SEGURIDAD PRIVADA: UNA PALANCA ESTRATÉGICA PARA RESPONSABLES POLÍTICOS E INVERSORES EN EL SECTOR DE LOS MINERALES CRÍTICOS
Además de participar como expositor en la International Security Expo 2026, celebrada en Londres, Jamie Williamson, director ejecutivo de ICoCA, intervino en la conferencia International Security & Resilience Conference. Ante un público integrado por expertos y proveedores de seguridad, diplomáticos, responsables públicos y consultores, centró su intervención en el papel del sector de la seguridad privada y las oportunidades que ofrece en la carrera por las materias primas críticas.
Su mensaje principal fue claro: mientras los gobiernos suscriben acuerdos sobre materias primas críticas a un ritmo sin precedentes en varias décadas y el capital privado sigue sus pasos, la seguridad privada ya no puede considerarse una cuestión meramente operativa que se aborda en las últimas fases de un proyecto. Es una palanca estratégica que puede determinar si las estrategias y las inversiones en materias primas críticas alcanzan sus objetivos o, por el contrario, terminan fracasando.
A continuación, se resumen las principales ideas de su intervención.
La carrera ya ha comenzado
En los últimos años, la competencia por los minerales críticos y las tierras raras se ha convertido en una cuestión central para la seguridad económica, la política industrial y la planificación de la defensa de los países occidentales, los miembros del G7 y los países de América Latina. Las numerosas estrategias nacionales sobre materias primas críticas se están traduciendo cada vez más en acuerdos, inversiones y proyectos concretos sobre el terreno.
Por ejemplo, la Unión Europea y Ruanda firmaron en 2024 una asociación para desarrollar cadenas de valor sostenibles de materias primas. En 2025, se creó el Fondo de Inversión para la Reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania, y Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) firmaron un acuerdo de asociación estratégica. En la Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos celebrada en Washington en 2026, Estados Unidos concluyó memorandos de entendimiento y estableció marcos de cooperación con más de 21 países, entre ellos Argentina, Perú y Ecuador, así como Guinea, Marruecos, Filipinas, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Uzbekistán. Además, finalizó las negociaciones con otros 17 países. Kazajistán y el Reino Unido están profundizando su cooperación en materia de procesamiento y logística. Solo en septiembre, Estados Unidos anunció tres nuevas iniciativas sobre minerales críticos en Nigeria, la RDC y Zambia, y puso en marcha junto con Argentina el Corredor Andes-Atlántico, destinado a modernizar las infraestructuras que conectan el noroeste argentino, rico en recursos minerales, con la costa.
Más allá de los acuerdos gubernamentales, el capital privado también se está volcando en el sector de las materias primas críticas. Una empresa de exploración minera que utiliza inteligencia artificial y cuenta con el respaldo de Bill Gates y Jeff Bezos está valorada actualmente en cerca de 3.000 millones de dólares estadounidenses y busca posicionarse frente a sus competidores chinos. Por su parte, Glencore ha firmado un memorando de entendimiento con el consorcio Orion Critical Mineral Consortium sobre la posible venta de una participación del 40 % en dos de sus principales operaciones de cobre y cobalto en la RDC: Mutanda Mining y Kamoto Copper Company. También están surgiendo nuevos fondos de inversión a gran velocidad.
Una amplia gama de riesgos
Las noticias de los últimos meses recuerdan de forma contundente los riesgos existentes y la magnitud de lo que está en juego. En Perú, los cuerpos de trece trabajadores secuestrados en una importante mina de oro fueron hallados una semana después de su desaparición, en un contexto de aumento de la minería ilegal y de la violencia criminal. En la RDC, los disparos efectuados por soldados en un yacimiento de minería artesanal provocaron una estampida sobre un puente que se derrumbó por el peso de los mineros que intentaban huir, causando decenas de muertos y heridos. En Etiopía, KEFI Gold and Copper suspendió el desarrollo de su proyecto Tulu Kapi tras un grave incidente de seguridad en el que murieron miembros del personal de seguridad, integrantes de la comunidad local y un empleado de la empresa. Por último, un estudio reciente del Transition Minerals Tracker 2026, elaborado por el Business & Human Rights Resource Centre, constató que las denuncias de presuntas vulneraciones de los derechos humanos en las principales explotaciones mineras objeto de seguimiento aumentaron un 73 % en 2025, en un contexto de creciente competencia por asegurar el acceso a los minerales necesarios para la transición energética.
Estos casos no deben considerarse incidentes aislados. Los proyectos de materias primas críticas se enfrentan a una serie de riesgos interrelacionados: competencia geopolítica, incluida la creciente presencia de actores militares extranjeros; delincuencia organizada y bandolerismo; amenazas marítimas a lo largo de las rutas por las que circula la mayor parte del comercio; tensiones con las comunidades locales; corrupción y connivencia; y consecuencias jurídicas, financieras y reputacionales cuando las cosas salen mal.
