EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS EE.UU. HACE OBLIGATORIA LA CERTIFICACIÓN ICOCA PARA LOS PROVEEDORES DE SEGURIDAD

Antecedentes

El programa Worldwide Protective Services (WPS) depende de la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) y se encarga de contratar guardaespaldas armados y personal de seguridad para proteger al personal diplomático estadounidense en todo el mundo. Esto incluye una combinación de protección personal (guardaespaldas), vigilancia estática (instalaciones y puestos de control) y servicios de seguridad de respuesta a emergencias basados en equipos.

La razón por la que el Departamento de Estado de EE.UU. recurre a empresas de seguridad privada en sus misiones en el extranjero se remonta al atentado con bomba contra la embajada estadounidense en Beirut en 1983. Esto llevó a la aprobación de la Ley de Seguridad Diplomática y Antiterrorismo de 1986, en virtud de la cual las empresas privadas podían competir por los contratos de seguridad para las misiones estadounidenses en el extranjero. La primera vez que el Departamento de Estado de EE.UU. contrató seguridad privada fue en 1994, durante el periodo de disturbios en Haití. La primera iteración del contrato Worldwide Personal Protective Service (WPPS) se produjo en 2000, cuando DynCorp fue contratada para prestar servicios en la antigua Yugoslavia.

La guerra de Irak fue testigo de un aumento del uso de EMSP por parte de Estados Unidos para encargarse de lo que antes eran tareas militares. Lo que pronto se hizo evidente fue el vacío legal existente a la hora de responsabilizar a estos operadores de sus infracciones penales. A raíz de los casos de delitos cometidos por contratistas de seguridad privada (véase la masacre de la plaza Nisour en Bagdad y el caso DynCorp Bosnia), el Congreso intentó garantizar la rendición de cuentas por sus acciones.

Un cambio que se produjo fue la creación del programa de Especialistas en Protección de la Seguridad (SPS) por parte de la Seguridad Diplomática. Esto supuso la contratación directa de personal de protección experimentado responsable de los contratistas que llevaban a cabo misiones de protección de alta amenaza en el programa WPPS. Así, el contrato WPS contemporáneo tiene algunas disposiciones muy estrictas. Entre ellas, que los agentes especiales de la Seguridad Diplomática supervisen a los contratistas de seguridad y se aseguren de que su formación se ajusta a las normas especificadas y de que la imparten formadores aprobados por los agentes. Los contratistas deben recibir 164 horas de instrucción y formación aprobadas por la Seguridad Diplomática antes de su despliegue. El despliegue está limitado únicamente a aquellos contratistas que hayan completado con éxito la formación y cumplan las cualificaciones requeridas.

Buenas Prácticas

En 2013, el Departamento de Estado de EE.UU. declaró que la Oficina de Seguridad Diplomática (DS) incorporaría la pertenencia al ICoCA como requisito para el proceso de licitación del contrato sucesor del programa WPS, siempre que el proceso ICoC siga adelante y atraiga una participación significativa del sector.

Desde 2013, los contratistas del programa WPS deben presentar una carta del ICoCA en la que se indique que el solicitante es miembro o miembro transitorio en regla y no ha sido suspendido ni dado de baja del ICoCA. Una licitación convocada en 2020 por el DOS para el contrato WPS III (PSC contratados por tercera vez en el marco del programa WPS entre diciembre de 2021-2031) incluye que si la entidad licitadora actúa como contratista principal en un acuerdo de equipo de contratistas, la carta debe verificar que todos los miembros del equipo son miembros activos de ICoCA, están al corriente de sus obligaciones y cumplen los requisitos del American National Standards Institute , PSC-1-2012. Si se va a contratar a subcontratistas para que presten servicios de seguridad en el marco del contrato, también deberán ser miembros en regla del ICoCA. Además, en 2014, durante la Asamblea General del ICoCA, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó de que reconocerá la pertenencia al ICoCA como indicador de que las empresas cumplen el Código en sus decisiones de contratación.

Ética Empresarial

Antes de la certificación ICoCA de 2013 o del requisito de afiliación establecido por el Departamento de Estado de EE.UU., entre los adjudicatarios de WPS 2010-2017 se encontraban Triple Canopy Inc, Torres International, SOC LLC, International Development Solutions, Global Integrated Security, Acuity-Janus, Dyncorp International y Gardaworld Federal Services. Al no ser miembros o afiliados certificados del ICoCA, no se renovaron los contratos de Torres International, International Development Solutions, Global Integrated Security y Dyncorp International.

Para el periodo 2016-2021 del WPS II, los contratistas fueron Aegis Defence Services LLC, Chenega Patriot Group LLC, Sallyport Global Holdings Inc, Triple Canopy Inc, SOC LLC, Gardaworld Federal Services LLC y Acuity-Janus Global LLC. Tanto Gardaworld, como Aegis Defence Services LLC, SOC LLC y Triple Canopy son miembros de ICoCA desde hace más de cinco años y la certificación estaba en marcha en 2017/18.

Sin embargo, Acuity y Sallyport Global Holdings son miembros certificados del ICoCA desde 2022. Acuity interrumpió sus servicios comerciales, vendiendo los rentables a Janus Global Operations Somalia, que es miembro del ICoCA desde 2023 e incluye más ampliamente a Janus Global. Chenega Patriot Group LLC, aunque anteriormente era miembro, ya no presta servicios de seguridad. De nuevo, para el WPS III, se contrató a las mismas empresas para el periodo que comienza en diciembre de 2021-2031. Las PSC enumeradas no eran miembros de ICoCA cuando fueron contratadas en el marco del WPS II y principios del III. Sin embargo, es probable que las empresas se unieran a ICoCA para cumplir con sus obligaciones contractuales. Por lo tanto, exigir la certificación de ICoCA como parte de los contratos estatales anima a las PSC a convertirse en miembros certificados o miembros afiliados de ICoCA.

Código Internacional de Conducta

Las Empresas Miembro y Afiliadas de la Asociación del Código Internacional de Conducta (ICoCA) se comprometen a prestar Servicios de Seguridad de forma responsable para apoyar el Estado de Derecho, respetar los derechos humanos de todas las personas y proteger los intereses de sus clientes.

Al adherirse a ICoCA, las Empresas Miembros y Afiliadas afirman que tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos de todos los afectados por sus actividades empresariales, incluido el personal, los clientes, los proveedores, los accionistas y la población de la zona en la que se prestan los servicios, y de cumplir con sus responsabilidades humanitarias hacia ellos. Además, los clientes también podrían exigir que sus proveedores de seguridad cuenten con la certificación ICoCA.

Asociación de Empresas Miembro

Descargo de responsabilidad

El mapa de casos pretende promover conversaciones sobre la prestación responsable de servicios de seguridad privada, proporcionando una selección que muestre, por un lado, casos de abusos por parte de empresas de seguridad privada y, por otro, casos de buenas prácticas. El mapa de casos existe para informar y ofrecer una representación de incidentes seleccionados, así como de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad privada.

Las descripciones de los casos aquí reproducidos no pretenden representar opiniones o anuncios del ICoCA o de los autores. En los casos en que las prácticas de los proveedores de seguridad privada se presentan como responsables, ello no debe interpretarse como una legitimación de las posibles violaciones de los derechos humanos que puedan haberse producido. Del mismo modo, la inclusión de determinados casos no implica que el ICoCA o los autores aprueben la conducta de ninguna empresa de seguridad privada que haya cometido abusos o violaciones de los derechos humanos.

Fuentes

 

 

Este caso ha sido elaborado por Anyssa Boyer, del Graduate Institute of International and Development Studies.

UNA GRAN MARCA SE COMPROMETE A RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD

Antecedentes

Está bien documentado que los nacionales de terceros países (NTP) suelen ser objeto de prácticas de contratación ilegales, como la contratación engañosa, el tráfico de personas y el trabajo forzoso. En el sector de la seguridad privada, los contratistas suelen recurrir a agentes de contratación locales que contratan a trabajadores vulnerables y pobres. Los agentes cobran a los posibles nacionales de terceros países ‘tasas de contratación de trabajadores’, lo que aumenta el riesgo de endeudamiento. Además, los agentes suelen ocultar información sobre el lugar y las condiciones de empleo. Estas prácticas son características del trabajo forzoso. De ahí la importancia de que las empresas reconozcan debidamente estas prácticas ilegales de contratación y se aseguren de que cumplen sus responsabilidades corporativas y las obligaciones en materia de derechos humanos establecidas por los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Desde 2022, IKEA ha actualizado su política de derechos humanos para todo el Grupo IKEA, que se materializó tras una evaluación de referencia de los derechos humanos en todo el Grupo IKEA que fue aprobada posteriormente por el Consejo de Administración. La política subraya el compromiso de IKEA de respetar las normas internacionales de derechos humanos en sus áreas de operación. Hace hincapié en la integración de los derechos humanos en todas las actividades y decisiones de la empresa. Esto implica identificar de forma proactiva los posibles impactos sobre los derechos humanos, abordar cualquier impacto negativo y mantener la transparencia y la responsabilidad.

Buenas Prácticas

En Malasia, las tiendas IKEA rompieron lazos con un proveedor de seguridad privada después de que una investigación revelara supuestamente un incumplimiento de las propias políticas laborales de IKEA. Al parecer, la investigación reveló que »muchos» guardias de seguridad de las tiendas de IKEA en Malasia habían pagado comisiones de contratación para asegurarse el puesto. Según los informes, estos trabajadores, en su mayoría nepalíes, pagaron comisiones de hasta 1.000 dólares estadounidenses, y “en las aldeas rurales intervienen múltiples subagentes…” Posteriormente, Ikano, la empresa que gestiona las tiendas IKEA en Malasia, consiguió un nuevo proveedor que contrataba a los trabajadores directamente, en lugar de recurrir a subcontratistas. Ikano también declaró que realizaría auditorías de seguimiento. Por último, Ikano explicó que se había informado del incidente a las autoridades locales y a la embajada de Nepal.

El Grupo Inter IKEA ha reconocido los diversos riesgos para los derechos humanos que entraña la contratación de trabajadores migrantes, entre ellos las elevadas tasas de contratación que suelen pagar los trabajadores migrantes. En respuesta a este riesgo, IKEA ha llevado a cabo proyectos para cartografiar sus cadenas de suministro de mano de obra y poner de relieve los riesgos asociados a la contratación de trabajadores migrantes.

Como consecuencia de los riesgos asociados a la contratación de trabajadores inmigrantes, IKEA elaboró unas Directrices sobre contratación responsable, cuyo objetivo es crear las “comprensión y capacidad de los proveedores para gestionar de forma responsable la contratación de trabajadores migrantes” Desde entonces, IKEA ha hecho hincapié en que su objetivo es mejorar y reforzar el diálogo con sus proveedores abordando temas clave como las horas de trabajo, los derechos laborales fundamentales y la contratación responsable de trabajadores inmigrantes para respetar sus compromisos de diligencia debida en materia de derechos humanos.

Ética Empresarial

IKEA elaboró unas Directrices sobre contratación responsable, cuyo objetivo es crear la “comprensión y capacidad de los proveedores para gestionar de forma responsable la contratación de trabajadores inmigrantes.” IKEA se ha comprometido a eliminar las comisiones de contratación pagadas a los trabajadores, como demuestra su tajante decisión en Malasia de poner fin a su relación con el contratista de seguridad privada. La empresa sueca es cofundadora del Grupo de Liderazgo para la Contratación Responsable, presidido por el Instituto de Derechos Humanos y Empresa. Este grupo trabaja para erradicar los honorarios de contratación pagados a los trabajadores siguiendo los principios de la ética empresarial. “empresario paga” principio alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU de trabajo decente para todos. IKEA declaró expresamente que “creen firmemente que los trabajadores inmigrantes deben ser tratados con respeto” y tienen por tanto “se compromete a defender este objetivo más ampliamente, ante gobiernos, empresas y otras organizaciones pertinentes, y a seguir buscando formas de ayudar y apoyar a los trabajadores migrantes.”  

Además, IKEA desarrolló un curso introductorio sobre derechos humanos y diligencia debida para todos los colaboradores del Grupo Inter IKEA durante el año fiscal 2022. Se crearon más programas de formación en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones para los empleados y socios comerciales de IKEA en Tailandia, Vietnam, Malasia, Filipinas, Singapur y Australia. Los programas abarcan normas internacionales, leyes nacionales y métodos para actuar contra el trato injusto y la explotación laboral.

El Código Internacional de Conducta

El Código Internacional de Conducta prohíbe a las empresas miembros y afiliadas participar en la trata de personas y exige a su personal que denuncie cualquier caso de trata a las autoridades competentes. El Código Internacional de Conducta define la trata de personas, en este contexto, como la captación, acogida, transporte, suministro u obtención de una persona para trabajos o servicios mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción con el fin de someterla a servidumbre involuntaria, servidumbre por deudas o esclavitud.

Además, el Código Internacional de Conducta prohíbe a las Empresas Miembros y Afiliadas utilizar la esclavitud, el trabajo forzoso u obligatorio, o ser cómplices de que cualquier otra entidad utilice este tipo de trabajo.

Las empresas Miembro y Afiliadas de la Asociación del Código Internacional de Conducta (ICoCA) se comprometen a prestar Servicios de Seguridad de forma responsable para apoyar el Estado de Derecho, respetar los derechos humanos de todas las personas y proteger los intereses de sus clientes.

Al adherirse a ICoCA, las Empresas Miembro y Afiliadas afirman que tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y cumplir con sus responsabilidades humanitarias hacia todos los afectados por sus actividades empresariales, incluido el personal, los clientes, los proveedores, los accionistas y la población de la zona en la que se prestan los servicios. Además, los clientes también podrían exigir que sus proveedores de seguridad cuenten con la certificación ICoCA.

Descargo de responsabilidad

El mapa de casos pretende promover conversaciones sobre la prestación responsable de servicios de seguridad privada, proporcionando una selección que muestre, por un lado, casos de abusos por parte de empresas de seguridad privada y, por otro, casos de buenas prácticas. El mapa de casos existe para informar y ofrecer una representación de incidentes seleccionados, así como de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad privada.

Las descripciones de los casos aquí reproducidos no pretenden representar opiniones o anuncios del ICoCA o de los autores. En los casos en que las prácticas de los proveedores de seguridad privada se presentan como responsables, ello no debe interpretarse como una legitimación de las posibles violaciones de los derechos humanos que puedan haberse producido. Del mismo modo, la inclusión de determinados casos no implica que el ICoCA o los autores aprueben la conducta de ninguna empresa de seguridad privada que haya cometido abusos o violaciones de los derechos humanos.

