Topic: Papúa Nueva Guinea

VIOLENCIA SEXUAL EN LA MINA DE PORGERA

Antecedentes

La mina de Porgera está ubicada en Porgera, Papúa Nueva Guinea, en la región montañosa del país. Una comunidad indígena, los Ipili de Porgera, vive en el área que rodea la mina.

La seguridad en esta mina es provista por empresas privadas de seguridad además de la policía de reserva de Papúa Nueva Guinea, que opera en la mina bajo las disposiciones de un Memorando de Entendimiento. El Memorando de Entendimiento que establece este acuerdo de seguridad no ha sido hecho público ni por la mina ni por funcionarios de Barrick Gold. Sin embargo, se ha documentado que los “policías de reserva” tienen poder de arresto y están integrados en las prácticas policiales regulares de Papúa Nueva Guinea.

Dos informes de Human Rights Watch, emitidos en 2005 y 2006, señalaron varias preocupaciones con respecto a las prácticas policiales en la zona, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, arrestos y detenciones arbitrarias, y violaciones sexuales. Informes anuales posteriores no mostraron mejoras sustantivas en el área de derechos humanos; además, Human Rights Watch destacó que los policías de reserva recibían considerablemente menos paga y capacitación en comparación con la policía regular, y eran “especialmente señalados por actos de violencia y otras actividades ilegales.”

El Incidente

Se alega que 119 mujeres fueron sometidas a violencia sexual y uso excesivo de la fuerza por parte del personal de seguridad de la mina y la policía. Una de las víctimas afirmó que fue violada en grupo por cinco miembros del personal de seguridad en septiembre de 2009. Los presuntos responsables no fueron llevados ante la justicia.

Aspectos Legales

Casos Judiciales

Once mujeres y niñas que supuestamente fueron violadas o agredidas sexualmente llegaron a un acuerdo extrajudicial mientras se preparaban para demandar a Barrick Gold en los Estados Unidos, convencidas de que no podrían obtener justicia en Papúa Nueva Guinea.

Después de que Barrick Gold realizara una investigación interna en respuesta a las denuncias de violación y agresión sexual, la empresa calificó los resultados de la investigación como “alarmantes” y despidió a varios miembros del personal de seguridad por su implicación en, o por no haber reportado, los presuntos incidentes de agresión sexual. Como resultado, dos ex empleados de Porgera fueron acusados de violación, y un tercer ex empleado fue acusado de causar lesiones corporales graves.

El Código Internacional de Conducta

El Código Internacional de Conducta exige que el personal de las empresas Miembros y Afiliadas tome todas las medidas razonables para evitar el uso de la fuerza, y que, en caso de utilizarse, esta sea proporcional a la amenaza y apropiada para la situación. (Reglas sobre el Uso de la Fuerza: párrafo 29; Uso de la Fuerza: párrafos 30-32)

Además, el Código Internacional de Conducta requiere una rigurosa selección y evaluación del personal, la evaluación de su desempeño y funciones, así como la formación del personal en el Código y en el derecho internacional pertinente, incluidos los derechos humanos y el derecho penal internacional.

Según el Código Internacional de Conducta, las empresas no pueden permitir que su personal participe en o se beneficie de la explotación sexual, el abuso o la violencia o crímenes de género. Las empresas de seguridad deben exigir a su personal que se mantenga alerta ante cualquier caso de violencia sexual o de género, y que informe de estos casos a las autoridades competentes. (Explotación y Abuso Sexual (EAS) o Violencia Basada en Género (VBG): párrafo 38)

Cumplir con los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad esté calificado, capacitado, respaldado, informado y actúe con responsabilidad.

Directrices sobre la Prevención y Abordaje de la Explotación y el Abuso Sexual

Recursos sobre la Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual

Impacto

En 2015, la demanda entre 14 ciudadanos de Papúa Nueva Guinea y Barrick Gold Mine, relacionada con presuntos actos de violencia sexual, fue resuelta fuera de los tribunales. Según el acuerdo, los individuos recibieron una compensación en el marco del “Porgera Remedy Framework” y un pago por su participación en el proceso de mediación, que finalmente condujo a la resolución de la demanda.

