UNA OPORTUNIDAD PARA QUE LOS PROVEEDORES DE SEGURIDAD PREDIQUEN CON EL EJEMPLO
En este artículo, Jamie Williamson, Director Ejecutivo de ICoCA, analiza las iniciativas globales, los retos y el imperativo de adoptar medidas proactivas en el sector de la seguridad, tras la participación de ICoCA en las consultas entre periodos de sesiones del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta de las Naciones Unidas para desarrollar un marco normativo internacional sobre la regulación, el seguimiento y la supervisión de las empresas militares (EMP) y de seguridad privadas (ESP).
La comunidad internacional está prestando cada vez más atención a las responsabilidades de los contratistas militares privados y los proveedores de servicios de seguridad en todo el mundo. Esto podría deberse en parte a las actividades del «Grupo Wagner», que han recibido mucha publicidad, y a los casos contra empresas transnacionales por abusos de los derechos humanos cometidos por su personal de seguridad. También podría tratarse simplemente de una evolución normal en el nivel de interés público por la «industria de la seguridad», una industria que hoy parece omnipresente en todos los ámbitos de la vida.
Se están realizando esfuerzos nacionales e internacionales para reforzar los requisitos de información sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos en las cadenas mundiales de suministro. Dados los riesgos asociados al uso de proveedores de seguridad de baja calidad, es natural esperar que las empresas internacionales tengan que adoptar un enfoque más riguroso en la investigación de sus sistemas de seguridad (internos o contratados). Algo que, por desgracia, hasta la fecha ha faltado en muchos sectores industriales.
Paralelamente a estos esfuerzos, un Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU, presidido por Sudáfrica, ha estado desarrollando desde 2017, sin prisa pero sin pausa, un marco normativo sobre la regulación, el seguimiento y la supervisión de las actividades de las empresas militares y de seguridad privadas. ICoCA ha sido reconocido como organización experta durante estas reuniones del Grupo de Trabajo.
Al finalizar esta semana las últimas consultas intersesionales, en las que participó ICoCA, queda claro que aún existen algunos desacuerdos fundamentales sobre una serie de cuestiones, también denominadas elefantes persistentes en la sala durante los intercambios. Entre ellos se incluyen las diferencias y el solapamiento entre «servicios de seguridad» y «servicios militares», o sobre lo que constituyen las «funciones del Estado». Gobiernos y ONG han evocado diversas perspectivas sobre qué agentes, de seguridad o militares, deben regularse, y sobre si los Estados pueden realmente limitar la capacidad de sus nacionales para trabajar en empresas de seguridad en el extranjero, y en caso afirmativo, en qué circunstancias.
Sin embargo, todos están de acuerdo en la existencia de obligaciones pertinentes en virtud del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos por las que los Estados deben poner coto a las «empresas militares» y los proveedores de seguridad privados no regulados. No existe un vacío jurídico como tal, e instrumentos de derecho indicativo como el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y el Documento de Montreux ofrecen importantes orientaciones y normas a este respecto.
Aún no se ha llegado a un consenso sobre si el proceso desembocará en un instrumento normativo jurídicamente vinculante o no vinculante. Corresponderá a los Estados resolver esta cuestión, y es posible que se necesiten algunas sesiones más del Grupo de Trabajo para encontrar una solución a este espinoso asunto. Este retraso puede jugar a favor de las personas y entidades que se sienten poco presionadas para permitir una mayor supervisión de la industria de la seguridad. Pero sería un error aceptar la inercia en este campo.
Independientemente del resultado final sobre la naturaleza del instrumento, yo diría que ya hay muchas medidas que los proveedores de seguridad, sus clientes y los gobiernos pueden y deben tomar para elevar los estándares dentro de la industria de la seguridad y lograr una mayor responsabilidad cuando se producen abusos. Una de ellas es, sencillamente, un cambio de mentalidad colectivo para reconocer realmente que si se eliminan del sector las malas prácticas en materia de seguridad, todos los implicados salen ganando. Todas las partes interesadas pueden desempeñar un papel positivo. Siempre hay margen para seguir mejorando y aumentar la transparencia.
Lo más probable es que sea cuestión de cuándo, y no de si se adoptarán marcos normativos internacionales más sólidos para reforzar la supervisión de los contratistas militares privados y los proveedores de seguridad. En lugar de esperar a que se adopten nuevas leyes estrictas para actuar, el sector de la seguridad y sus usuarios tienen la oportunidad de adelantarse a los acontecimientos. Exigir normas más estrictas en todas las cadenas de suministro en las que se utilizan servicios de seguridad y dentro de la propia industria de la seguridad tiene sentido desde el punto de vista empresarial y ético. No debería ser necesario un instrumento internacional para hacerlo realidad.