Fuentes

 

 

Este caso ha sido elaborado por Anyssa Boyer, del Graduate Institute of International and Development Studies.

MINA DE ORO DE GEITA

Fondo

Concesión GGM – Con la amable autorización de AngloGold Ashanti
Geita en Tanzania – Con la amable autorización de AngloGold Ashanti

La mina de oro de Geita (GGM) está situada en los yacimientos auríferos del lago Victoria, en Tanzania, a unos 120 km de la ciudad de Mwanza y a 4 km al oeste del municipio de Geita. La población de Geita es de aproximadamente 1,7 millones de personas con actividades económicas diversas que incluyen trabajos mineros artesanales y a pequeña escala, cría de animales y agricultura de subsistencia. GGM es una de las explotaciones mineras de oro más importantes de África Oriental. La concesión tiene una superficie de 196,27 km2, que incluye densos bosques y colinas. Funciona como mina a gran escala desde 2000, pero en la zona se lleva explotando oro desde la década de 1930. En 1999, Ashanti Goldfields Company Limited adquirió la mina, y en 2004, la sudafricana AngloGold Limited se hizo con Ashanti, creando AngloGold Ashanti (AGA), que posteriormente asumió el control de GGM. Desde entonces, la mina se ha convertido en un actor crucial del sector minero de Tanzania, contribuyendo significativamente a la producción de oro del país. La mina emplea a unas 6.800 personas, incluidos los contratistas, entre los que se encuentra el contingente de seguridad privada. Alrededor del 90% de los empleados de la mina proceden de la comunidad local.

GGM es una explotación minera a cielo abierto y subterránea que extrae oro de diversos yacimientos. La mina ha demostrado constantemente unos niveles de producción impresionantes, lo que la convierte en un activo económico vital para Tanzania.

La seguridad en GGM es de vital importancia debido al alto valor del metal precioso que se extrae. La concesión abarca una zona enorme, con pueblos dentro y en la periferia. Aproximadamente el 75% de la concesión minera se encuentra dentro de la reserva forestal de Geita, en la que predominan los bosques de miombo. No hay ninguna barrera física en los límites de la mina.

Las relaciones con la comunidad local no siempre han sido fáciles. Antes de 2014, la seguridad se llevaba a cabo con arreglo a un sistema típico y tradicional basado en gran medida en la policía y en el uso de la fuerza o la amenaza de la misma tanto para disuadir como para hacer cumplir la ley. Las incursiones eran frecuentes y, al parecer, los incidentes graves eran habituales.

Desde 2014, la mina ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad innovador, global e integrado para salvaguardar a su personal, sus activos y el oro extraído en forma de una estrategia revisada muy necesaria denominada «Plan de cinco puntos – Seguridad reforzada de la comunidad», que en resumen se basa en:

  1. Alejar a las personas del riesgo y el riesgo de las personas, para reducir el potencial de conflicto.
    2. Definir el papel de las comunidades como complemento de las iniciativas de seguridad.
    3. Definir el papel de la seguridad privada y pública en apoyo del enfoque de seguridad reforzada comunitaria.
    4. Utilización de equipos de reacción rápida formados, capacitados y equipados para mejorar la respuesta y la gestión de los incidentes.
    5. Optimización de la tecnología frente a la mano de obra: mayor uso de las tecnologías adecuadas para reducir el riesgo y mejorar la eficacia.

Estas disposiciones incluyen una combinación de protección virtual del perímetro, medidas de seguridad física, sistemas avanzados de vigilancia, personal de seguridad privada e interna contratado y bien formado y la policía. Además, desde 2017, se ha contratado a miembros de la comunidad, tanto de la concesión como de los alrededores, que desempeñan funciones de «policía de proximidad». Se han establecido zonas de acceso restringido para controlar la entrada a las áreas críticas, y se han desplegado estratégicamente modernas tecnologías de vigilancia, como cámaras y sensores térmicos de CCTV, por todo el emplazamiento y en el perímetro para supervisar las actividades en tiempo real desde un centro de control de seguridad centralizado, lo que permite una respuesta coordinada contra las amenazas detectadas.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores, la mina de oro de Geita ha implantado estrictos protocolos de seguridad y planes de respuesta ante emergencias. Periódicamente se realizan simulacros y sesiones de formación para preparar al personal ante diversos escenarios, incluidos accidentes y posibles amenazas a la seguridad.

Además de sus contribuciones económicas, la mina de oro de Geita también ha desempeñado un papel en iniciativas de desarrollo comunitario. La mina invierte en proyectos de educación, sanidad e infraestructuras en las comunidades circundantes, contribuyendo así al bienestar general de la región. Junto con los dispositivos de seguridad integrados, estas iniciativas de desarrollo han contribuido a mejorar las relaciones comunitarias.

Con un dispositivo de seguridad sólido e innovador, que incluye tanto una policía de proximidad como una seguridad privada responsable, la mina no sólo garantiza la protección de sus valiosos recursos, sino que también fomenta un entorno seguro y próspero para sus trabajadores y las comunidades vecinas.

El Entorno de Seguridad: Del Conflicto a la Participación Comunitaria

Problemas de seguridad en la pila de rocas (con la amable autorización de AngloGold Ashanti)
Multitudes recogiendo del montón de rocas desechadas (con la amable autorización de AngloGold Ashanti)

La seguridad en GGM tuvo grandes dificultades en el pasado, con altos índices de incursiones e incidentes, invasiones de fosos, robos y colusión. Como consecuencia, aumentaron las lesiones del personal de seguridad y las lesiones y muertes de terceros. La ruptura general de las relaciones con la comunidad también provocó trastornos en las operaciones comerciales. Estos problemas continuaron a buen ritmo entre 2010 y 2015, con un máximo de 15.000 incursiones en una semana concreta de 2015.

En los alrededores se practica la minería artesanal y comunitaria. La población de Geita ha crecido significativamente en los últimos veinte años, con cientos de miles de personas atraídas a la zona por el atractivo del oro. Hay dos zonas mineras comunitarias activas dentro de la concesión. En lugar de intentar cerrar estas zonas, AGA coexiste con estas comunidades. La concesión es también una zona forestal protegida. En la zona predominan la ganadería y el pastoreo. Esto también puede ser una fuente de conflicto, ya que los pastores atraviesan ilegalmente la concesión y la zona forestal protegida.

Antes de 2014, el uso de la fuerza o la amenaza del mismo se utilizaba como herramienta principal para combatir las incursiones en el lugar. Sin embargo, quedó claro que no era una estrategia eficaz y que, por el contrario, estaba exacerbando una relación ya de por sí difícil con la comunidad circundante.

Como se ilustra en el gráfico siguiente, en la última década se ha producido una reducción significativa de las incursiones en la concesión como resultado de la aplicación del «Plan de Cinco Puntos – Seguridad Reforzada de la Comunidad».

Como miembro de la Iniciativa de Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR), AGA informa anualmente sobre incidentes de seguridad. A continuación figuran los datos correspondientes a 2021 y 2022 para sus minas con sede en África, incluida Geita.

Víctimas mortales y heridos, relacionados con intervenciones del personal de seguridad, en las operaciones de AngloGold Ashanti en 2022 y 2021 – Informe plenario del VPSHR

Siete Secretos del Éxito

Muchos factores han contribuido a una relación más armoniosa entre la mina y la comunidad circundante. Sin duda, el innovador acuerdo de seguridad ha sido clave, combinado con programas equitativos de desarrollo comunitario. Siete factores, que se detallan a continuación, han sido decisivos. Los cinco primeros son los componentes del dispositivo de seguridad integrado en la mina. Los dos últimos se refieren a la cultura corporativa más amplia de AGA en GGM.

  1. Seguridad interna – Liderazgo comprometido e innovador
    2. Seguridad privada – Contratación de un proveedor responsable
    3. Policía – Principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos
    4. Policía de proximidad – Integral para la seguridad y las relaciones con la comunidad
    5. Uso de la tecnología – Seguridad sin fronteras
    6. RSC – Inversión en la comunidad
    7. Cultura empresarial – Alineación basada en valores

1. Seguridad interna – Liderazgo comprometido e innovador

El Jefe Global de Seguridad de AGA ha desempeñado un papel decisivo en la dirección del equipo de seguridad de GGM. Como parte del Equipo de Liderazgo en Sostenibilidad de la empresa, su trabajo en todas las funciones de sostenibilidad le ha permitido apreciar el importante papel que puede y debe desempeñar el compromiso con la comunidad en las operaciones cotidianas de la organización. Esta es sin duda una de las razones por las que el equipo de seguridad de GGM no trabaja de forma aislada, sino que colabora en todas las funciones para garantizar la seguridad de todas las personas (internas y externas).

El equipo de seguridad de GGM, casi todos tanzanos y algunos locales, tiene los conocimientos locales y la experiencia práctica necesarios para poner a prueba y ampliar lo que algunos pueden considerar un sistema de seguridad integrado poco ortodoxo. El Director de Seguridad de la mina es un empleado local de la comunidad de Mara, pero vive en Geita desde la edad escolar y ha ido ascendiendo en la empresa, empezando como guardia de seguridad. Tiene mucha experiencia y una capacidad excepcional.

Conoció de primera mano las deficiencias de los enfoques de seguridad tradicionales, en los que el uso de la fuerza y la disuasión a través de la exhibición del uso de la fuerza eran las principales herramientas utilizadas. De hecho, según él, la primera victoria rápida en el emplazamiento fue poner fin al uso de munición real por parte de todos los proveedores de servicios de seguridad (privados y públicos) e imponer la adhesión al continuo uso de la fuerza. Todo el personal de seguridad que trabaje en la concesión debe recibir formación obligatoria sobre derechos humanos y sobre los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (VPSHR). Este requisito de integrar la formación en derechos humanos en las operaciones de seguridad, impuesto por AGA, ha tenido importantes efectos positivos.

En 2016, el Director de Seguridad de GGM, bajo la orientación y dirección del Jefe Global de Seguridad de AGA, puso a prueba un modelo de policía de proximidad. Una vez comprobado su éxito, el programa se amplió a todo el centro. El Director de Seguridad ha adoptado plenamente el modelo de policía de proximidad, afirmando que el objetivo del programa no es combatir a los delincuentes, sino compartir los beneficios de la GGM de forma más equitativa dentro de la comunidad: «Todo el mundo tiene que beneficiarse de los frutos de la GGM». El Director de Seguridad ha tomado las directrices de la cúpula de la empresa, las ha puesto en práctica y las ha adaptado al contexto local.

En GGM, la seguridad está integrada en todas las decisiones, y el Director de Seguridad es un miembro de confianza del equipo directivo de la planta, al que se consulta regularmente para obtener asesoramiento sobre cuestiones sociales y de seguridad y antes de desarrollar cualquier proyecto. Así, la seguridad se integra en cada plan de proyecto y se introduce y aplica como concepto de «responsabilidad compartida» en los procesos operativos cotidianos. Esto garantiza que la seguridad no se convierta en una idea tardía.

Del mismo modo, el jefe de la unidad de policía de proximidad de GGM es miembro del equipo superior de seguridad interna. Ex policía, se ha integrado en las comunidades en las que opera el proyecto y es conocido y respetado por ellas. Participa en todo el proceso de contratación y formación y forma parte del comité directivo del proyecto. Al haber pasado de la policía pública al equipo interno de seguridad de GGM, también es conocido y respetado por la policía, que tiene la responsabilidad última y el mando sobre el programa.

La seguridad interna cuenta con 195 efectivos a pleno rendimiento. La seguridad está incluida tanto en las minas a cielo abierto como en las subterráneas. Existe una división especial dentro del departamento de seguridad interna que se encarga de la seguridad subterránea especializada. Los coordinadores de turno se encargan de las operaciones sobre el terreno.

En el siguiente vídeo, el Director de Seguridad de GGM comparte sus impresiones sobre:

  • La historia de la seguridad en GGM;
  • El enfoque evolutivo de la empresa en materia de seguridad en el emplazamiento, incluido el desarrollo de un programa de policía de proximidad como elemento crítico de un enfoque integrado;
  • El uso de la tecnología para la seguridad.

Suleiman Machira, Director de Seguridad, GGML

Vea la entrevista completa aquí

Recomendaciones

  • Permitir que el personal superior de seguridad se beneficie de una experiencia más amplia en relaciones con la comunidad dentro de la organización.
  • Promover el talento local experimentado a puestos de seguridad de alto nivel. Esto ayuda a garantizar que los dispositivos de seguridad se adaptan adecuadamente a los contextos locales y fomenta la confianza con las comunidades locales.
  • Reclutar candidatos capaces de la policía pública ayuda a tender puentes con las fuerzas de seguridad pública.

 

2. Seguridad Privada: Contratación de un proveedor responsable

GGM contrató a SGA Security, una empresa certificada por ICoCA en 2018. Hay otras empresas de seguridad privada subcontratadas que operan en los alrededores del emplazamiento cuyos contratos no son directamente con GGM. La principal empresa subcontratada es GardaWorld, otra empresa Certificada ICoCA, que proporciona seguridad a la empresa de perforación contratista. SGA Security cuenta con 700 efectivos en GGM cuando está a pleno rendimiento. Los guardias se dividen en no armados y con armamento menos letal (sin munición real).

 

SGA Security – La Visión Desde la Delta Dirección

SGA Security se hizo cargo del contrato en GGM en 2018. La dirección de SGA Security sabía que sería un contrato difícil, dada la problemática historia de la mina. Las intrusiones se han reducido en más de un 80 % desde que se hicieron cargo del contrato y SGA ha sido un contribuyente clave. Uno de los secretos del éxito, desde el punto de vista del Director Gerente, es que antes de su despliegue, el personal de SGA recibe formación sobre el respeto de los derechos humanos. La formación de repaso sobre estas cuestiones se imparte a diario (véase la entrevista en vídeo con Edward Diswas). El compromiso de las partes interesadas entre los cuatro agentes que componen el dispositivo de seguridad (seguridad interna, seguridad privada, policía y policía comunitaria) también ha sido un factor clave del éxito en el emplazamiento. La seguridad privada, junto con la policía comunitaria, constituyen el contingente más numeroso. Su integración y asociación con el equipo de seguridad interna de GGM y la policía da como resultado un enfoque bien coordinado, con el proveedor de seguridad privada.