Mark Bristow, presidente de Barrick Gold, expresó su deseo de recuperar la confianza de la comunidad a través de un nuevo acuerdo con diversas características. En primer lugar, el nuevo acuerdo elevó la participación accionaria de Papúa Nueva Guinea al 51%. Además, las partes interesadas de Papúa Nueva Guinea recibirían el 53% de los beneficios económicos y se garantizarían los pagos de impuestos al gobierno. El gobierno tendría garantizados los ingresos fiscales, independientemente de si se recuperan o no los costos de las mejoras de capital en la mina. Asimismo, el acuerdo otorgaba a Papúa Nueva Guinea el derecho a comprar la mina al cabo de 10 años, a valor de mercado justo, si Barrick no lograba recuperar la confianza.

En 2012, Barrick Gold reconoció el problema de violaciones en la mina de Porgera y creó el “Porgera Remedy Framework”, un proceso no judicial organizado por la empresa para escuchar y atender reclamaciones por violencia sexual.

Debate

¿Cómo pueden las empresas de seguridad privada y sus clientes prevenir el abuso sexual y la explotación de poblaciones vulnerables?

¿Qué puede hacer una empresa de seguridad privada para «recuperar la confianza» de una comunidad después de que ocurra un incidente?

Incidentes relacionados

Fuentes

 

 

Case prepared by: Madison Zeeman

DISTURBIOS EN LOS CENTROS DE DETENCION DE MIGRANTES EN MANUS ISLAND

Antecedentes

La Isla Manus, en Papúa Nueva Guinea, fue uno de los tres centros de detención de inmigración en el extranjero utilizados por Australia. Según la política de inmigración de Australia, toda persona inmigrante que llegara a Australia debía ser detenida y procesada, y aquellos que fueran reconocidos como refugiados legítimos podían reasentarse en Papúa Nueva Guinea o Camboya.

La Isla Manus se inauguró originalmente para albergar a los solicitantes de asilo que llegaban a Australia en barco en 2001. A medida que aumentaba el número de solicitantes de asilo que intentaban el viaje a Australia por mar, más de 1,200 personas se ahogaron intentando llegar a Australia. Para limitar la cantidad de personas que llegaban en barco buscando asilo, se cambió la política para que cualquier solicitante de asilo que llegara en barco no tuviera ninguna posibilidad de asentarse en Australia.

Desde la apertura de la Isla Manus, el centro ha sido criticado por las altas tasas de depresión y ansiedad entre los detenidos, las instalaciones mal abastecidas y las condiciones de vida deficientes, así como la falta de acceso para las organizaciones de derechos humanos.

En un comité del Parlamento australiano, se reconocieron varios factores que dieron lugar a los disturbios de febrero de 2014, incluyendo el tamaño y la composición del centro de Manus Island; la tensión entre los solicitantes de asilo y los lugareños; el estado de las instalaciones en el centro; la infraestructura de seguridad inadecuada en el centro; y la incertidumbre sobre el estatus de refugiado y los arreglos de reasentamiento.

Antes de los disturbios de 2015, se informó que los refugiados creían que sus vidas estaban en peligro debido a los planes del gobierno australiano de trasladar a los detenidos a Lorengau, la capital de la provincia de Manus. Los refugiados alegaban que creían que serían atacados por los lugareños si se mudaban a la capital; algunos refugiados estaban tan asustados que se negaron a abandonar el centro.

El Incidente

En febrero de 2014, los disturbios en la Isla Manus resultaron en 77 heridos, uno de ellos por un disparo, y una muerte por una lesión en la cabeza. Hubo protestas crecientes en el centro durante varios días, con los manifestantes rompiendo cercas al poco tiempo de iniciar las protestas. Supuestamente, en el primer día de las manifestaciones, los refugiados tenían la esperanza de que las autoridades de inmigración les informaran cuánto tiempo más tendrían que permanecer en la Isla Manus. Cuando no recibieron respuesta a esta pregunta, estalló un motín esa misma noche.

