El uso de empresas privadas de seguridad en los centros de detención plantea un problema crítico en la gestión de la migración, con importantes riesgos para los derechos humanos.
Cuando los Estados contratan a empresas de seguridad privadas (ESP) para la gestión de la migración, surgen riesgos para los derechos humanos debido a que estas empresas se centran más en los riesgos percibidos que en las necesidades reales de los migrantes. Este enfoque, agravado por una formación y supervisión inadecuadas, aumenta las posibilidades de abuso. El creciente uso de las tecnologías digitales ofrece oportunidades para la rendición de cuentas, pero también introduce nuevos retos en materia de derechos humanos. Las medidas de reducción de costes a menudo comprometen la calidad de los servicios prestados a los migrantes.
Este informe pide un mayor cumplimiento de los derechos humanos, una mejor supervisión, un uso responsable de la tecnología y una financiación adecuada para garantizar la protección de los migrantes.
Abdul Aziz Muhamat, refugiado sudanés, estuvo recluido en el centro de detención australiano de la isla de Manus entre 2015 y 2021. El centro australiano de detención de inmigrantes de la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, se enfrentó a una serie de disturbios que fueron reprimidos violentamente por los guardias de seguridad en febrero de 2014 y en enero de 2015. Más información.