RESUMEN DE LA SÉPTIMA ASAMBLEA GENERAL ANUAL
La Séptima Asamblea General Anual de la Asociación del Código Internacional de Conducta para proveedores de servicios de seguridad privada se celebró en línea entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2020. La AGA celebró el décimo aniversario del Código Internacional de Conducta. Debido a la pandemia de COVID-19, era la primera vez que el acto se celebraba en línea, y representó una oportunidad para entablar contacto con miembros, afiliados, observadores y otras partes interesadas de todo el mundo. A lo largo de la semana se celebró una combinación de sesiones plenarias abiertas al público en general, junto con reuniones de pilares celebradas exclusivamente para miembros, afiliados y observadores. Las grabaciones de todos los actos públicos pueden verse en línea aquí.
Krystyna Marty, Secretaria de Estado del Departamento Federal de Asuntos Exteriores del Gobierno de Suiza, se encargó de la inauguración oficial de la AGA. El Secretario de Estado Marty reflexionó sobre los logros de la Asociación desde su creación. También habló de la necesidad de concienciar sobre ICoCA a las empresas obligadas a cumplir las normas de derechos humanos. El sector de la seguridad privada tiene un papel de liderazgo que desempeñar para marcar una diferencia decisiva en la consecución de la agenda mundial de derechos humanos.
Jamie Williamson, director ejecutivo de ICoCA presentó el Informe Anual 2019-2020. El señor Williamson reconoció el impacto de la pandemia COVID-19 en las operaciones de la Secretaría y de sus miembros en todos los pilares. A pesar de los retos que la pandemia ha planteado a la Asociación, los objetivos del Plan estratégico 2019-2023 de ICoCA se mantienen inalterados. El señor Williamson informó de que la pandemia no ha provocado una ralentización de las manifestaciones de interés ni de las solicitudes de adhesión y afiliación.
La segunda sesión plenaria, celebrada el 2 de diciembre, reunió a un grupo de expertos para debatir las perspectivas regionales de la seguridad privada responsable. Richard Wylde, director de gobierno y defensa de Control Risks y presidente del Grupo de Seguridad en Entornos Complejos (Reino Unido), moderó el debate. El Dr. Alessandro Arduino, del Instituto de Oriente Medio de la Universidad Nacional de Singapur, expuso en primer lugar el ascenso de China y su uso de la seguridad privada a lo largo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. El sector chino de la seguridad privada cuenta con entre cinco mil y ocho mil empresas que emplean a unos dos millones de personas. El Dr. Arduino señaló, sin embargo, que existen restricciones sobre el tipo de trabajo que puede realizarse en el extranjero y que muchas empresas chinas con inversiones en África carecen de un conocimiento profundo del contexto operativo y utilizan milicias armadas para proteger sus activos. Carmen Rosa De León-Escribano, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES) de Guatemala, miembro de la OSC, cuya elección como miembro de la Junta Directiva se confirmó durante la AGA, habló de los recientes acontecimientos en América Latina, donde el personal de los CSP supera en número a las fuerzas de seguridad pública en muchos países. El crecimiento de la industria se ha traducido al mismo tiempo en un aumento del comercio de armas de fuego ilegales, que muchas empresas venden en el mercado negro. Gautier Porot, director de seguridad de International SOS, señaló cómo la pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma de operar de muchas empresas y, para International SOS, la salud y la seguridad están ahora integradas en la gestión de riesgos para sus clientes.
La sesión plenaria final, celebrada el 4 de diciembre, se inauguró con un discurso de Anita Ramasastry, profesora de Derecho Henry M. Jackson de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington y vicepresidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Ramasastry señaló cómo ICoCA, que se basa en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, ha ido más allá de ser un mero instrumento de derecho indicativo. En su opinión, se ha convertido en un híbrido innovador de legislación blanda y dura, más eficaz que la regulación de arriba abajo, ya que se integra en la contratación pública de servicios de seguridad privada. Cree que los miembros de ICoCA están bien posicionados para adaptarse a las nuevas normativas que vayan surgiendo a medida que se vaya elaborando la legislación obligatoria sobre diligencia debida en materia de derechos humanos en la cadena de suministro. ICoCA está allanando el camino para demostrar una diligencia debida efectiva en materia de derechos humanos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, en particular cuando se consideran entornos conflictivos complejos.
En la última mesa redonda se analizó el Código de Conducta diez años después y se ofrecieron perspectivas sobre el futuro de la seguridad responsable. El Dr. Sabelo Gumedze, jefe e investigador principal de la Unidad de Investigación y Desarrollo de la Autoridad Reguladora del Sector de la Seguridad Privada (PSIRA) de Sudáfrica, aportó la perspectiva de los reguladores en Sudáfrica. Las elevadas multas desempeñan un papel punitivo para las empresas de seguridad privada sudafricanas que infringen el Código de Conducta jurídicamente vinculante de la PSIRA. Jerome Bellion-Jourdan, antiguo negociador de la Unión Europea sobre empresas y derechos humanos, ofreció información actualizada sobre la formulación de la legislación obligatoria de la UE en materia de diligencia debida en la cadena de suministro. Dos de las principales cuestiones que se debaten en la actualidad son si las propias empresas deben dar prioridad a los riesgos relacionados con los derechos humanos y cuál debe ser el acceso a las vías de recurso ante los tribunales nacionales de los estados miembros y de la UE en caso de sucesos ocurridos en terceros países. Bunafsha Gulakova, abogada defensora de los derechos humanos, ofreció una visión realista de las prácticas de la UE tras haber sido testigo de la mala selección y gestión de los contratistas de seguridad privada contratados por la UE. En muchas ocasiones se seleccionan los proveedores más baratos sin examinar el nivel de profesionalidad ofrecido. Adrian Powell, socio director de Proelium Law, habló de los retos que afrontan las empresas de seguridad privada a la hora de comprender la complejidad y abstracción de la legislación sobre derechos humanos. La respuesta no es necesariamente más regulación, sino que las empresas de seguridad privada necesitan ayuda para mejorar su actuación en materia de derechos humanos.