El Ministro de Inmigración, Scott Morrison, afirmó que los solicitantes de asilo fueron los que inicialmente causaron el disturbio y rompieron el centro, pero los defensores de los refugiados y las personas dentro de la instalación afirmaron que la policía y los lugareños entraron en los recintos con armas y atacaron a los detenidos. Esto causó que los solicitantes de asilo huyeran fuera del recinto.

En enero de 2015, más de 100 solicitantes de asilo iniciaron una huelga de hambre, protestando por su trato en el centro de detención. Pocos días después, más solicitantes de asilo se unieron a la protesta, mientras que supuestamente el agua corriente dejó de estar disponible en la Isla Manus. Los guardias de seguridad locales se pusieron en huelga después de no recibir su pago.

Después de unos días, los huelguistas comenzaron a desmayarse debido a la falta de comida y agua, y otros huelguistas comenzaron a consumir materiales dañinos como protesta. En ese momento, la policía antidisturbios ingresó al centro de detención. El personal de Servicios Médicos y de Salud Internacional (IHMS) convirtió la cafetería del personal en un centro médico de emergencia, atendiendo a más de un centenar de detenidos.

Al día siguiente, varios huelguistas fueron presuntamente llevados a la unidad de aislamiento «Chauka». En respuesta, los defensores de los refugiados presentaron urgentemente una petición a los relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos. Ese mismo día, se informó que el personal de seguridad comenzó a reunir a las personas, intentando poner fin a la protesta. Al día siguiente, se alegó que los guardias antidisturbios ingresaron a los recintos de la Isla Manus, intentando poner fin a la protesta por la fuerza, llevando a los supuestos «líderes» del motín a la unidad de aislamiento Chauka.

Aspectos Legales

Casos Judiciales

Después de los disturbios, exguardias de G4S presentaron una demanda contra la empresa y el gobierno, alegando que ambas partes eran responsables de los fallos relacionados con los disturbios. Específicamente, los exguardias afirmaron que G4S y el gobierno no capacitaron adecuadamente al personal ni proporcionaron equipos de protección personal. Esto, según los guardias, resultó en daños físicos y mentales para ellos.

Australia tiene un deber de cuidado hacia los solicitantes de asilo bajo la ley australiana, y puede ser responsable indirectamente por cualquier incumplimiento de este deber.

En apoyo a las reclamaciones de los exguardias, se presentaron correos electrónicos al tribunal que mostraban las solicitudes de G4S de agregar 100 guardias de seguridad adicionales en el sitio, advirtiendo sobre el creciente riesgo de conflictos.

En julio de 2021, los padres del solicitante de asilo Reza Barati demandaron al gobierno australiano por su muerte durante los disturbios del centro de detención en febrero de 2014. Se alegó que el Sr. Barati fue golpeado hasta la muerte por guardias y otros trabajadores. Específicamente, los documentos judiciales indicaron que el Sr. Barati regresaba a su habitación después de que se dispararan tiros en su complejo, cuando un trabajador de la Isla Manus con un uniforme de G4S lo golpeó por la espalda con un trozo de madera con clavos. Luego, hasta 10 hombres lo patearon en la cabeza.

Los padres de Barati afirmaron que la negligencia del gobierno australiano, junto con la negligencia de G4S, fueron responsables de la muerte de Barati. La familia Barati alegó que las tensiones aumentaron en los seis meses previos a los disturbios violentos, y que el número de detenidos se multiplicó por diez, con más de 500 detenidos adicionales viviendo en el centro que la capacidad para la que fue diseñado. Por lo tanto, los padres de Barati alegaron que tanto el gobierno como G4S debían haber tenido conocimiento de la probabilidad de que ocurrieran protestas violentas, y que las partes deberían haber asegurado que el personal estuviera debidamente capacitado y que el centro estuviera equipado para lidiar con brotes de violencia.

Anteriormente, dos hombres fueron condenados por la muerte de Barati y sentenciados a 10 años de prisión por el tribunal nacional de Papúa Nueva Guinea.

