenderse a sí mismos o a otros de una amenaza inminente de violencia después de un ataque o crimen contra el personal de la empresa, clientes o bienes bajo su protección. El arresto y la detención deben ser consistentes con las leyes internacionales y nacionales, y todas las personas arrestadas y detenidas deben ser tratadas humanamente y de acuerdo con su estatus y las protecciones que les otorgan las leyes de derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicables. (Detención: párrafo 33)
Bajo el Código Internacional de Conducta, las empresas no pueden permitir que su personal participe o se beneficie de la explotación sexual, abuso o violencia de género o crímenes relacionados. Las empresas de seguridad deben exigir a su personal que se mantenga vigilante ante cualquier instancia de violencia sexual o de género, y que reporte estos casos a las autoridades competentes. (Explotación Sexual y Abuso (SEA) o Violencia de Género (GBV): párrafo 38)
El Código requiere una selección y verificación rigurosa del personal, evaluación del desempeño y de las responsabilidades (párrafos 45 a 49), y capacitación del personal sobre el Código y la legislación internacional relevante, incluyendo los derechos humanos y el derecho penal internacional (párrafo 55). Cumplir con los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada esté calificado, capacitado, apoyado, informado y sea responsable.
En 2019, después de que uno de los locales fuera presuntamente golpeado hasta la muerte por los guardias de seguridad en la finca, Del Monte mejoró sus prácticas de seguridad. La empresa actualizó la comunicación por radio, entrenó a los guardias sobre nuevas reglas formales de actuación y mejoró los procesos formales en torno a las denuncias de violencia. Sin embargo, cinco de las muertes presuntamente causadas por los guardias de seguridad ocurrieron después de 2019.
Del Monte ha declarado que toma estas acusaciones con seriedad y ha lanzado una «investigación completa y urgente» sobre ellas. Empresas como Tesco han suspendido sus pedidos de Del Monte provenientes de esta finca hasta que se completen las investigaciones. Waitrose también reiteró que todos sus proveedores deben cumplir con «estrictos estándares éticos».
Debate
¿Cómo pueden las empresas proceder para recuperar la confianza de la comunidad local después de incidentes violentos?
¿Cómo deberían los guardias de seguridad de Del Monte haber tratado a las personas que acusan de estar invadiendo la propiedad? ¿Qué tipo de medidas habrían hecho a los guardias más capacitados para lidiar con esta situación?
¿Cómo pueden los clientes y las empresas de seguridad privada prevenir el abuso sexual y el uso de la fuerza contra los vulnerables aldeanos locales?
La mina Williamson es una de las operaciones mineras más antiguas en funcionamiento continuo del mundo, iniciada en la década de 1940 bajo el dominio colonial británico. Petra Diamonds posee la mina a través de una participación del 75% en la empresa operadora local, mientras que el gobierno de Tanzania mantiene el 25% restante.
La mina Williamson está ubicada en una zona rural del distrito de Kishapu, en la región de Shinyanga, al norte de Tanzania. En las once comunidades vecinas a la mina, se estima una población de poco más de 30,000 residentes.
La minería de diamantes a pequeña escala (artesanal) en la región de Shinyanga se ha practicado al menos desde principios del siglo XX. Algunos residentes locales buscan complementar sus ingresos buscando diamantes en las minas cercanas. Un informe del Banco Mundial de 2009 concluyó que, para la «gran mayoría» de los residentes locales que practican la minería artesanal alrededor de la mina Williamson, esta actividad representa «un mecanismo de supervivencia impulsado por la pobreza, asumido debido a la falta de opciones viables de sustento».
Un estudio de 2011 encargado por el Ministerio de Energía y Minerales de Tanzania encontró que el 86% de las oportunidades laborales para tanzanos en la mina Williamson no eran ocupadas por personas locales, y que dichos empleos solían ser temporales y de carácter informal.
En general, la riqueza mineral de la región la ha convertido en un objetivo para operaciones mineras ilegales. En respuesta, Petra Diamonds ha afirmado que el control de la mina y sus diamantes es “innegociable – y emplearemos todos los medios necesarios – abiertos y encubiertos – para proteger nuestros diamantes del robo o la pérdida”.