La gestión de incidentes y la supervisión y evaluación del rendimiento han sido fundamentales. SGA Security utiliza «pruebas de penetración», es decir, crea intencionadamente una situación sin que el personal al que se somete a la prueba lo sepa, para ver cómo responde y reacciona el personal. El seguimiento de la reacción del personal en estas condiciones controladas permite extraer enseñanzas que se comparten con el miembro o miembros del personal que han sido objeto de seguimiento, así como con el resto del personal de vigilancia. Para probar el uso mínimo de la fuerza, por ejemplo, pueden enviar a alguien a agredir a los guardias para ver cómo reaccionan, y controlar y grabar su reacción. Para probar la colusión, pueden plantar algún producto (por ejemplo, oro o piedras de oro) y poner a prueba a los guardias en el control de acceso para ver si confiscan el producto o se confabulan con la persona que lo está sacando de contrabando. Los controles de este tipo se utilizan como escenarios de aprendizaje para el resto de los guardias.

Las unidades de respuesta rápida son fundamentales para hacer intervenir a la policía cuando sea necesario. El continuo del uso de la fuerza se aplica a estos diferentes actores, siendo la policía la máxima autoridad para hacer un uso razonable de la fuerza.

Los SGA han desarrollado su propia formación, ya que no existe una formación estándar nacional para la seguridad privada. En cuanto a los elementos de derechos humanos de esta formación, la empresa integra gran parte del contenido de las formaciones en línea impartidas por ICoCA y AGA en sus propias formaciones presenciales, y todos los altos directivos de la empresa se inscriben y completan el curso.

En el siguiente vídeo, Eric Sambu, Director General de SGA Security, Tanzania, comparte sus impresiones sobre:

  • SGA Security, por qué la empresa se unió a ICoCA, el impacto que esto ha tenido para la empresa;
  • Cómo enfoca la empresa su compromiso con las normas internacionales en las prácticas de seguridad privada;
  • Cómo ha abordado la empresa el contrato con AGA en GGM y las políticas, procesos y prácticas que han establecido para institucionalizar prácticas de seguridad responsables en la mina.

Eric Sambu, Director General, SGA Security

Vea la entrevista completa aquí

 

En el siguiente vídeo, Joakim Sabana, Director de Operaciones de SGA Security, Tanzania, habla de:

  • La formación de SGA sobre el impacto de los derechos humanos en la comunidad;
  • Los diferentes componentes del marco de seguridad en torno a la mina, incluidos:
  • la seguridad interna, la policía, SGA Security, la policía de proximidad;
  • El proceso de selección y formación de la policía de proximidad;
  • Cómo crea SGA confianza con la comunidad circundante a la mina.

Joakim Sabana, Director de Operaciones, Seguridad SGA

Vea la entrevista completa aquí

 

SGA Security – Desafíos para los RRHH en la gestión de una Sede Remota

SGA Security ha desarrollado una sofisticada función de recursos humanos que se establece y supervisa desde Dar es Salaam, pero se gestiona localmente desde Geita. Los altos directivos de la empresa viajan con frecuencia a la mina para reunirse periódicamente con el jefe de obra y escuchar las quejas contra la empresa.

  • Reclutamiento – Se publican anuncios en los medios de comunicación locales para dar a conocer las oportunidades a los habitantes de la zona. Los candidatos proceden en primer lugar del cuerpo de reserva (servicio nacional – JKU). A partir de ahí, se tienen en cuenta otros criterios mínimos, como el nivel de estudios y la edad. En GGM, se les exige que recluten en la comunidad de Geita, la misma en la que se llevará a cabo la misión. La GGM también ha pedido a SGA Security que dé prioridad a la contratación de personal procedente de la creciente reserva de policías de proximidad. Esto hace que las funciones de policía comunitaria sean más atractivas, dadas las mayores oportunidades profesionales que estos puestos pueden abrir potencialmente. SGA Security implica a todas las partes interesadas, por ejemplo, se consulta al equipo de seguridad regional de la fuerza de reserva nacional para verificar los certificados de los candidatos. Existe la convicción de que los derechos humanos empiezan en el proceso de contratación: «Es el derecho a tener la oportunidad de un medio de vida digno». Quien es seleccionado lo es por sus méritos, quien queda fuera es porque no tenía las cualificaciones requeridas. El equipo regional de RRHH y el director de RRHH, que se desplaza a la región para supervisar el proceso de contratación, mantienen un nivel mínimo de calidad. Todos los miembros del equipo directivo realizan comprobaciones periódicas antes, durante y después de la contratación.
  • Verificación de antecedentes: los candidatos son sometidos a una verificación de antecedentes. Esto incluye la obtención de referencias de anteriores empleadores, del equipo de seguridad regional de la fuerza de reserva, etc. También se realiza un control forense en colaboración con el Ministerio del Interior y la policía, para garantizar que no tienen antecedentes penales ni otras señales de alarma en su historial. Una vez completados los procesos internos y externos, se hace una oferta al candidato.
  • Formación – Junto con la formación que han recibido a través del programa JKU (9 o 6 meses de formación), los guardias realizan a continuación una formación de dos semanas. Como ya se ha mencionado, la formación en derechos humanos de ICoCA se ha incorporado a los cursos de formación y a los manuales de formación de SGA Security. Ebenezer afirma que «ICoCA ha sido un gran socio. El apoyo que hemos recibido ha moldeado completamente el equipo de gestión y nuestras operaciones. Hoy pregunte a cualquier guardia qué son los derechos humanos y le aseguro que se sorprenderá de las respuestas que obtendrá». (véase más abajo la entrevista con Edward Diswas).
  • Progresión profesional – SGA Security ha puesto en marcha planes de progresión profesional para los vigilantes de seguridad. Por ejemplo, a los candidatos internos se les ofrecen oportunidades para puestos más altos. El director de seguridad de GGM es un buen ejemplo de alguien cuya carrera ha progresado dentro de la empresa. Era vigilante hace sólo cinco años, cuando se incorporó a la empresa. Tras unos pocos años como vigilante, fue ascendido a un puesto directivo y ahora tiene a su cargo a unos 600 empleados.

Trabajar en un emplazamiento remoto presenta algunos retos únicos para los vigilantes, que SGA Security ha abordado de la siguiente manera:

Como el emplazamiento incluye puestos remotos, el acceso al emplazamiento es difícil – SGA Security organiza y proporciona transporte coordinado al emplazamiento.
Debido a la ubicación remota de los puestos, la comida puede ser de difícil acceso – SGA Security proporciona las comidas a medida que el personal llega al trabajo.
El pago de los salarios a veces puede resultar complicado debido a fallos en los sistemas bancarios en línea – SGA Security ha trabajado con los bancos para solucionar los problemas con el sistema de pago de salarios.
En la mayoría de los casos, el salario mínimo no es suficiente para mantener a los guardias: SGA Security paga a sus guardias por encima del salario mínimo.

En el siguiente vídeo, Ebenezer Kaale, Director de RRHH de SGA Security, nos explica cómo afronta SGA Security el establecimiento de una gran operación de seguridad en un nuevo emplazamiento remoto como GGM.

Ebenezer Kaale, Director de RRHH, SGA Seguridad

Vea la entrevista completa aqui

 

El Papel de SGA en GGM

En el vídeo que figura a continuación, Dickson Webi y una de las agentes de seguridad hablan de las disposiciones de SGA Security en GGM:

  • La interacción entre SGA Security, el programa de policía de proximidad, la seguridad interna de GGM y la policía;
  • Los requisitos de contratación de SGA, que incluyen la prueba de haber completado la formación militar con JKT (9 meses de formación) o Mgambo (6 meses de formación), una educación secundaria y una edad mínima de 21 años;
  • Progresión profesional;
  • Tratamiento y formación del personal.

Dickson Webi es licenciado en ingeniería. De los 700 guardias de seguridad de SGA en GGM, 169 son licenciados universitarios. Trabajar para SGA Security, un proveedor de seguridad privada responsable que paga a su personal un salario justo, un empleo en SGA Security también presenta oportunidades profesionales reales. Como vigilante de seguridad privada en GGM, pueden ganar un sueldo mejor que el de muchas otras profesiones. En cinco años con SGA, Dickson ha pasado de ser vigilante de seguridad a dirigir un centro de 700 personas.

Dickson Webi, Director de Seguridad de la Mina de Oro de Geita, SGA Security

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El Responsable de Seguridad de Primera Línea

En el vídeo que figura a continuación, Edward Dismas, oficial de seguridad de SGA security, describe los marcos de derechos humanos en los que ha recibido formación y las repercusiones de la misma.

Entrevista con Edward Dismas, Responsable de Seguridad de la Mina de Oro de Geita, SGA Security

Recomendaciones

  • Contratar empresas certificadas por ICoCA. Esto demuestra la aplicación del VPSHR y garantiza una prestación de seguridad privada responsable, con una gestión comprometida y una mano de obra bien formada y tratada de forma justa, plenamente versada en derechos humanos y derecho humanitario internacional.
  • Contratación local. Esto ofrece oportunidades profesionales a la comunidad local, refuerza aún más las relaciones entre el cliente y la comunidad en la que opera y contribuye a la licencia social para operar.
  • Integrar al proveedor de seguridad privada, idealmente un miembro certificado por ICoCA, en todos los acuerdos de seguridad. Esto tiene un impacto positivo en los demás actores de la seguridad, ya que se reproducen las mejores prácticas y se transmiten los conocimientos a lo largo de la cadena.
  • Maximizar las responsabilidades de los proveedores de seguridad responsables, por ejemplo, permitirles llevar armas de fuego no letales, ya que pueden ser un importante elemento disuasorio que les permita evitar llamar a la policía.

 

3. La Policía – Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos

El papel de la policía en la GGM se reduce al mínimo, como demuestra su escaso número. Se recurre a ellos para tareas que las demás funciones de seguridad (seguridad interna, contratista de seguridad privada, policía comunitaria) no están autorizadas a llevar a cabo, sobre todo protección/escondite/transporte de lingotes de oro, arrestos, detenciones y para hacer frente a situaciones peligrosas en las que puede ser necesaria la máxima fuerza. Hay entre 40 y 80 policías asignados al emplazamiento en todo momento, dependiendo del entorno operativo. La policía reside en un campamento dentro de la concesión. El número varía en función de las necesidades de cada momento. Cuando los proveedores de seguridad privada patrullan las instalaciones, se produce una combinación de policía y seguridad privada. Se recurre a la policía en las operaciones de mayor riesgo, como donde se almacena el producto y cuando se realiza un envío de lingotes. La Policía lleva AK-47, pero la seguridad interna no está autorizada a portar estas armas de fuego. Los policías con armas letales también deben desplegarse con uno que lleve armas no letales, como balas de goma y gases lacrimógenos. De este modo, la policía puede aplicar un continuo de uso de la fuerza, escalando gradualmente su respuesta a los intrusos si es necesario, en lugar de responder inmediatamente con munición real. La policía tomaría el relevo si se produjeran incidentes de disturbios en la comunidad, pero esto no ha ocurrido en los últimos años desde que se instituyó el programa de policía de proximidad.

Todos los policías empleados en el lugar deben recibir formación sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos (VPSHR). Realizan rotaciones de dos semanas en el emplazamiento.

La policía también participa activamente en la investigación de antecedentes del personal de seguridad privada. La investigación policial incluye la determinación de cualquier antecedente penal u otras señales de alarma.

La policía también es responsable en última instancia de los agentes de la policía comunitaria, incluida su formación.

Reunión del personal de ICoCA con la policía de Geita

Recomendaciones

  • Reconocer las limitaciones de recursos con las que a menudo opera la policía pública y centrar su intervención en aquellas tareas que otros agentes de seguridad no están autorizados a realizar.
  • La policía de reserva, como última línea de defensa, debe asegurarse de que lleva armas de fuego no letales y de que, por tanto, puede hacer un uso continuado de la fuerza, utilizando siempre el mínimo necesario en cada situación.
  • Reconocer el papel fundamental que desempeña la policía integrándola en el dispositivo de seguridad más amplio e implicándola en la formación.

 

4. Policía de Proximidad: Parte Integrante de la Seguridad y las Relaciones con la Comunidad

Programa Piloto y Estructura

Revisión de las listas de candidatos seleccionados para la nueva incorporación de agentes de policía comunitaria

Entre 2015-16, se puso en marcha un proyecto piloto de policía de proximidad en 2 localidades en las que se originaba el 60-70% de las incursiones. El programa se puso en marcha por tres motivos principales:

Abordar la actividad delictiva, incluidas las incursiones en los alrededores;
Hacer frente a la delincuencia y los males sociales de la comunidad;
Ofrecer oportunidades de empleo a las comunidades circundantes;
Para hacer frente a la escasez de recursos y la falta de capacidad de la policía y para apoyar a la policía – apoyar la creación de capacidad para la aplicación de la ley local.

El proyecto piloto en la aldea de Nyakablae, una comunidad que vive dentro de la concesión con procesamiento ilegal de GBM que representaba el 60% de las incursiones ilegales en ese momento. El programa piloto se desarrolló entre 2015/16 y 2020. Este periodo de cuatro años dio tiempo suficiente para estudiar los efectos y las deficiencias del programa, y permitió al equipo iterar y probar adaptaciones del enfoque. La primera ronda de contrataciones incluyó 131 policías comunitarios, que recibieron formación de diversas partes interesadas, entre ellas la policía y los funcionarios de inmigración, ya que también hay problemas de inmigración ilegal procedente de países vecinos.

La policía de proximidad se contrata cada doce meses a través de comités de calle, con la participación de los equipos de seguridad y de responsabilidad social corporativa. Los comités de calle están formados por representantes de la comunidad elegidos democráticamente. El deber de cada comité de calle es garantizar que protegen los beneficios de GGM para la comunidad a la que representan. Cada comité de calle tiene dos subcomités: uno de desarrollo y otro de seguridad y defensa. GGM hace una contribución financiera a los comités de calle, una parte de la cual se utiliza para pagar a la «policía» comunitaria a través del comité de seguridad y defensa, y el resto se destina a financiar programas de desarrollo comunitario según lo determinado por los comités de desarrollo. Aunque un comité directivo supervisa al equipo de policía comunitaria, el cuerpo de policía tanzano mantiene el control último. La GGM ha firmado un Memorando de Entendimiento con la Policía tanzana a este respecto.