El Código Internacional de Conducta

El Código Internacional de Conducta establece que las empresas miembros y afiliadas requerirán que su personal trate a todas las personas detenidas de manera humanitaria (sección 28).

El párrafo 33 del Código (Detención) establece que el personal de seguridad “solo podrá custodiar, transportar o interrogar a los detenidos si: (a) la empresa ha sido específicamente contratada para hacerlo por un estado; y (b) su personal está capacitado en la legislación nacional e internacional aplicable. Las empresas miembros y afiliadas deberán, y requerirán que su personal, trate a todas las personas detenidas de manera humana y conforme a su estatus y a las protecciones bajo la ley de derechos humanos o el derecho internacional humanitario aplicables, incluyendo, en particular, las prohibiciones sobre tortura o cualquier otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante.”

Recursos sobre Detención

Recursos sobre la Detención de Personas

El Código establece que las Empresas Miembro y Afiliadas solo deben, y deben exigir a su personal, tratar a todas las personas detenidas de manera humana y conforme a su estatus y las protecciones bajo las leyes de derechos humanos y derecho internacional humanitario aplicables, incluidas las prohibiciones contra el trato o castigo cruel, inhumano o degradante (párrafo 33).

El Código exige una selección y evaluación rigurosa del personal, evaluación de su rendimiento y deberes (párafos 45 a 49), y capacitación del personal en relación con el Código y el derecho internacional pertinente, incluidos los derechos humanos y el derecho penal internacional (párrafo 55). Cumplir con los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada esté cualificado, capacitado, respaldado, informado y sea responsable.

Cumplir con los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada esté cualificado, capacitado, respaldado, informado y sea responsable.

Impacto

Investigaciones

En un informe del Parlamento australiano, un Comité del Senado concluyó que los factores que dieron lugar al incidente de febrero de 2014 deberían haber sido conocidos por el gobierno australiano y por las empresas encargadas de gestionar el centro. El comité determinó que el gobierno australiano, por lo tanto, falló en su deber de proteger a los solicitantes de asilo de daños.

El informe encontró que muchos empleados de G4S continuaron defendiendo a los solicitantes de asilo a gran riesgo para su propia seguridad durante los disturbios; sin embargo, el informe reconoció que muchos empleados de G4S y residentes locales usaron fuerza excesiva contra los solicitantes de asilo, o estuvieron involucrados en actos de violencia contra los mismos.

El informe concluyó que los solicitantes de asilo sufrieron numerosas violaciones de derechos humanos básicos durante los disturbios de febrero de 2014, incluyendo el derecho a la vida y el derecho a la seguridad de la persona.      

Acuerdos y Multas

Para septiembre de 2022, quince ex empleados de G4S llegaron a un acuerdo confidencial por un total de millones de dólares con G4S y el gobierno australiano.

En octubre de 2021, Australia puso fin al procesamiento de inmigrantes en Papua Nueva Guinea. El centro de Manus Island fue declarado ilegal y ordenado cerrar por la Corte Suprema de Papúa Nueva Guinea en 2016, y Australia se vio obligada a pagar 70 millones de dólares en compensación a los detenidos ilegalmente. Los detenidos que aún permanecían en Papúa Nueva Guinea fueron autorizados a transferirse al centro de procesamiento de Nauru, o bien se les ofreció una “ruta migratoria permanente, que incluye acceso a la ciudadanía, apoyo a largo plazo, paquetes de asentamiento y reunificación familiar”.

Debate

El parlamento australiano, en un informe, determinó que los factores que dieron lugar a los incidentes deberían haber sido conocidos por el personal encargado de la gestión de Manus Island. ¿Cómo pueden las empresas de seguridad privada y su personal estar al tanto de los riesgos de violencia y conflicto y abordarlos?

¿Cuáles son las responsabilidades específicas del personal de seguridad privada cuando se trata de personas en situaciones vulnerables, como migrantes detenidos?

Incidentes relacionados

Fuentes

 

 

Caso preparado por Madison Zeeman.