Un mercado en expansión para la seguridad privada
Estos riesgos generan una mayor demanda de inversiones y servicios de seguridad. El proyecto del Corredor de Lobito es un buen ejemplo. Esta ruta de 1.300 kilómetros conecta la RDC, Zambia y Angola, cuenta con cerca de 6.000 millones de dólares estadounidenses en financiación pública y privada, y es considerada por Estados Unidos y los países del G7 una vía estratégica para el suministro de materias primas críticas. Según estimaciones prudentes, el gasto relacionado con la seguridad podría situarse entre 100 y 250 millones de dólares estadounidenses a lo largo de las fases de construcción y explotación. Esto representa una importante oportunidad para los proveedores de seguridad privada y podría generar numerosos empleos relacionados con la seguridad en la región.
Según informaciones publicadas, la RDC prevé desplegar hasta 20.000 guardias mineros especializados en todo el país de aquí a 2028. El plan comenzaría con una inversión inicial de 100 millones de dólares estadounidenses para contratar hasta 3.000 efectivos armados antes de diciembre de 2026. El objetivo es establecer un dispositivo específico para proteger la producción minera y las cadenas de suministro frente a la minería ilegal y la inseguridad.
Tanto si se trata de fuerzas públicas como privadas, la magnitud de estos despliegues es considerable. Sin embargo, el aumento de la inversión en seguridad en el sector de las materias primas críticas plantea preguntas fundamentales: ¿quién establece las normas que rigen la actuación de estas fuerzas y quién garantiza que rindan cuentas?
La necesidad de establecer salvaguardias
Los gobiernos y las organizaciones internacionales parecen haber reconocido la necesidad de establecer salvaguardias y promover prácticas empresariales responsables. En julio, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Unión Europea subrayó que las materias primas críticas debían ser motores de prosperidad, y no fuentes de conflicto, violaciones de los derechos humanos y otros abusos. Asimismo, pidió una aplicación más eficaz de los marcos internacionales existentes y un mayor apoyo a la conducta empresarial responsable.
El mismo mensaje se ha reiterado en las capitales occidentales. El Reino Unido se ha comprometido a promover una conducta empresarial responsable e influir en gobiernos y empresas para reducir los riesgos de violencia, conflicto y vulneraciones de los derechos humanos en el sector extractivo. Los gobiernos del G7 se han comprometido a fomentar prácticas mineras responsables y reforzar las capacidades de los países socios ricos en recursos minerales. Canadá va incluso más allá al presentar las prácticas empresariales responsables como una ventaja competitiva que distingue a sus empresas en los mercados internacionales.
El Reglamento europeo de materias primas fundamentales convierte la conducta empresarial responsable en un requisito. Los proyectos estratégicos deben demostrar que prevendrán y minimizarán los efectos sociales adversos mediante prácticas responsables, entre ellas el respeto de los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos laborales; la participación efectiva de las comunidades locales; y unas prácticas empresariales transparentes que contribuyan a prevenir la corrupción.
Estos compromisos ya figuran en los textos y las declaraciones de alto nivel. El verdadero reto es llevarlos a la práctica. Y, en una explotación minera o a lo largo de un corredor de transporte, esto exige necesariamente prestar atención a la conducta de quienes proporcionan los servicios de seguridad.
Es hora de dar un paso adelante
La seguridad privada responsable es un pilar fundamental de la conducta empresarial responsable en el sector de las materias primas críticas. La disyuntiva es clara: afrontar pérdidas importantes, abusos y litigios, o invertir desde el principio en la diligencia debida y la mitigación de riesgos. Cuando se gestiona adecuadamente, la seguridad privada responsable permite:
- Reducir los riesgos financieros y las interrupciones operativas.
- Preservar la aceptación social de las operaciones y la confianza de las comunidades.
- Cumplir las obligaciones legales, regulatorias y fiduciarias en materia de diligencia debida en derechos humanos (Human Rights Due Diligence, HRDD), así como los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
- Proteger la reputación de la empresa y de sus marcas.
Los responsables políticos, los inversores y los propietarios de activos deben redoblar sus esfuerzos. Los clientes pueden elevar o rebajar los estándares en función de si contratan servicios de seguridad atendiendo exclusivamente al precio. Con demasiada frecuencia, el sector ha quedado atrapado en una carrera a la baja que favorece las ofertas más baratas en detrimento de la calidad y la responsabilidad.
Con miembros y socios de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, proveedores de seguridad y grandes multinacionales, ICoCA ofrece una vía práctica para convertir los compromisos en prácticas verificables. Estamos dispuestos a contribuir a que la carrera por las materias primas críticas sea un motor de progreso y no una receta para el desastre.