La mina Williamson emplea a una empresa de seguridad privada tanzana, Zenith Security Services, para proteger el sitio. El personal de seguridad está equipado con armas de fuego, gas lacrimógeno, bastones y otras armas.
Los Incidentes
En noviembre de 2020, una ONG con sede en el Reino Unido, RAID, informó sobre varias presuntas violaciones a los derechos humanos en la mina de diamantes Williamson, propiedad de Petra Diamonds. Basándose en una investigación de campo en la mina, RAID encontró pruebas de que, desde que Petra Diamonds adquirió la mina, supuestamente se produjeron siete asesinatos, cuarenta y una agresiones, detenciones e internamientos en condiciones deficientes, privación de alimentos y atención médica, así como palizas.
En algunos incidentes, las agresiones parecían constituir actos de tortura y/o trato inhumano y degradante. Algunas personas denunciaron haber sufrido palizas severas, con dolor infligido intencionadamente. También denunciaron la negación deliberada de alimentos, agua y atención médica, así como la prohibición de moverse, e incluso haber sido esposadas a camas en el centro médico.
Tras el informe original, investigaciones adicionales de RAID revelaron que los guardias de seguridad supuestamente reemplazaban las balas de goma por proyectiles metálicos en sus armas para intimidar a los intrusos, lo que aumentaba el riesgo de lesiones graves o muerte.
Los guardias de Zenith fueron presuntamente implicados directamente en casi todos los asesinatos y abusos documentados; estos guardias son fácilmente identificables por sus uniformes y armas. RAID encontró solo dos casos en los que los guardias de seguridad fueron acusados o condenados por las autoridades por abusos contra los derechos humanos. Un guardia fue condenado a seis meses de libertad condicional por presuntamente disparar a dos residentes locales detenidos en el sitio de la mina, y otro fue presuntamente condenado a dos años de prisión por matar a un residente local.
Algunos detenidos heridos fueron llevados al Hospital Williamson Diamonds, el centro médico propiedad de la mina y operado por esta. Las personas entrevistadas describieron al personal del hospital como indiferente y/o brindando una atención deficiente a quienes eran llevados por el personal de seguridad.
Aspectos Legales
Casos Judiciales
In May 2020, 32 Tanzanian nationals brought a lawsuit to the London High Court. The number of claimants expanded to 72 in November 2020. Ten of the claims were brought by families of those who are alleged to have been killed at the Williamson Mine. The claimants alleged breaches of human rights, personal injuries, and deaths arising from the mine’s security operations.
El Código Internacional de Conducta
El Código Internacional de Conducta requiere que el personal de las empresas miembros y afiliadas tomen todas las medidas razonables para evitar el uso de la fuerza, y si se utiliza, debe ser proporcional a la amenaza y apropiada a la situación. (Reglas para el uso de la fuerza: párrafo 29, Uso de la fuerza: párrafos 30-32)
Además, el personal de seguridad solo podrá arrestar a personas para defenderse a sí mismos o a otros de una amenaza inminente de violencia después de un ataque o crimen contra el personal de la empresa, clientes o bienes bajo su protección. El arresto y la detención deben ser consistentes con las leyes internacionales y nacionales, y todas las personas arrestadas y detenidas deben ser tratadas humanamente y de acuerdo con su estatus y las protecciones que les otorgan las leyes de derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicables. (Detención: párrafo 33)
El Código requiere una selección y verificación rigurosa del personal, evaluación del desempeño y de las responsabilidades (párrafos 45 a 49), y capacitación del personal sobre el Código y la legislación internacional relevante, incluyendo los derechos humanos y el derecho penal internacional (párrafo 55). Cumplir con los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada esté calificado, capacitado, apoyado, informado y sea responsable.
Cumplir con los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada esté calificado, capacitado, respaldado, informado y sea responsable.
Impacto
Relaciones Públicas
Después de que Petra Diamonds llegó a un acuerdo con los demandantes nacionales tanzanos, la empresa emitió un comunicado de prensa al mercado. Petra Diamonds declaró que había “actuado de manera decisiva para responsabilizar a los individuos” y que se habían tomado medidas disciplinarias, con varios empleados que habían dejado (o dejarían) la empresa. Petra Diamonds también informó que había contratado a una nueva empresa de seguridad y cerrado la instalación de detención en el sitio.