La policía comunitaria se contrata únicamente por un período de doce meses. Esta rotación anual es un elemento crucial del acuerdo. En cambio, algunas otras minas de Tanzania han adoptado un programa de policía comunitaria, en el que los policías comunitarios son contratados por periodos mucho más largos, incluso de hasta diez años. Sin embargo, esta permanencia prolongada en el puesto puede dar lugar a corrupción y connivencia, provocando tensiones dentro de la comunidad entre los que tienen trabajo y los que no. Un contrato de 12 meses claramente definido, sin expectativas de continuidad, ayuda a evitar las trampas de la captura de la comunidad y previene la exacerbación de las tensiones que pueden producirse por la protección de estos puestos tan codiciados.

Los candidatos al programa deben cumplir los siguientes criterios:

Ser residente permanente desde hace al menos cinco años;
Deben ser física y mentalmente aptos.
Deben tener más de 18 años y menos de 45 o más.

GGM imparte formación sobre los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, así como formación sobre seguridad.

Papel de la Policía Comunitaria

ICoCA Staff Meeting with Community Police & SGA Security at GGM Tailings Dam

La policía comunitaria actúa como primera línea de defensa, actuando como vigilantes en las zonas no activas de la concesión y a lo largo de los límites de la mina para vigilar y advertir a cualquiera que se adentre en la concesión o se acerque al emplazamiento activo de la mina; sin embargo, no se enfrentan activamente a los intrusos. En caso de intrusos, la policía comunitaria informa al centro de control de seguridad, que cuenta con cámaras de vídeovigilancia estratégicamente situadas a intervalos regulares en torno a la concesión y pone en marcha los equipos de respuesta necesarios. Éstos comparten información sobre el número de intrusos, la ubicación de su entrada, etc. Esta información es tratada por la seguridad interna de Geita, que tomará las medidas oportunas.

También actúan como guardianes de la reserva forestal de Geita realizando patrullas forestales, asegurándose de que no haya ninguna actividad ilegal dentro de la zona forestal. La policía comunitaria también actúa como recopiladora de información dentro de la comunidad, para ayudar a la policía a mantener la ley y el orden.

Llevan un mono verde como uniforme y utilizan equipos de protección individual (EPI) si están destinados en una zona que lo requiera. No van armados ni llevan armas. Una ventaja potencial del uso de la policía comunitaria es que es menos probable que se produzcan agresiones con intrusos procedentes de las zonas circundantes, ya que los propios policías comunitarios son también miembros de la comunidad circundante.

La policía comunitaria colabora con el proveedor de seguridad privada. En el momento de documentar este caso, el proveedor era SGA Security, una empresa certificada por ICoCA.

Impacto del Programa

Los resultados del programa piloto de policía comunitaria son claros. No sólo disminuyeron significativamente las incursiones durante la fase piloto, sino que también se redujeron los delitos en la comunidad, incluidas las violaciones y los robos. Gracias a ello, la comunidad vio los beneficios de la iniciativa y la apoyó. Desde entonces, el programa de policía de proximidad se ha extendido a 15 comunidades de los alrededores, empleando actualmente a un total de 957 personas como policías de proximidad en la concesión y sus alrededores. El mayor reto para la policía comunitaria es la enorme extensión de la zona que deben patrullar, pero reciben ayuda de las patrullas de seguridad de la SGA.

Como afirma el director de seguridad de GGM: «No puedes quitarle la seguridad a la comunidad. Necesitas que la comunidad se sienta parte del negocio… el programa de policía de proximidad ha proporcionado a GGM la licencia social para operar». La aspiración para 2030 de la división de seguridad de GGM es «integrar la seguridad en la comunidad». El programa de policía comunitaria también ofrece otras oportunidades a los miembros de la comunidad que han recibido formación. Algunos policías comunitarios son contratados por empresas de seguridad privadas, otros optan a puestos en la policía pública y otros son contratados por las autoridades locales. SGA Security, el proveedor de seguridad de GGM en el momento de redactar este informe, confirmó que dan prioridad a quienes han pasado por el programa de policía comunitaria. Como declaró el director de seguridad de GGM, «el programa de policía de proximidad permite a los niños conocer el mundo laboral, y es importante para ayudarles a forjar sus vidas. […] Cuando los miembros de la comunidad ven el impacto de la policía comunitaria en su familia, todos quieren formar parte de ella». La policía también confirmó que el programa de policía de proximidad proporciona a las personas aptitudes y una ética del trabajo que las prepara para futuras oportunidades. Los sueldos que perciben los policías comunitarios han servido a algunos de ellos, incluidas las mujeres, como capital inicial para poner en marcha sus propias empresas. Del lote inicial de 120 policías comunitarios, un año después de terminar sus misiones, 85 habían sido contratados en el sector de la seguridad privada.

El programa de policía comunitaria es una de las principales razones por las que la necesidad de recurrir a la fuerza ha disminuido significativamente, y ahora hay relativa paz y seguridad en la zona. Esto se debe en gran parte al entendimiento mutuo que se ha desarrollado entre la GGM y la comunidad circundante debido al sentido de pertenencia que ha imbuido el programa de política comunitaria.

Aspectos Mejorables

Siempre hay áreas de mejora. Uno de ellos podría ser el aumento de los salarios de los agentes de la policía comunitaria. Esto sería especialmente importante en el caso de las agentes de policía comunitaria, ya que las mujeres suelen devolver al hogar un porcentaje mayor de su salario que los hombres y utilizan sus ingresos para obtener los recursos financieros necesarios para crear pequeñas o medianas empresas. Otra área sería crear más oportunidades profesionales para los antiguos policías comunitarios, ya sea en el sector de la seguridad privada, en el cuerpo de policía, en otros puestos de la administración local o incluso dentro de la GGM.

En el vídeo siguiente, Mihinzo E Tumbo, Superintendente de Seguridad de la GGML, comparte sus ideas sobre el programa de policía comunitaria, que él dirige.

Mihinzo E Tumbo, Superintendente de Policía Comunitaria, GGML

Vea la entrevista completa aqui 

Recomendaciones

  • Incorporar de forma experimental a la comunidad en los dispositivos de seguridad, dar tiempo para iterar y aprender de las lecciones antes de ampliarlos.
  • Potenciar las estructuras de gobernanza comunitaria existentes integrando la vigilancia comunitaria y vinculándola al desarrollo de la comunidad.
  • Promover la seguridad comunitaria con el doble objetivo de mejorar la seguridad de la comunidad y de la empresa.

 

5. Uso de la Tecnología – Seguridad Sin Fronteras

La tecnología se utiliza ampliamente en los componentes de seguridad y protección de las operaciones en GGM. En total, hay 445 cámaras de CCTV. El CCTV utiliza cámaras térmicas de alta gama con un alcance y una sensibilidad nocturna impresionantes; por ejemplo, el alcance de las torres de CCTV es de hasta 10 km. Esto reduce la carga de las patrullas, ya que las torres de CCTV se colocan a intervalos regulares en los límites del recinto para permitir la vigilancia de amplias zonas y la detección proactiva de amenazas. También se utilizan cámaras de vigilancia en todos los vehículos y se están introduciendo cámaras corporales para facilitar las investigaciones en respuesta a posibles denuncias de abusos de los derechos humanos por parte de los guardias de seguridad.

Aunque no hay frontera física, ni muro ni valla, las torres de CCTV junto con las balizas y rocas pintadas colocadas cada 500 metros en las zonas forestales y cada 200 metros en las zonas pobladas, actúan esencialmente como mojones (acordados con las comunidades), dejando claro a cualquiera que se acerque a la concesión dónde empiezan las instalaciones de la mina. En las zonas donde hay actividades de MAPE, GGM también ha introducido carreteras junto a la concesión para mostrar el límite. La colocación y el pintado de las rocas fue el resultado de un proyecto de implicación de la comunidad llevado a cabo en 2012 para concienciar y llegar a un acuerdo con la comunidad sobre los límites de la concesión. En aquel momento, AGA tomó la decisión deliberada de no construir un límite (muro/valla), ya que la dirección de la empresa creía que contribuiría a crear un sentimiento de división entre la mina y la comunidad circundante, creando una sensación de nosotros contra ellos. La ausencia de una frontera física ha contribuido a mejorar la relación y la sensación de confianza entre la comunidad y la empresa. Este proceso también ha contribuido al programa de vigilancia comunitaria, ya que la policía comunitaria puede denunciar las intrusiones registrando los incidentes . Se hace hincapié en el uso de la tecnología para mejorar la eficacia, reducir la intervención humana y, en última instancia, reducir el riesgo de colusión, que ahora es el mayor reto al que se enfrenta la mina dadas las importantes mejoras en las relaciones con la comunidad.

Recomendaciones

  • Aprovechar la tecnología para complementar los dispositivos de seguridad física: la vídeovigilancia y otras herramientas pueden sustituir a la necesidad de barreras.
  • Utilizar la tecnología de forma responsable, por ejemplo para responsabilizar a los guardias de seguridad mediante el uso de cámaras corporales.
  • Asegúrese de que la comunidad circundante participa y comprende cómo se despliegan las herramientas tecnológicas en el lugar.

6. RSE – Inversión en la Comunidad

Las iniciativas de RSC de GGML se esfuerzan por beneficiar a la sociedad y al medio ambiente, tal y como está arraigado en los valores de la empresa, que incluyen la transformación de las comunidades en un desarrollo sostenible autoimpulsado. El espíritu del programa de RSC es que la presencia de la mina beneficie a las comunidades circundantes.

La mina lleva ejecutando proyectos de RSC desde su creación en 2000 y ha gastado más de 100.000 millones de chelines tanzanos (unos 39 millones de dólares) en las áreas de Arte y Cultura, Desarrollo Socioeconómico, Infraestructuras, Educación, Salud, Medio Ambiente y Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas. En 2017, el gobierno de Tanzania introdujo la ley de RSC bajo la regulación de la Ley de Minería de 2010, Enmiendas Varias 2017, Sección 105. En 2023, el gobierno de Tanzania publicó además una directriz de RSC con el fin de regular las actividades de RSC en línea con la Ley de Minería. Desde 2018, la mina ha invertido más de 55 000 millones de chelines tanzanos (unos 21 millones de dólares) en el desarrollo de la comunidad.

Se han implementado más de 1300 proyectos entre 2018-2023, incluida la construcción completa y la remodelación de escuelas, la construcción de instalaciones sanitarias, proyectos de generación de ingresos, juventud, deportes y cultura, por nombrar algunos. Antes de 2018, la mina construyó y puso en marcha la Escuela Secundaria para Niñas de Nyankumbu, el Proyecto Magogo de Empoderamiento para Mujeres y Jóvenes, la renovación del hospital de referencia de Geita, la construcción de la estación de radio comunitaria y la comisaría de policía de Nyakabale y renovó la prisión de Geita. La mina también construyó el Centro de Orfanatos Moyo wa Huruma, que sigue recibiendo ayuda de la mina hasta la fecha. Un proyecto digno de mención fue también el proyecto de agua de Geita que, hasta la fecha, sigue proporcionando acceso al agua a las comunidades.

EDUCACIÓN

Escuela primaria en Katoma, distrito de Geita (con la amable autorización de AngloGold Ashanti)

 

Desde 2000 y como parte de la ley de RSC introducida en 2017, se han completado 1220 proyectos de infraestructuras relacionadas con la educación, tanto en escuelas primarias como secundarias. Esto incluye tejados, construcción completa de escuelas, aulas adicionales, construcción de casas para el personal, instalaciones de ablución, comedores y más. Además, se han fabricado más de 18.000 sillas y pupitres escolares y 700 dormitorios de dos pisos, que se han distribuido a las escuelas de Geita Town y Geita District Councils.

 

 

 

 

Nyankumbu Girls Secondary School (con la amable autorización de AngloGold Ashanti)

 

La construcción de la Escuela Secundaria Femenina de Nyankumbu sigue siendo uno de los proyectos clave de Geita. La escuela se construyó y se puso en marcha en 2014, y hasta la fecha se han llevado a cabo diversas actividades de apoyo y mejora que han costado 15.000 millones de chelines chinos (unos 5 millones de dólares). Las actividades de construcción incluyeron 21 aulas, modernas viviendas residenciales para 38 familias, una sala polivalente, nueve dormitorios, tres laboratorios y equipos asociados, un laboratorio de informática, un edificio de economía doméstica, una biblioteca, seis campos deportivos y tres bloques de abluciones. La escuela cuenta con 1100 alumnos matriculados y se ha convertido en una escuela de prestigio en la ciudad de Geita debido a su buen ambiente de aprendizaje y rendimiento.

 

 

SALUD

Nyamalembo dispensary covering the OPD building, staff house and ablution facilities (by kind permission AngloGold Ashanti)

 

Para promover y apoyar el acceso a una atención sanitaria de calidad, se han ejecutado más de 150 proyectos relacionados con la salud. Entre ellos se incluyen la renovación de instalaciones sanitarias, la construcción de dispensarios y edificios OPD, el techado y la finalización de proyectos iniciados por esfuerzos comunitarios, casas para el personal, instalaciones de atención a la salud reproductiva infantil, pabellones para pacientes, así como la compra de equipamiento médico para las distintas instalaciones sanitarias. También se prestó ayuda para la compra de ambulancias y el apoyo a las personas que viven con enfermedades transmisibles.

 

 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRICULTURA

Almacén de arroz de Saragurwa (por gentileza de AngloGold Ashanti)

 

GGML ha puesto en marcha varios proyectos generadores de ingresos para promover el desarrollo económico y medios de vida alternativos. La mina puso en marcha el proyecto de cultivo de arroz en la aldea de Saragulwa y construyó fábricas de producción de aceite de girasol en Kasota, Bulela y Bunegezi y distribuyó semillas de girasol a 7.000 agricultores (de los cuales 1967 son mujeres). Se inició la construcción de los armazones del mercado principal de Geita, que actúa como centro económico, y se completaron las dos primeras de las tres fases.

 

 

 

 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS PÚBLICAS

Carretera asfaltada del cuartel de Sirro (con la amable autorización de AngloGold Ashanti)

En los últimos años, GGML ha contribuido a la construcción y renovación de infraestructuras viarias públicas que permiten mejorar el transporte de personas, la accesibilidad y, en última instancia, el crecimiento económico. Este apoyo se materializó en la construcción de carreteras asfaltadas (cuarteles de Sirro, mercado de Katundu y carreteras asfaltadas de la Oficina Regional) y en la instalación de farolas alimentadas por energía solar en la ciudad de Geita. La mina también completó la construcción de las alcantarillas de Nyawilimilwa y Nyakaduha, junto con el acondicionamiento de la carretera Geita Bukoli y el inicio de la construcción de una carretera asfaltada que conecta con la carretera principal Geita-Mwanza. También se mejoró la carretera de acceso a la subasta de ganado de Katoro y se construyó el puente de Nyakabale para facilitar la movilidad y el acceso de la comunidad.

