URUGUAY SE UNE A ICOCA
Los gobiernos desempeñan un papel fundamental en la gobernanza del ICoCA. Como reguladores, clientes y donantes, su influencia en la industria de la seguridad privada es multifacética. La Asociación se complace en haber recibido a Uruguay como su octavo gobierno Miembro en 2024. La decisión del gobierno de Uruguay de unirse es un testimonio de la creciente importancia de la cooperación internacional en la configuración del panorama de la seguridad privada.
El Comisionado General Henry De León, Director General de Supervisión Corporativa, junto con su Adjunto, Christopher Daset, comparten ideas sobre las motivaciones detrás de la membresía de Uruguay y las oportunidades que presenta para el país y la Asociación.
«La adhesión a ICoCA nos proporciona un marco sólido para garantizar que las operaciones de seguridad privada en nuestro país se adhieran a las normas éticas que protegen la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas.»
¿Por qué Uruguay decidió unirse a ICoCA y cómo planea el país participar activamente dentro de la Asociación?
Uruguay decidió unirse a ICoCA como una extensión natural de su compromiso con el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La adhesión a ICoCA nos brinda un marco sólido para garantizar que las operaciones de seguridad privada en nuestro país se alineen con estándares éticos que protejan la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas. Asimismo, refuerza nuestro compromiso con dichos derechos, asegurando que las empresas de seguridad operen de manera transparente, ética y en beneficio tanto de sus empleados como de las comunidades en las que prestan servicio.
Uruguay planea participar activamente en ICoCA mediante la promoción de políticas que fomenten el cumplimiento de estos principios, colaborando estrechamente con otros miembros para impulsar mejoras normativas en la industria de la seguridad privada. También nos proponemos implementar programas de capacitación en derechos humanos que refuercen la buena gobernanza dentro de las empresas de seguridad y contribuyan a crear un entorno empresarial más responsable.
¿Qué beneficios específicos espera Uruguay de su membresía en ICoCA y cómo se alinean estos con las prioridades del país en el sector de seguridad privada?
Los beneficios que Uruguay espera de su membresía en ICoCA se alinean con nuestras prioridades de fortalecer la responsabilidad social empresarial y asegurar el respeto de los derechos humanos en todas las actividades relacionadas con la seguridad privada. A través de ICoCA, Uruguay tendrá acceso a una red internacional de expertos y mejores prácticas que nos ayudarán a mejorar la gobernanza en el sector y promover la transparencia en las operaciones.
Este enfoque no solo eleva el estándar operativo y ético en la industria, sino que también contribuye al desarrollo sostenible de nuestra economía, promoviendo el crecimiento responsable de las empresas de seguridad, que deben respetar tanto las normativas locales como internacionales. El cumplimiento de estos altos estándares éticos y la mejora continua también nos posiciona como un referente en la región, impulsando a otros países a adoptar prácticas similares.
¿Podría describir la situación actual de la industria de seguridad privada en Uruguay? ¿Qué desafíos enfrentan las empresas y cómo la membresía de Uruguay en ICoCA aborda estos desafíos y al mismo tiempo beneficia a la sociedad civil?
La industria de seguridad privada en Uruguay ha crecido de manera considerable en los últimos años, jugando un rol importante en la protección de personas y bienes en diversas áreas, tanto públicas como privadas. Sin embargo, las empresas enfrentan desafíos relacionados con la adopción de estándares internacionales de derechos humanos, la profesionalización de sus equipos, y la implementación de mecanismos eficaces de gobernanza y rendición de cuentas.
La membresía de Uruguay en ICoCA aborda estos desafíos proporcionando un marco que garantiza el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en todas las operaciones de seguridad. A través de ICoCA, las empresas en Uruguay podrán mejorar sus prácticas y operar de manera más ética y eficiente, lo que no solo beneficiará a la industria, sino también a la sociedad civil, al promover un entorno más seguro y justo. Además, la transparencia en las operaciones reducirá los riesgos asociados a posibles abusos, aumentando la confianza pública en el sector.
¿Por qué deberían más gobiernos unirse a ICoCA y qué medidas se pueden tomar para fomentar una participación gubernamental más amplia?
Más gobiernos deberían unirse a ICoCA para promover la uniformidad en la aplicación de normas éticas y operativas dentro de la industria de seguridad privada, asegurando que las operaciones se realicen en conformidad con los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Esto no solo garantiza la seguridad dentro de sus fronteras, sino que también contribuye a mejorar la reputación global del sector de la seguridad.
Para fomentar una participación más amplia, sería útil impulsar campañas de concienciación en foros internacionales y regionales, resaltando los beneficios tangibles de la adhesión a ICoCA, como la mejora de la gobernanza y la sostenibilidad en la industria de la seguridad. Ofrecer recursos técnicos y apoyo para la implementación de los estándares también facilitará el proceso para otros gobiernos.
¿Qué áreas claves de preocupación relacionadas con la industria de seguridad privada debería priorizar ICoCA en los próximos años, desde la perspectiva de Uruguay?
Desde la perspectiva de Uruguay, ICoCA debería priorizar áreas como la capacitación en derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la mejora de la rendición de cuentas dentro de las empresas de seguridad, y el fortalecimiento de mecanismos de transparencia y gobernanza. Es fundamental seguir promoviendo la sostenibilidad en las operaciones de seguridad, asegurando que estas se lleven a cabo de manera responsable, respetuosa del medio ambiente y en beneficio de las comunidades.
Además, es crucial que ICoCA continúe apoyando a las empresas en la implementación de mejores prácticas para abordar los desafíos que surgen en contextos de alta inseguridad o conflicto, asegurando que las operaciones de seguridad contribuyan positivamente a la estabilidad social y al respeto por los derechos fundamentales.