Petra Diamonds reconoció además que “han ocurrido incidentes en el pasado que lamentablemente resultaron en la pérdida de vidas, lesiones y maltrato a excavadores ilegales.”
Acuerdos y Multas
En mayo de 2021, Petra Diamonds alcanzó un acuerdo, sin admitir responsabilidad alguna, con los 71 demandantes anónimos. Petra Diamonds aceptó pagar 4.3 millones de libras esterlinas (6 millones de dólares) como parte del acuerdo.
El acuerdo también incluyó el establecimiento de un “mecanismo operativo de quejas” para monitorear abusos a los derechos humanos en la mina Williamson, así como la participación de Petra Diamonds en proyectos comunitarios durante tres años.
Los proyectos comunitarios incluyeron mejoras en el apoyo médico comunitario, acceso a la concesión para recolectar leña y criar ganado, y una campaña contra la violencia de género para brindar apoyo y asesoramiento a las víctimas.
Como parte del acuerdo, las partes también acordaron un marco sustantivo para la evaluación de veinticinco reclamaciones adicionales.
Las empresas también acordaron implementar una política contra el acoso y la victimización para proteger a las víctimas y a los defensores de derechos humanos contra futuros daños o intimidaciones.
Debate
¿Cómo pueden las empresas de seguridad privada y su personal evitar conflictos con los mineros artesanales que podrían ingresar a las tierras de un cliente minero?
¿Cuáles son los desafíos para prevenir el trato cruel e inhumano en centros de detención y médicos propiedad de los clientes, y cómo pueden abordarse estos desafíos?
En 1888, Brasil fue el último país del hemisferio occidental en abolir la esclavitud. En el momento de la abolición, la población de Brasil era mayoritariamente negra o mestiza hasta la década de 1930, cuando una afluencia de inmigrantes europeos llegó a Brasil en busca de mano de obra. Durante esta época, se utilizaron métodos pseudocientíficos antinegros para «demostrar» científicamente la superioridad biológica blanca. Estas teorías (claramente falsas) fueron ampliamente refutadas a mediados del siglo XX, pero se siguieron utilizando para propagar el racismo en las políticas sociales y políticas.
Hoy en día, estas políticas abiertamente racistas ya no existen, y la mayoría de los brasileños reconocen los prejuicios raciales y la discriminación que aún persisten en Brasil. Sin embargo, el análisis estadístico revela un trato dispar de los brasileños no blancos en múltiples ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, de media, los brasileños no blancos ganan la mitad de ingresos que la población blanca de Brasil, y los brasileños negros tienen casi tres veces más probabilidades de ser víctimas de homicidio que los demás.
Mientras que los negros y mestizos representan alrededor del 57% de la población de Brasil, constituyen el 74% de las víctimas de violencia letal, y el 79% de los asesinados por la policía. En el ámbito empresarial, los brasileños negros ocupan menos del 5% de los puestos en los consejos de administración de las empresas. Por último, persiste la discriminación en forma de desaires, agresiones e insultos raciales.
El Incidente
El 19 de noviembre de 2020, en Porto Alegre, Brasil, una empleada de un supermercado Carrefour llamó a seguridad después de que un hombre supuestamente amenazara con agredirla. Las imágenes del incidente parecen mostrar que el hombre, João Alberto Silveira Freitas, recibió un puñetazo en la cara, y posteriormente un rodillazo, por parte de dos guardias de seguridad blancos, lo que le causó la muerte. Según el instituto forense estatal, la causa de la muerte fue la asfixia. Según la investigación preliminar, Freitas fue golpeado durante más de cinco minutos antes de morir.
Los transeúntes filmaron el incidente, que fue ampliamente compartido en las redes sociales. Otro empleado parecía estar junto a los guardias de seguridad, filmando el incidente.
Aspectos Jurídicos
Tareas de Supervisión
Según la investigadora de homicidios Vanessa Pitrez, la supervisora de Carrefour Adriana Alves Dutra tenía autoridad sobre los guardias, lo que implicaba el deber de impedir que golpearan a Freitas. Por lo tanto, según Pitrez, esta autoridad podría haber dado lugar a que Dutra fuera condenada por homicidio como coautora.