 

 

7. Cultura Corporativa – Alineación Basada en Valores

AGA es una empresa basada en valores, cuyo primer valor es el respeto por la seguridad, que exige el máximo respeto por los derechos humanos y la colaboración entre todas las partes interesadas.

AngloGold Ashanti Values – con la amable autorización de AngloGold Ashanti

AGA tiene cinco áreas estratégicas clave, la primera de las cuales es dar prioridad a las personas, la salud, la seguridad y la sostenibilidad. Según AGA, «esta área es la base de nuestro negocio y estrategia, garantizando la alineación entre nuestros valores y responsabilidades de ciudadanía corporativa, por un lado, y el crecimiento a largo plazo, la sostenibilidad y la rentabilidad del negocio, por otro». Los valores de AGA y su priorización estratégica de las personas, la salud, la seguridad y la sostenibilidad son evidentes en los tablones de anuncios de todo el centro y en las conversaciones con el personal.

Un tablón de anuncios en las oficinas de la GGM

El modelo empresarial que AGA ha desarrollado para ejecutar su plan estratégico incluye seis áreas focales. Tres de ellos están estrechamente relacionados con los valores de AGA y se ponen de manifiesto en el dispositivo de seguridad integrada de GGM. Esta cultura corporativa también es evidente en la selección del proveedor de seguridad privada, SGA Security. Como empresa certificada por ICoCA, SGA Security no es el proveedor de seguridad más barato que GGM podría haber elegido. Sin embargo, GGM ha tomado la decisión de invertir en un proveedor de seguridad que tiene los mismos valores que la empresa, como pagar un salario justo, investigar y formar adecuadamente a su personal, respetar los derechos humanos y proporcionar un entorno de trabajo profesional que ofrezca oportunidades de progresión. SGA Security paga por encima del salario mínimo, un puesto de trabajo en la empresa en GGM es un puesto codiciado. Lo que SGA Security y AGA entienden claramente es que un guardia de seguridad feliz y sano, pagado con un salario justo y respetado por el empleador y su cliente, tiene muchas menos probabilidades de confabularse con miembros de la comunidad o empleados de la mina para robar bienes de la empresa. El riesgo de perder el trabajo es demasiado alto.

GGM y SGA Security invierten en capital humano contratando y promocionando a personas muy capaces de la comunidad de Geita. Esto se extiende al programa de policía de proximidad. Al ofrecer buenas oportunidades profesionales a través de estas vías, esta inversión se traduce en capital social. El programa de policía de proximidad es un buen ejemplo de ello. Al integrar a la comunidad en el aparato de seguridad, la GGM ha ido más allá de la creación de confianza con la comunidad, integrando a la comunidad en el propio modelo de negocio. Al participar en marcos internacionales como VPSHR e ICoCA, GGM ha integrado sólidos marcos de gobernanza y sistemas de gestión, incluidos sistemas de gestión de riesgos, por ejemplo seleccionando una empresa de seguridad privada certificada por ICoCA, como SGA security, que ha obtenido múltiples normas ISO, incluida la ISO 18788. El uso inteligente de la tecnología en todo el dispositivo de seguridad también está optimizando la eficiencia en el emplazamiento, permitiendo una respuesta rápida y evitando situaciones complejas que pueden agravarse.

Elementos clave del modelo de negocio de AGA – con la amable autorización de AngloGold Ashanti

 

Recomendaciones

  • Alinear los valores de la empresa con el respeto de los derechos humanos y la seguridad responsable.
  • Alinear todos los elementos del aparato de seguridad con los valores de la empresa.
  • Seleccione un proveedor de seguridad privada que esté alineado con los valores de la empresa.

 

Conclusión

El innovador e integrado acuerdo de seguridad de GGM es un modelo instructivo del que podrían aprender otras explotaciones mineras, así como otras explotaciones relacionadas con el acceso a la tierra y a los recursos en general. Aunque ICoCA no sugiere un enfoque único para resolver problemas de seguridad arraigados o establecer nuevas operaciones de seguridad, el modelo de Geita contiene características que podrían transferirse eficazmente a otros contextos. Los elementos clave, sin ningún orden en particular, incluyen

  • un enfoque basado en valores, dirigido desde arriba, que tiene como núcleo el respeto de los derechos humanos, y que se extiende por toda la empresa y sus cadenas de valor;
  • aplicación demostrada de este enfoque en la contratación de proveedores de seguridad privada responsables que sean miembros de ICoCA;
  • construir una empresa que implique y beneficie a la comunidad en su núcleo, no sólo a través de inversiones en programas significativos de RSC, sino integrando a la comunidad en su aparato de seguridad más amplio;
  • tener un enfoque de seguridad de varios niveles, que ofrezca acciones y actores alternativos para la escalada, incluso a lo largo del continuo del uso de la fuerza, muchos de los cuales pueden estar directamente influenciados por la cultura corporativa de la empresa, incluido el respeto de los derechos humanos, evitando así una dependencia excesiva de la seguridad pública, que puede no estar tan inclinada o tan experimentada en el despliegue de habilidades blandas o el uso mínimo de la fuerza cuando se trata de intrusos.
  • La voluntad de probar enfoques poco ortodoxos, desechando el manual de seguridad tradicional, que rechaza la seguridad como una tarea discreta y limitada, y la sustituye por una que está integrada en las operaciones de la empresa en su conjunto y que incluye a la comunidad circundante en general.

ESCÁNDALO DE TRÁFICO SEXUAL EN BOSNIA TRAS EL CONFLICTO

Antecedentes

Tras la guerra de Bosnia, el gobierno estadounidense contrató a la empresa militar y de seguridad privada DynCorp para que proporcionara instructores y asesores policiales a la misión de la ONU en Bosnia a finales de la década de 1990. Agentes de distintos países trabajaron allí bajo el paraguas de DynCorp.

Kathryn Bolkovac era una agente de policía de Nebraska que se había incorporado a la Fuerza Internacional de Policía (IPTF) de la ONU y había llegado a Sarajevo (Bosnia) en 1999. Gracias a su experiencia en casos de abusos y agresiones sexuales a menores, era responsable de los casos de malos tratos domésticos en Zenica, especialmente en relación con las mujeres que habían sido violadas durante la guerra. En el transcurso de su trabajo, su interacción con una niña la puso al corriente de las violaciones y la prostitución infantil en la zona. Con las investigaciones posteriores, descubrió el tráfico generalizado de mujeres y niñas en Bosnia por parte de grupos armados y la implicación de las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz en esta red de prostitución. Supuestamente, según la policía local, la trata en esta zona comenzó con la llegada de las fuerzas de paz internacionales.

Bolkovac envió correos electrónicos detallando las revelaciones que había encontrado a más de 50 personas, incluidos funcionarios de la ONU, como Jacques Klein, representante especial del Secretario General de la ONU en Bosnia y funcionarios de DynCorp.

Los Incidentes

According to Bolkovac, women and girls were “introducidas clandestinamente en Bosnia para ‘trabajar como bailarinas, camareras y prostitutas’, obligadas a realizar actos sexuales con clientes para pagar deudas y, si se negaban, eran ‘encerradas en habitaciones sin comida durante días, golpeadas y violadas en grupo por los dueños de los bares y sus socios’”. Estas chicas eran objeto de tráfico desde Rusia, Rumanía, Moldavia, Ucrania y otros países de Europa del Este. Los burdeles se extendían por toda Bosnia, disfrazados de bares, restaurantes y clubes. Algunas de las víctimas tenían sólo doce años. Aunque se realizaron redadas en estos establecimientos, fueron ineficaces. A continuación, en octubre de 2000, Bolkovac envió los correos electrónicos a varios funcionarios en los que detallaba los abusos.

Tanto el relato de Bolkovac como el de Johnston detallan cómo algunos de los empleados de DynCorp compraban mujeres y niños y practicaban sexo libre en burdeles. Johnston comentó cómo algunos empleados se jactaban públicamente de comprar mujeres y tener una esclava sexual en casa. Uno de los supervisores de obra de DynCorp, a quien Johnston se había dirigido inicialmente para revelar el problema, admitió más tarde haber violado a dos niñas y haberlo grabado también en vídeo. Al parecer, aproximadamente el 30-40% de los clientes y casi el 70% de los ingresos procedentes de la trata en Bosnia procedían de personal internacional, incluida la SFOR (Fuerza de Estabilización), la policía de la ONU y otros empleados internacionales y humanitarios que trabajaban allí.

Según Bolkovac, DynCorp, responsable de la contratación de personal estadounidense en Bosnia, no seleccionaba bien a sus candidatos y a veces contrataba a personal con poca experiencia o historiales cuestionables. Esto les hacía más propensos a caer en connivencias con los grupos criminales locales.

Investigaciones

Aunque Johnston presentó denuncias internas en DynCorp, la empresa no tomó ninguna medida. Esto le llevó a dirigirse al Mando de Investigaciones Criminales de Estados Unidos, que corroboró algunas de sus denuncias. Aunque Johnston fue despedido por DynCorp en 2000, la empresa se mostró reacia a despedir a los empleados sobre los que Johnston se había quejado. En agosto de 2000, Johnston demandó a DynCorp y, en agosto de 2002, el caso se resolvió antes de llegar a juicio. Algunos de los empleados de los que Johnston se había quejado fueron despedidos o repatriados tras la intervención del Departamento de Estado estadounidense.

A raíz de los correos electrónicos de Bolkovac, fue degradada a un puesto de oficina y, más tarde, despedida por presunta falsificación de sus fichas horarias. En 2001 demandó a DynCorp por despido improcedente y ganó el caso a su favor en agosto de 2002. DynCorp se vio obligada a pagar a Bolkovac sólo 153.000 dólares por daños y perjuicios. Aunque DynCorp recurrió el veredicto, lo retiró posteriormente.

Ningún miembro de la policía de la ONU ni ningún empleado de DynCorp fueron procesados por tráfico de personas en Bosnia. En su lugar, fueron repatriados. Había ambigüedad sobre quién tenía autoridad para procesar. Dado que el ejército estadounidense no tenía jurisdicción sobre los contratistas civiles, el caso se transfirió a la policía bosnia. Sin embargo, la policía bosnia no estaba segura de si la inmunidad prevista en los Acuerdos de Paz de Dayton era aplicable a estos contratistas, por lo que no los procesó. En cuanto a DynCorp, despidió a siete de sus empleados por comprar mujeres, entre ellas menores de edad.

El Código Internacional de Conducta

Según el Código Internacional de Conducta, las empresas no pueden permitir que su personal participe o se beneficie de la explotación sexual, el abuso o la violencia de género o los delitos. Las empresas de seguridad deben exigir a su personal que se mantenga vigilante ante cualquier caso de violencia sexual o de género, y que denuncie estos casos a las autoridades competentes. (Explotación y abuso sexuales (EAS) o violencia de género (VG): párrafo 38)

Directrices para prevenir y abordar la explotación y el abuso sexuales

Recursos para prevenir la explotación y los abusos sexuales

El Código también establece que el personal de las empresas miembros y afiliadas no participará en la trata de personas y permanecerá vigilante ante tales casos e informará a las autoridades competentes cuando los descubra. El Código describe la trata de personas como »la captación, acogida, transporte, suministro u obtención de una persona para (1) un acto sexual comercial inducido por la fuerza, el fraude o la coacción, o en el que la persona inducida a realizar dicho acto no ha cumplido los 18 años de edad; o (2) trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción con el fin de someterla a servidumbre involuntaria, servidumbre por deudas o esclavitud» (párrafo 39).

El Código exige una rigurosa selección e investigación de antecedentes del personal, la evaluación de su rendimiento y funciones (párrafos 45 a 49), y la formación del personal sobre el Código y el derecho internacional pertinente, incluidos los derechos humanos y el derecho penal internacional (párrafo 55).

Recursos sobre las condiciones de trabajo

El Código también exige que se informe de cualquier incidente en el que esté implicado su personal y en el que se utilicen armas, se cometan actos delictivos, se lesionen personas, etc. (apartado 63). También exige el establecimiento de un procedimiento de quejas, denuncia de irregularidades y procedimientos afines para tratar las reclamaciones presentadas por el personal o por terceros en relación con el incumplimiento por parte de la empresa de los principios mencionados en el Código (párrafo 66-67).

El cumplimiento de los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada esté cualificado, formado, respaldado, informado y sea responsable.

Impacto

A pesar de que DynCorp básicamente hizo la vista gorda ante las acciones cometidas por sus empleados, al tiempo que era consciente de las atrocidades en las que éstos participaban, mantuvo su contrato con el Gobierno estadounidense por su trabajo en Bosnia. En 2003 también obtuvo un lucrativo contrato con el Departamento de Estado estadounidense para su operación de ‘Guerra contra el Terror’.

En 2007, la ONU creó una Unidad de Conducta Disciplinaria (CDU) para abordar cuestiones similares. Esta iniciativa siguió sin ser suficiente, ya que se produjeron varios incidentes posteriores.

La historia de Bolkovac se adaptó posteriormente a una película en 2010 y se proyectó en la sede de la ONU en Nueva York en 2010.

Debate

¿Cuáles deberían ser las características clave de un proceso de investigación adecuado?

Discuta cómo un mecanismo interno de quejas mejor equipado podría haber ayudado a evitar que se produjeran más violaciones (como cuando Johnston se quejó inicialmente).

Incidentes relacionados

Fuentes

 

 

Este caso ha sido preparado por Shilpa Suresh, Graduate Institute of International and Development Studies.

ABUSOS Y MALOS TRATOS A MENORES EN EL CENTRO DE FORMACION DE MEDWAY

Antecedentes

El Medway Secure Training Centre (STC) se creó en 1998 para alojar a menores de entre 12 y 18 años que cumplen una pena privativa de libertad o han sido puestos en prisión preventiva por los tribunales. Tiene capacidad para 67 menores a la vez. Desde su creación en 1998, G4S ha sido responsable de la gestión del centro. Ya en 1999, los inspectores informaron de que el personal carecía de las competencias, cualificaciones o experiencia necesarias para trabajar con niños vulnerables y volátiles. Como consecuencia, recurrían en exceso al uso de medios de contención.

Según The Guardian, dos denunciantes afirmaron en 2003 que el personal y el jefe de los servicios infantiles de G4S en Medway STC abusaban de los internos. El profesor John Pitts, experto en delitos juveniles y justicia juvenil, se había puesto en contacto con las autoridades pertinentes en nombre de los denunciantes, pero solo recibió una breve respuesta de uno de los organismos con los que se había puesto en contacto. Un artículo de The Guardian en 2016 reveló cómo en 2010 una chica de quince años sufrió un aborto espontáneo en Medway sin recibir ningún tipo de atención hospitalaria. Solo después de una semana y media fue llevada al médico. Así pues, hubo múltiples denuncias contra el CCT de Medway antes de 2016.

G4S también era responsable de la gestión de algunos de los otros Centros de Formación Segura (STC) de Inglaterra. En 2004, la empresa quedó en el punto de mira después de que un chico de 15 años muriera en un terrible incidente en el STC de Rainsbrook. Incluso después de otros múltiples incidentes y de la pérdida de contratos para otros STC (como Rainsbrook), en 2015, G4S volvió a ganar el concurso para gestionar el STC de Medway durante otros cinco años. Una inspección realizada en 2014 por Ofsted (oficina para los Estándares en Educación, Servicios Infantiles y Habilidades) había determinado que el STC de Medway era »bueno con algunas características sobresalientes» e informó de que el centro estaba tranquilo y ordenado.

Los Incidentes

Los incidentes recogidos en el documental de Panorama de 2016 fueron filmados en secreto en 2015 e incluían casos como presiones fuertes en el cuello de los niños, varias bofetadas en la cabeza a un adolescente, el uso de técnicas de inmovilización autorizadas solo para situaciones graves (métodos que organismos como el Comité contra la Tortura de la ONU y la Inspección de Prisiones de Su Majestad habían recomendado prohibir) y el uso de lenguaje soez y amenazas a los niños por parte del personal. El documental también reveló cómo el personal intentó encubrir su comportamiento asegurándose de que se encontraban en zonas no cubiertas por las cámaras de CCTV y cómo G4S tergiversó los incidentes ante el gobierno para evitar multas.

El uso de la fuerza contra los menores era frecuente, especialmente como respuesta a casos de autolesión por parte de los menores. En un incidente concreto, el personal impidió el acceso a un hospital a uno de los niños para recibir tratamiento tras autolesionarse, alegando el »comportamiento desafiante» del niño como motivo de la negativa. Un informe de Ofsted afirmaba que se producían unos dos incidentes diarios de uso de la fuerza. También se denunciaron registros corporales sin ropa a niños, a veces en presencia de personal de seguridad que no era del mismo sexo que el niño en cuestión.

En un informe publicado tras las denuncias se afirmaba que a menudo se contrataba a personal para el STC incluso sin experiencia previa con niños. El comportamiento del personal reveló que muchos no tenían claro ni eran coherentes sobre cómo debían gestionar el complejo comportamiento de los niños y adolescentes. Las investigaciones de Ofsted descubrieron que el personal a menudo estaba »mal formado y en gran medida no cualificado».

Había una alta rotación de personal, con una rotación de personal del 60% en 2015. Esta alta rotación de personal significaba que la mayoría de ellos no tenían experiencia, ni recibían el apoyo o la supervisión necesarios para ejecutar sus tareas con un buen nivel. Además, muchos ascendían internamente con relativa rapidez. Debido a la escasez de personal, a veces los niños se veían obligados a permanecer encerrados en sus habitaciones, perdiéndose las actividades que se habían ganado gracias a su buen comportamiento. En una de las investigaciones de Osfted, el favoritismo entre el personal fue señalado por algunos de los niños. Se señaló la tendencia del personal a »ceder a las demandas de los jóvenes de forma inapropiada debido a una cultura imperante que no es lo suficientemente fuerte como para imponer y mantener límites y normas adecuados».

Investigaciones

G4S intentó detener la emisión de las imágenes por la BBC argumentando que la filmación no estaba autorizada y era ilegal. El 30 de diciembre, el director general de los servicios infantiles de G4S remitió las denuncias al equipo de protección de menores de Medway y a la policía. Tras el programa Panorama, dieciséis personas fueron detenidas y siete de los miembros del personal fueron suspendidos. La Junta de Justicia Juvenil declaró que había aumentado su supervisión del centro.

En 2019, de las nueve personas que el Servicio de Protección de la Corona (CPS) había decidido procesar, siete habían sido declaradas inocentes y no se había llegado a un veredicto para los otros dos casos.

Código Internacional de Conducta

Código Internacional de Conducta exige que el personal de las empresas miembros y afiliadas tome todas las medidas razonables para evitar el uso de la fuerza, y si se utiliza la fuerza, debe ser proporcional a la amenaza y adecuada a la situación. (Normas sobre el uso de la fuerza : párrafo 29, Uso de la fuerza : párrafos 30-32).

Recursos sobre el uso de la fuerza

Además, el personal de seguridad sólo está autorizado a detener a personas para defenderse a sí mismo o a otros de una amenaza inminente de violencia tras un ataque o delito contra el personal de la empresa, los clientes o los bienes bajo su protección. La aprehensión y la detención deben ser coherentes con el derecho internacional y nacional, y todas las personas aprehendidas y detenidas deben ser tratadas con humanidad y de acuerdo con su estatus y protecciones en virtud de la legislación aplicable sobre derechos humanos y el derecho internacional humanitario. (Detención: párrafo 33)

Recursos para la detención de personas

Recursos sobre la detención

El Código instruye a las empresas miembros y afiliadas para que proporcionen un entorno de trabajo seguro y saludable y adopten políticas que lo respalden. Esto incluye políticas que aborden la salud psicológica, disuadan la violencia en el lugar de trabajo, el abuso de alcohol y drogas y otros comportamientos inadecuados. Las empresas también deben garantizar que se toman precauciones razonables para proteger al personal pertinente en operaciones de alto riesgo o que pongan en peligro su vida (párrafo 64).

El Código exige una rigurosa selección e investigación de antecedentes del personal, la evaluación de su rendimiento y funciones (párrafos 45 a 49), y la formación del personal sobre el Código y la legislación internacional pertinente, incluidos los derechos humanos y el derecho penal internacional (párrafo 55). Cumplir los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada está cualificado, formado, respaldado, informado y es responsable.

Recursos sobre las condiciones de trabajo

Impacto

En 2016, tras la revelación de la BBC sobre los abusos en Medway STC, G4S perdió el derecho a gestionar el centro. Entonces fue asumido por el gobierno. Incluso cuando el STC pasó a ser gestionado por el gobierno, las investigaciones de Ofsted en 2019 descubrieron que la calidad de la práctica había disminuido y que se seguían utilizando técnicas para infligir dolor a los niños. En marzo de 2020, el STC de Medway fue cerrado.

A pesar de las múltiples denuncias de abusos por parte del personal de G4S en diferentes Centros de Entrenamiento Seguro (como en Medway y Rainsbrook), otros STC como el de Oakhill siguen siendo gestionados por ella. Y ello a pesar de las denuncias presentadas por un denunciante en 2021 contra graves abusos en el Centro. Una inspección del Centro en 2023 por Ofsted concluyó que requiere más mejoras para ser bueno.

Discusión

Discutir cómo este caso revela la importancia de la formación y la investigación del personal cuando se trata de personal que tiene que trabajar en entornos volátiles o con grupos »especiales» como los niños.

Incidentes relacionados

Fuentes

 

 

Este caso ha sido preparado por Shilpa Suresh, del Graduate Institute of International and Development Studies.

ABUSOS SEXUALES Y EXPLOTACIÓN EN EL CENTRO DE EXPULSIÓN DE INMIGRANTES DE YARL’S WOOD

Antecedentes

El centro de expulsión de mujeres inmigrantes de Yarl’s Wood, situado en Bedfordshire, está gestionado por la empresa de seguridad privada Serco desde 2007. Puede albergar hasta 400 mujeres. En 2011, Sana, una reclusa paquistaní, acusó al personal sanitario del centro de haberse portado mal con ella. Nacida en Lahore (Pakistán) a los 17 años, Sana fue obligada a casarse con un amigo mayor de la familia, tras lo cual se trasladaron a Londres. Tras divorciarse, su segunda relación también acabó siendo abusiva. Entonces solicitó asilo. Tras una cita rutinaria de inmigración en 2010, fue enviada al centro de Yarl’s Wood. Al parecer, temía ser violada en Yarl’s Wood.

Sana acusó a uno de los miembros del personal sanitario de agredirla sexualmente y relató cómo se le acercó en repetidas ocasiones. Contó con el apoyo de una de las guardias, quien, a su vez, acabó siendo criticada por sus compañeros por no considerar que Sana podría estar inventándose su testimonio, ya que el acusado era claramente un »hombre de familia con fuertes creencias religiosas». La investigación policial posterior no fue satisfactoria, ya que el interrogatorio de Sana sólo duró 30 minutos y se envió a un agente de policía ordinario en lugar de a un agente especializado en abusos sexuales. Al parecer, la policía señaló la falta de testigos independientes y Sana afirmó que la acusaban de mentir para no deportarla a Pakistán. Poco después, Sana fue devuelta a Pakistán.

En 2014, un recluso de 23 años denunció contactos sexuales no deseados con dos guardias del centro. Serco contrató a su vez abogados especializados en gestión de la reputación. Conocedor del caso de Sana y de la existencia del informe de la investigación interna de Serco, The Guardian solicitó acceso al mismo. Tras una batalla legal de cuatro meses entre Serco y The Guardian, la empresa se vio obligada a publicar este informe interno sobre las denuncias de repetidas agresiones sexuales.

La gestión de este caso por parte de Serco fue acusada de inadecuada y se exigió una revisión externa. Más mujeres denunciaron los abusos en 2007.

El Incidente

Un recluso que estuvo detenido entre 2008 y 2009 declaró que los guardias coqueteaban a menudo con los detenidos y que algunos de ellos daban la impresión de que si los reclusos se acostaban con ellos, hablarían bien de ellos. Otro recluso afirmó que algunos de los reclusos mantenían relaciones sexuales con los guardias a cambio de favores. Los reclusos que presenciaban contactos sexuales eran amenazados con la deportación. Se sospecha que muchas víctimas fueron deportadas antes de poder testificar, asegurándose así su silencio.

Se ha acusado a los guardias de incumplir la política de la empresa y de entrar por la noche en las habitaciones de los reclusos. Algunos de los reclusos denunciaron que de vez en cuando se producían peleas entre ellos si sospechaban que unos tenían relaciones sexuales con el mismo guardia. Algunos también afirmaron haber presenciado a guardias bailando provocativamente con los detenidos.

Aspectos jurídicos

Investigaciones

El caso de Sana fue resuelto por Serco con una modesta indemnización por daños y perjuicios. Según los datos que Serco presentó al Ministerio del Interior, más de 8 empleados han sido despedidos o han dimitido por conducta inapropiada. Sin embargo, Serco negó cualquier acusación de conducta sexual inapropiada generalizada entre el personal y los reclusos. Afirmaron que «en la ocasión en que una queja de comportamiento sexual inapropiado entre el personal y un residente se puso en nuestro conocimiento en 2012, el asunto fue investigado adecuadamente y la policía se mantuvo plenamente informada en todo momento. Como resultado, tres miembros del personal fueron despedidos».

El Ministerio del Interior declaró que se investigaría a fondo cualquier denuncia de conducta indebida. Sin embargo, el Ministerio del Interior negó al Observador el acceso al centro de detención. Incluso al experto de las Naciones Unidas en violencia contra las mujeres el Ministerio del Interior le denegó el permiso para inspeccionar el centro.

Según un informe de 2015 del inspector jefe de prisiones de Su Majestad, más detenidas declararon sentirse inseguras en comparación con la inspección anterior. Cuatro mujeres denunciaron comentarios sexualmente inapropiados y, aunque ninguna refirió una experiencia directa de comportamiento sexual inapropiado durante las entrevistas, algunas reclusas mencionaron un incidente pasado en el que una reclusa quedó embarazada por culpa de un guardia. En 2016, se presentó un informe de investigación independiente al consejo de administración de Serco. El informe concluyó que »no existe una cultura abusiva en Yarl’s Wood». Sin embargo, un informe de la Oficina Nacional de Auditoría (NAO, por sus siglas en inglés) de 2016 concluyó que »el personal del centro no tenía la formación adecuada para tratar las preocupaciones, problemas y vulnerabilidades particulares de las personas detenidas por motivos de inmigración».

Código Internacional de Conducta

Según el Código Internacional de Conducta, las empresas no pueden permitir que su personal participe o se beneficie de la explotación sexual, el abuso o la violencia de género o los delitos. Las empresas de seguridad deben exigir a su personal que permanezca vigilante ante cualquier caso de violencia sexual o de género, y que denuncie estos casos a las autoridades competentes. (Explotación y abuso sexuales (EAS) o violencia de género (VG): párrafo 38)

Directrices para prevenir y abordar la explotación y el abuso sexuales

Recursos sobre prevención de la explotación y el abuso sexuales

El Código también exige que el personal de las empresas miembros y afiliadas no participe en la trata de personas y permanezca vigilante ante tales casos y los denuncie a las autoridades competentes cuando los descubra. El Código describe la trata de personas como »la captación, acogida, transporte, suministro u obtención de una persona para (1) un acto sexual comercial inducido por la fuerza, el fraude o la coacción, o en el que la persona inducida a realizar dicho acto no ha cumplido los 18 años de edad; o (2) trabajo o servicios, mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción con el fin de someterla a servidumbre involuntaria, servidumbre por deudas o esclavitud» (párrafo 39).

El Código exige una rigurosa selección e investigación de antecedentes del personal, la evaluación de su rendimiento y funciones (párrafos 45 a 49), y la formación del personal sobre el Código y el derecho internacional pertinente, incluidos los derechos humanos y el derecho penal internacional (párrafo 55).

Recursos sobre las condiciones de trabajo

Este caso ha sido elaborado por Shilpa Suresh, del Graduate Institute of International and Development Studies. El Código también exige que se notifique cualquier incidente en el que esté implicado su personal y el uso de armas, actos delictivos, lesiones a personas, etc. (párrafo 63). También ordena el establecimiento de un procedimiento de quejas, denuncia de irregularidades y procedimientos relacionados para tratar las reclamaciones presentadas por el personal o por terceros en relación con el incumplimiento por parte de la empresa de los principios mencionados en el Código (párrafo 66-67).