El Código Internacional de Conduct
El Código Internacional de Conducta exige que el personal de las empresas miembros y afiliadas tome todas las medidas razonables para evitar el uso de la fuerza, y si se utiliza la fuerza, debe ser proporcional a la amenaza y adecuada a la situación. (Normas sobre el Uso de la Fuerza : párrafo 29, Uso de la Fuerza : párrafos 30-32)
Al aprehender a personas, todas las personas aprehendidas deben recibir un trato humano y acorde con su condición y con la protección que les brindan las normas de derechos humanos o el derecho internacional humanitario aplicables, incluidas, en particular, las prohibiciones de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (párrafo 34).
Además, el Código Internacional de Conducta exige una rigurosa selección e investigación de antecedentes del personal, la evaluación de su desempeño y funciones (párrafos 45 a 49), y la formación del personal en el Código y el derecho internacional pertinente, incluidos los derechos humanos y el derecho penal internacional (párrafo 55). Cumplir los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada está cualificado, formado, respaldado, informado y es responsable.
Impacto
Al día siguiente de la muerte de Freitas, Carrefour SA declaró que «lamentaba profundamente lo que calificaba de muerte brutal», e indicó que Carrefour SA tomaba medidas para garantizar que los responsables fueran castigados legalmente. Carrefour declaró que rescindiría el contrato con la empresa de seguridad, despediría al empleado encargado de la tienda en el momento del incidente y cerraría la tienda en señal de respeto.
Además, el Presidente y Director General de Carrefour, Alexandre Bompard, utilizó Twitter para declarar que Carrefour había tomado medidas internas en Brasil. Bompard pidió que se revisara la formación de los empleados y subcontratistas en materia de seguridad, diversidad y valores de tolerancia.
El supermercado Carrefour creó un fondo de 5 millones de dólares para combatir el racismo en Brasil, y declaró que los brasileños negros representarían al menos el 50% de las nuevas contrataciones anuales.
Demandas y Acuerdos
Poco después del incidente, el Estado brasileño demandó a Carrefour por 38 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por la muerte de Freitas. La demanda también pedía al tribunal el cierre de la tienda, «con el objetivo de reducir el riesgo de actos hostiles que pudieran producirse durante las protestas». Por último, la demanda exigía la creación de un plan de lucha contra el racismo y el trato discriminatorio por parte del minorista en Porto Alegre.
En junio de 2021, Carrefour llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal y otras partes para pagar 115 reales (22 millones de dólares estadounidenses). Este acuerdo puso fin a todos los pleitos relacionados con la aplicación y ejecución de medidas antirracistas contra la diversidad racial.
Precios de las Acciones
Tras la muerte de Freitas, Carrefour Brasil fue eliminada de un índice de empresas con las mejores políticas medioambientales, sociales y de gobernanza gestionado por S&P Dow Jones y B3. Apenas cuatro días después de la muerte de Freitas, el precio de las acciones de Carrefour Brasil se desplomó un 6% en las operaciones de la tarde.
Investigación Criminal
Finalmente, los dos hombres que presuntamente golpearon a Freitas fueron detenidos e investigados por homicidio, debido a la asfixia de la víctima y a su incapacidad para defenderse.
Protestas, Violencia y Daños Materiales
Al día siguiente de la muerte de Freitas, los manifestantes empezaron a repartir pegatinas con el logotipo de Carrefour manchado de sangre, pidieron el boicot de la cadena y mostraron carteles de «Black Lives Matter» (Las vidas de los negros importan). Esa misma noche, la protesta se tornó violenta y los manifestantes rompieron escaparates y vehículos de reparto. Los manifestantes asaltaron y destrozaron el supermercado donde se produjo el incidente, y 200 manifestantes se reunieron frente a otro establecimiento de Carrefour en Río de Janeiro.
Debate
¿Cómo se aborda la cuestión del racismo y otras formas de discriminación en el proceso de selección del nuevo personal de seguridad?
¿Cómo pueden la contratación y la formación del personal de seguridad privada incorporar conceptos de diversidad, sensibilidad e inclusión?
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