El cumplimiento de los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada esté cualificado, formado, respaldado, informado y sea responsable.

Impacto

En 2016, Serco aceptó las recomendaciones del informe de investigación independiente. Anunciaron que aplicaban cambios como la introducción de cámaras corporales para todo el personal de primera línea, la contratación de más personal femenino, la revisión de la contratación para garantizar la selección de candidatos adecuados y mucho más.

En 2020, el Ministerio del Interior adjudicó a Serco un contrato de 200 millones de libras para gestionar otros dos centros de expulsión de inmigrantes en el Reino Unido: Brook House y Tinsley House.

Discusión

Discuta la importancia de un mecanismo eficaz de quejas, denuncias y reclamaciones para prevenir los abusos sexuales generalizados. ¿Qué factores contribuyeron a que los guardias abusaran de su poder y explotaran la vulnerabilidad de los detenidos? ¿Cómo se puede reducir su vulnerabilidad?

Incidentes relacionados

Fuentes

 

 

Este caso ha sido elaborado por Shilpa Suresh, Graduate Institute of International and Development Studies. 

PUNTLAND MARITIME POLICE FORCE

Background

Between 1969 and 1991, Somalia was ruled by a socialist military dictator, Mohamed Siad Barre, who seized power in a coup d’état. After years of corruption and economic mismanagement, when Barre’s regime came to an end Somalia was plunged into a prolonged and devastating civil war that had repercussions throughout East Africa. Within this turmoil, different regions of Somalia sought greater independence from Mogadishu: Somaliland declared itself an independent state in the northwest and Puntland claimed autonomy in the northeast.

This region became increasingly lawless, which was exacerbated by the dissolution of the Somali Navy. This vacuum of authority facilitated the intrusion of illegal foreign fishing and waste dumping in Somali territorial waters. This and other factors ultimately led to the emergence of piracy as a widespread problem.

Between approximately 2005 and 2012, Puntland was a thriving hub of piracy operations around the Gulf of Aden. To combat it, the Puntland Maritime Police Force (PMPF) was established in 2011. Sterling Corporate Services, a Dubai-based company, was contracted to create and train this force. The company was accused of violating the arms embargo imposed on Somalia.

Initially, a private military company called Saracen International was contracted by the Puntland government to train the PMPF. The PMPF project was funded by the UAE, as the country’s business operations were threatened by Somali pirates. It was later rebranded and a new company, Sterling Corporate Services, was set up in Dubai to oversee the training of the anti-piracy operation. Erik Prince, former head of Blackwater Worldwide, and Michael Shanklin, former CIA station chief in Mogadishu, were also involved in this project. According to a confidential AU report, Erik Prince was “at the top of the Saracen management chain and provided the seed money for the Saracen contract.”Michael Shanklin was an advisor to the then Somali government and helped mediate negotiations between Saracen, the Somali government and the UAE.

The Incidents

International organizations expressed concern about the techniques and approach employed by Sterling Corporate Services in training and working with Somali anti-piracy trainees. They were accused of beating and even killing Somali trainees during training sessions. The UN Somalia and Eritrea Monitoring Group (SEMG) found that one of the trainees had been “hogtied with his arms and feet tied behind his back and beaten.” Although the UNO group claimed that the trainee died from the injuries, Sterling Corporate Services denied the allegation. In one of the incidents, one of the South African trainers was shot and killed by a Somali trainee. According to Sterling, this was an isolated incident and the accused trainee was arrested.

In 2012, SEMG stated that Saracen International had neither sought nor obtained authorization from the international body to operate as a private military contractor in Somalia. Saracen’s continued military training and deployment was in defiance of the overall UN arms embargo. That same year, the UN Working Group on the Use of Mercenaries stated that Sterling/Saracen’s operations went beyond training. A Saracen chartered flight, which was grounded by Somaliland authorities, was found to be carrying an unauthorized shipment of combat uniforms, military straps and other materials.

The International Code of Conduct

The International Code of Conduct requires that personnel of member and affiliated companies take all reasonable measures to avoid the use of force, and if force is used, it must be proportionate to the threat and appropriate to the situation. (Standards for the Use of Force: paragraph 29, Use of Force: paragraphs 30-32).

Resources on the Use of Force

The Code requires rigorous screening and vetting of personnel, assessment of their performance and functions (paragraphs 45-49), and training of personnel on the Code and relevant international law, including human rights and international criminal law (paragraph 55).

Resoures on working conditions

The Code also requires the reporting of any incident involving its personnel involving the use of weapons, criminal acts, injury to persons, etc. (paragraph 63). It also requires the establishment of a grievance, whistleblowing and related procedures to deal with complaints lodged by staff or third parties in relation to the company’s failure to comply with the principles mentioned in the Code (paragraph 66-67).

Compliance with the requirements of the Code of Conduct can help private security companies and their clients to ensure that private security personnel are qualified, trained, supported, informed and accountable.

See also: Montreux Document on the relevant international legal obligations and good practices of States in relation to the operations of private military and security companies during armed conflict

Impact

In September 2012, Sterling Corporate Services lost the contract to train Puntland’s paramilitary maritime police force to fight piracy, amid criticism from the UN’s Somalia and Eritrea Monitoring Group (SEMG). There were concerns that Sterling Corporate Services was leaving an unpaid but well-armed security force in Puntland, and that this could lead to further destabilization of the area. Bancroft Global Development, a U.S.-based private military security contractor, was asked to assess whether these officers could be assimilated into Somalia’s other security forces, which had both U.S. and African Union approval. Bancroft trained Ugandan and Burundian soldiers for counterinsurgency missions in Somalia under the African Union flag. He stated that he would not take over Sterling’s counter-piracy mission.

Discussion

What are the implications of leaving behind an unpaid force trained in the use of weapons in an already unstable region?

Related Incidents

Sources

 

 

This case has been prepared by Shilpa Suresh, Graduate Institute of International and Development Studies.

LA TORTURA EN LA PRISIÓN DE ABU GHRAIB

Antecedentes

La instalación de Abu Ghraib es un gran complejo penitenciario ubicado en Bagdad, Irak. Durante el régimen de Saddam Hussein, fue tristemente célebre por la detención y tortura de prisioneros políticos. En 2003, tras la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y sus aliados, el ejército estadounidense reabrió la prisión. Ese mismo año, la agencia Associated Press publicó el primer informe periodístico que se centraba en el maltrato de detenidos bajo control estadounidense en las instalaciones de Abu Ghraib. Para el año 2004, surgieron imágenes de abuso y tortura en dicha prisión, difundidas a través del programa “60 Minutes 2” de CBS, lo que provocó un escándalo para la administración del entonces presidente George W. Bush.

Un informe de la investigación interna del ejército estadounidense, llevado a cabo en 2004 bajo el mando del general Antonio Taguba, detalló las impactantes prácticas que se seguían en la prisión. Una imagen espeluznante que rápidamente se volvió pública mostraba a especialistas del ejército de EE. UU. levantando el pulgar y posando junto al cadáver de Manadel al-Jamadi, quien fue claramente torturado y murió por asfixia.

CACI International Inc. fue una empresa contratista de defensa contratada por Estados Unidos para proporcionar servicios de interrogatorio en Abu Ghraib. La empresa L-3 Services (anteriormente conocida como Titan Corporation) fue la encargada de los servicios de traducción. Ambas compañías fueron contratadas porque el ejército estadounidense no contaba con suficientes interrogadores capacitados para operar completamente las instalaciones de Abu Ghraib. Los empleados y directivos de CACI han sido acusados de dirigir y/o alentar actos de tortura y de encubrirlos.

En 2008, cuatro demandantes que estuvieron anteriormente detenidos en Abu Ghraib presentaron una demanda contra estas empresas contratistas de defensa por su complicidad en actos de tortura. En noviembre de 2024, un jurado estadounidense declaró a CACI responsable del abuso cometido contra los prisioneros.

Los Incidentes

Los detenidos fueron sometidos a abusos físicos y sexuales, tortura con descargas eléctricas y simulacros de ejecución. El informe de Taguba incluye incidentes de violación, toma de fotografías y grabaciones en video de detenidos desnudos, tanto hombres como mujeres, el uso de fuerza extrema contra ellos, entre otros. La tortura no se limitó solo al daño físico, sino que también fue emocional y psicológica. Por ejemplo, en un incidente, un prisionero fue obligado a agradecerle a Jesús por su vida. Según uno de los demandantes en la demanda presentada en 2008, fue sometido a descargas eléctricas, privación de alimentos, mantenido desnudo, entre otros abusos. Otro demandante relató que fue obligado a participar en actos sexuales y a presenciar la violación de otra prisionera. Otros incidentes incluyeron privación sensorial, confinamiento en solitario, agresiones físicas, ser forzados a mantener posturas de estrés durante largos periodos de tiempo, golpes en los genitales, entre otros.

Aspectos Legales

Casos Judiciales

El 9 de junio de 2004, un grupo de 256 iraquíes, exdetenidos en las instalaciones de Abu Ghraib, presentó una demanda contra CACI y L-3 Services. Las empresas demandadas argumentaron que el asunto planteado constituía una cuestión política y, por lo tanto, no podía ser resuelta por los tribunales. También alegaron inmunidad por ser contratistas del gobierno. Sin embargo, en junio de 2006, el tribunal rechazó la moción de las empresas para desestimar la demanda. En septiembre de 2009, los tribunales fallaron a favor de las empresas demandadas. Aunque los demandantes presentaron una solicitud de apelación en abril de 2010, en junio de 2011 la Corte Suprema de EE. UU. anunció que no escucharía la apelación del caso.

El 30 de junio de 2008, otros cuatro demandantes presentaron una demanda separada contra CACI International Inc. por haber dirigido su tortura en la prisión de Abu Ghraib. La demanda no alega que los empleados de CACI hayan llevado a cabo directamente los abusos, sino que instruyeron a los soldados para que “ablandaran” a los detenidos, con el fin de que revelaran información más fácilmente, a pesar de que CACI sabía que este “ablandamiento” llevaría a actos de tortura. Además de CACI, la demanda también fue presentada contra L-3 Services Incorporated y contra un ex empleado de CACI, Timothy Dugan.

Los demandantes son civiles iraquíes que fueron detenidos en la prisión de Abu Ghraib y posteriormente liberados sin que se les imputara ningún delito. La demanda fue presentada en su nombre por el Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights). El caso fue interpuesto bajo la Ley de Agravios contra Extranjeros de 1789 (Alien Tort Statute o ATS), una ley estadounidense que permite emprender acciones legales por presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho estadounidense e internacional, incluyendo tortura, agresión, agresión sexual y física, contratación y supervisión negligente, entre otras.

CACI ha calificado la demanda como infundada. Desde que se presentó el caso en 2008, CACI ha intentado en 18 ocasiones que se desestime. Tanto L-3 Services como Timothy Dugan fueron retirados como demandados del caso en 2008. En 2019, CACI apeló una decisión de un tribunal inferior que favorecía a los demandantes. En junio de 2021, los jueces de la Corte Suprema de EE. UU. se negaron a escuchar la apelación de CACI, acercando a la empresa un paso más a enfrentar una demanda por parte de los demandantes.

Un nuevo juicio para esta demanda fue programado para comenzar en abril de 2024 en el Tribunal del Distrito Este de Virginia. En noviembre de 2024, más de dos décadas después de los hechos, un jurado otorgó 42 millones de dólares a tres exdetenidos de Abu Ghraib, tras declarar a CACI responsable de colaborar con la policía militar para perpetrar abusos contra los prisioneros.

El Código Internacional de Conducta

El Código Internacional de Conducta requiere que el personal de las empresas miembros y afiliadas tomen todas las medidas razonables para evitar el uso de la fuerza, y si se utiliza, debe ser proporcional a la amenaza y apropiada a la situación. (Reglas para el uso de la fuerza: párrafo 29, Uso de la fuerza: párrafos 30-32)

Recursos sobre el Uso de la Fuerza

Además, el personal de seguridad solo podrá arrestar a personas para defenderse a sí mismos o a otros de una amenaza inminente de violencia después de un ataque o crimen contra el personal de la empresa, clientes o bienes bajo su protección. El arresto y la detención deben ser consistentes con las leyes internacionales y nacionales, y todas las personas arrestadas y detenidas deben ser tratadas humanamente y de acuerdo con su estatus y las protecciones que les otorgan las leyes de derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicables. (Detención: párrafo 33)

Recursos sobre el Arresto de Personas

Recursos sobre Detención

Bajo el Código Internacional de Conducta, las empresas no pueden permitir que su personal participe en o se beneficie de la explotación sexual, el abuso o la violencia o crímenes basados en género. Las empresas de seguridad deben exigir que su personal permanezca vigilante ante todos los casos de violencia sexual o basada en género, y reporten estos casos a las autoridades competentes. (Explotación sexual y abuso (SEA) o violencia basada en género (GBV): párrafo 38)

Directrices sobre la Prevención y Abordaje de la Explotación Sexual y el Abuso

Recursos sobre la Prevención de la Explotación Sexual y el Abuso

Además, el Código Internacional de Conducta requiere una selección y evaluación estricta del personal, una evaluación de su desempeño y funciones, y la capacitación del personal en el Código y en las leyes internacionales relevantes, incluyendo los derechos humanos y el derecho penal internacional.

Cumplir con los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privado esté calificado, capacitado, respaldado, informado y sea responsable.

Ver también:  El Documento de Montreux sobre las obligaciones legales internacionales pertinentes y las buenas prácticas para los Estados relacionadas con las operaciones de las empresas de seguridad y militares privadas durante los conflictos armados.

Impacto

En 2004, en un intento por revertir los daños, el Departamento de Justicia declaró que reescribiría su asesoría legal sobre cómo deben llevarse a cabo los interrogatorios. Ese mismo año, la CIA también afirmó que suspendería el uso de técnicas de interrogatorio en centros de detención hasta que se estableciera una norma sobre lo que era permisible. En 2009, la tortura fue prohibida bajo la administración de Obama. También se creó un nuevo marco legal para que los responsables pudieran ser procesados, independientemente de su condición como empleados del gobierno o contratistas militares. En 2006, la prisión fue entregada a las autoridades iraquíes y en 2014 fue cerrada.

Un acuerdo limitado fue proporcionado por la empresa de seguridad privada responsable de ofrecer servicios de traducción a algunos de los sobrevivientes del abuso en las instalaciones de Abu Ghraib. Aunque 11 soldados fueron condenados por sus acciones, el ejército de EE. UU. no ha pagado ninguna compensación a ninguno de los detenidos.

CACI sigue siendo contratista de defensa del gobierno estadounidense, y recientemente obtuvo un contrato por un valor de 382 millones de dólares en 2024.

Debate

¿Una mejor formación de los empleados de CACI en derecho internacional y legislación sobre derechos humanos habría tenido alguna repercusión en la mitigación de los abusos y torturas de Abu Ghraib?

Incidentes relacionados

 

Fuentes

 

 

Este caso ha sido preparado por Shilpa Suresh, del Graduate Institute of International and Development Studies.

CASO EN CURSO: BRASIL BIOFUELS: SUPUESTO ACTO DE VIOLENCIA CONTRA LA COMUNIDAD INDÍGENA

Antecedentes

A finales del año 2000, el gobierno brasileño incentivó el desarrollo del aceite de palma en la región de Pará, Brasil. Esto resultó en un auge del aceite de palma, que se utiliza principalmente en las industrias de alimentos y biocombustibles. Sin embargo, las tierras que las empresas productoras de aceite de palma comenzaron a ocupar, tradicionalmente eran utilizadas por las comunidades indígenas, que han vivido allí durante siglos. Esto resultó en un choque entre las comunidades indígenas locales y las empresas productoras de aceite de palma, y desde entonces se ha denominado como la «Guerra del Aceite de Palma Amazónico».

En 2020, la empresa Brasil BioFuels (BBF) adquirió Biopalma y se convirtió en el mayor productor de aceite de palma en América Latina. Esta adquisición por parte de BBF, según se informa, resultó en una escalada de violencia entre la empresa y las comunidades indígenas. Se alega que BBF no honró los acuerdos previos entre Biopalma y las comunidades indígenas.

BBF y estas comunidades han estado enfrentándose por una zona disputada en la región de Acará. La empresa ha sido acusada de apropiación ilegal de tierras, contaminación del agua y otros crímenes ambientales. Se alega que los pesticidas utilizados por BBF contaminaban el agua utilizada por los Tembé y otros grupos indígenas. Además, la empresa ha sido acusada de llevar a cabo campañas violentas para silenciar a las comunidades indígenas, que afirman estar defendiendo sus tierras ancestrales.

Según BBF, la empresa es la víctima y acusa a las comunidades indígenas de atacar a sus empleados y guardias de seguridad. Niega haber causado daño físico a los miembros de la comunidad indígena y ha declarado que su personal de seguridad ha sido instruido para actuar de manera pacífica, respetuosa y conforme a la legislación vigente. Desde 2021, BBF ha presentado más de 650 denuncias policiales contra los miembros de las comunidades indígenas. Los miembros de la comunidad han negado estas acusaciones.

El 14 de mayo de 2023, un destacado líder indígena fue asesinado a tiros, lo que avivó aún más el conflicto en la región. Este suceso también resultó en la creación de un Comité de Crisis para investigar el crimen.

Los Incidentes

Según informes, el 4 de agosto de 2023, Kauã Tembé, un joven de 19 años miembro de la comunidad indígena Tembé, fue supuestamente disparado en la ingle por guardias de seguridad “fuertemente armados” de BBF y la policía militar, un incidente que los líderes de la comunidad describieron como una “acción arbitraria”. El 7 de agosto, otras tres personas indígenas fueron supuestamente disparadas por los guardias de seguridad mientras los indígenas protestaban frente a la sede de BBF por lo sucedido con Kauã Tembé. Una persona indígena, Dayane Tembé, también fue supuestamente disparada en el cuello por los guardias de seguridad mientras filmaba sus acciones contra los indígenas desde dentro de su vehículo. En total, cinco miembros de la comunidad indígena fueron reportados como heridos por los guardias de seguridad privados de BBF entre el 4 y el 7 de agosto de 2023.

BBF ha declarado que la escalada del conflicto comenzó el 3 de agosto, cuando un batallón especializado de la policía militar fue a desalojar a los invasores armados que estaban amenazando y agrediendo a los trabajadores de la empresa. La compañía reiteró que la tierra no está demarcada como territorio indígena y que los miembros de la comunidad indígena estaban invadiendo la propiedad privada de la empresa. El equipo de seguridad privado de la empresa logró contener la acción criminal de los invasores y estaba salvaguardando las vidas de los trabajadores que se encontraban en el lugar. También declaró que había tomado las medidas legales apropiadas ante el poder judicial y ha solicitado apoyo de las agencias de seguridad estatal.

Aspectos Legales

Casos Judiciales

El 8 de agosto de 2023, el Departamento Estatal de Seguridad Pública y Defensa Social (Segup) de Pará informó que el guardia de seguridad responsable del disparo a Kauã Tembé había sido detenido.

La Fiscalía Federal (MPF) ha declarado que ha iniciado una investigación sobre las actividades de las empresas de seguridad privada y las milicias armadas en la región, y los posibles delitos e irregularidades cometidos por estas empresas. El MPF tiene al menos tres investigaciones abiertas sobre BBF por sus supuestos delitos, incluidos daños ambientales y el uso de guardias de seguridad privados contra las comunidades indígenas.

En una declaración realizada a la policía por uno de los guardias de seguridad subcontratados de BBF, los guardias alegaron que la empresa les pidió crear narrativas falsas sobre robos y otros crímenes e intentar incriminar a los miembros de la comunidad indígena.

El Código Internacional de Conducta

El Código Internacional de Conducta requiere que el personal de las empresas miembros y afiliadas tomen todas las medidas razonables para evitar el uso de la fuerza, y si se utiliza, debe ser proporcional a la amenaza y apropiada a la situación. (Reglas para el uso de la fuerza: párrafo 29, Uso de la fuerza: párrafos 30-32)

Recursos sobre el Uso de la Fuerza

Además, el personal de seguridad solo podrá arrestar a personas para defenderse a sí mismos o a otros de una amenaza inminente de violencia después de un ataque o crimen contra el personal de la empresa, clientes o bienes bajo su protección. El arresto y la detención deben ser consistentes con las leyes internacionales y nacionales, y todas las personas arrestadas y detenidas deben ser tratadas humanamente y de acuerdo con su estatus y las protecciones que les otorgan las leyes de derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicables. (Detención: párrafo 33)

Recursos sobre el Arresto de Personas

Recursos sobre Detención

El Código requiere una selección y verificación rigurosa del personal, evaluación del desempeño y de las responsabilidades (párrafos 45 a 49), y capacitación del personal sobre el Código y la legislación internacional relevante, incluyendo los derechos humanos y el derecho penal internacional (párrafo 55). Cumplir con los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada esté calificado, capacitado, apoyado, informado y sea responsable.

Recursos sobre las condiciones laborales

Impacto

Grandes marcas internacionales como Kellogg, Ferrero, Hershey’s, Nestlé, PepsiCo, Unilever y otras siguen comprando aceite de palma a BBF a pesar del conflicto en curso en esta región.

Debate

¿Qué impacto pueden tener los clientes para reducir la violencia en esta región entre los miembros de la comunidad indígena y los guardias de seguridad de BBF?

¿Cómo se puede prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias de seguridad en contextos frágiles como este, donde hay un conflicto entre las comunidades locales y grandes empresas como BBF?

Incidentes relacionados

Fuentes

 

 

Este caso fue preparado por Shilpa Suresh, del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo.

CASO EN CURSO: ACUSACIONES DE ASESINATOS EN LA GRANJA DE PIÑAS EN KENIA

Antecedentes

La finca de piñas de Del Monte en Kenia es el «mayor exportador de productos agrícolas de Kenia al mundo». Casi todas las piñas producidas en la finca de Del Monte en Kenia se exportan al extranjero, principalmente a supermercados británicos como Tesco, Waitrose, Asda y Sainsbury. En contraste, las aldeas locales que rodean la finca viven en pobreza, lo que genera una demanda en el mercado negro de la fruta. Algunos aldeanos, especialmente los jóvenes, están acusados de ingresar ilegalmente a las tierras de Del Monte para robar las piñas. Presuntamente, estos jóvenes a menudo asaltaban las fincas en motocicletas, lo que llevaba a enfrentamientos entre los guardias y los aldeanos debido a las piñas robadas, con un guardia de seguridad perdiendo un ojo a causa de una piedra lanzada por un ladrón. Las acusaciones sugieren que los guardias, a su vez, han estado utilizando fuerza excesiva al tratar con los aldeanos.

Esta finca de Del Monte emplea a 273 guardias de seguridad. Los guardias están armados con palos de madera llamados “rungus”. Los informes sugieren que los guardias han estado agrediendo a los aldeanos con los rungus, lo que ha causado traumatismos contundentes, llevando a la muerte en algunos casos. Las denuncias hechas a la policía generalmente no tienen seguimiento, ya que la policía presuntamente hace la vista gorda ante la violencia. Se dice que estos guardias de seguridad han sido acusados de cinco muertes en la última década, pero no ha habido condenas.

Los Incidentes

El bufete de abogados Leigh Day ha detallado más de 146 incidentes alegados en su carta a Del Monte. La investigación conjunta de The Guardian y The Bureau of Investigative Journalism también descubrió denuncias de los aldeanos, incluyendo relatos de testigos presenciales. También investigaron cuatro muertes vinculadas a los guardias de seguridad de Del Monte. Los incidentes de violencia incluyen los guardias que supuestamente atacaron a los pasajeros de un minibús que viajaba a través de la plantación en septiembre de 2021. El autobús se había averiado en las carreteras públicas dentro de la plantación y los pasajeros fueron golpeados con rungus.

En diciembre de 2022, John Rui Karia fue supuestamente atacado mientras dormía junto al camino cerca de la finca. Según los informes, aunque los guardias lo golpearon severamente, se le negó atención médica y falleció después de una semana en prisión. El informe del patólogo reveló que sufrió una serie de lesiones, incluyendo «contusiones múltiples en el abdomen, los pulmones y el cerebro, y lesiones defensivas en los antebrazos».

En julio de 2023, los guardias de Del Monte fueron nuevamente acusados de atropellar y lesionar gravemente a dos adolescentes por un supuesto robo. Otras acusaciones incluyen muertes por estrangulamiento, traumatismo contuso, ahogamiento y más. Las víctimas a menudo presentaban signos de agresión y violencia. Hay informes de lesiones graves y golpizas, así como cinco denuncias de violación.

Aspectos Legales

Casos Judiciales

Aunque cinco exguardias de Del Monte fueron despedidos por su participación en la muerte de uno de los locales en 2019, su juicio aún no ha tenido lugar. Por otro lado, algunos de los hombres locales que fueron encontrados culpables de robar piñas han recibido largas sentencias de prisión, con algunos incluso condenados a muerte.

La Comisión de Derechos Humanos de Kenia ha lanzado una investigación sobre estas alegaciones. Ha solicitado a Del Monte que tome medidas inmediatas y asegure una reparación efectiva, y ha pedido a las agencias estatales que «aceleren y realicen investigaciones estructuradas». También ha solicitado a Del Monte que implemente medidas para prevenir incidentes similares en el futuro.

El Código Internacional de Conducta

El Código Internacional de Conducta requiere que el personal de las empresas miembros y afiliadas tomen todas las medidas razonables para evitar el uso de la fuerza, y si se utiliza, debe ser proporcional a la amenaza y apropiada a la situación. (Reglas para el uso de la fuerza: párrafo 29, Uso de la fuerza: párrafos 30-32)

Recursos sobre el Uso de la Fuerza

Además, el personal de seguridad solo podrá arrestar a personas para defenderse a sí mismos o a otros de una amenaza inminente de violencia después de un ataque o crimen contra el personal de la empresa, clientes o bienes bajo su protección. El arresto y la detención deben ser consistentes con las leyes internacionales y nacionales, y todas las personas arrestadas y detenidas deben ser tratadas humanamente y de acuerdo con su estatus y las protecciones que les otorgan las leyes de derechos humanos y el derecho internacional humanitario aplicables. (Detención: párrafo 33)

Recursos sobre el Arresto de Personas

Recursos sobre Detención

Bajo el Código Internacional de Conducta, las empresas no pueden permitir que su personal participe o se beneficie de la explotación sexual, abuso o violencia de género o crímenes relacionados. Las empresas de seguridad deben exigir a su personal que se mantenga vigilante ante cualquier instancia de violencia sexual o de género, y que reporte estos casos a las autoridades competentes. (Explotación Sexual y Abuso (SEA) o Violencia de Género (GBV): párrafo 38)

Directrices para prevenir y abordar la explotación sexual y el abuso

Recursos para prevenir la explotación sexual y el abuso

El Código requiere una selección y verificación rigurosa del personal, evaluación del desempeño y de las responsabilidades (párrafos 45 a 49), y capacitación del personal sobre el Código y la legislación internacional relevante, incluyendo los derechos humanos y el derecho penal internacional (párrafo 55). Cumplir con los requisitos del Código de Conducta puede ayudar a las empresas de seguridad privada y a sus clientes a garantizar que el personal de seguridad privada esté calificado, capacitado, apoyado, informado y sea responsable.

Recursos sobre las condiciones laborales

Impacto

En 2019, después de que uno de los locales fuera presuntamente golpeado hasta la muerte por los guardias de seguridad en la finca, Del Monte mejoró sus prácticas de seguridad. La empresa actualizó la comunicación por radio, entrenó a los guardias sobre nuevas reglas formales de actuación y mejoró los procesos formales en torno a las denuncias de violencia. Sin embargo, cinco de las muertes presuntamente causadas por los guardias de seguridad ocurrieron después de 2019.

Del Monte ha declarado que toma estas acusaciones con seriedad y ha lanzado una «investigación completa y urgente» sobre ellas. Empresas como Tesco han suspendido sus pedidos de Del Monte provenientes de esta finca hasta que se completen las investigaciones. Waitrose también reiteró que todos sus proveedores deben cumplir con «estrictos estándares éticos».

Debate

¿Cómo pueden las empresas proceder para recuperar la confianza de la comunidad local después de incidentes violentos?

¿Cómo deberían los guardias de seguridad de Del Monte haber tratado a las personas que acusan de estar invadiendo la propiedad? ¿Qué tipo de medidas habrían hecho a los guardias más capacitados para lidiar con esta situación?

¿Cómo pueden los clientes y las empresas de seguridad privada prevenir el abuso sexual y el uso de la fuerza contra los vulnerables aldeanos locales?

Incidentes relacionados

Fuentes

 

 

Este caso fue preparado por Shilpa Suresh, del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo.