IEPADES, GUATEMALA

Entrevista con Carmen Rosa de Léon Escibano, directora ejecutiva, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), Guatemala.

Háblenos acerca del trabajo de IEPADES.

IEPADES es una ONG que trabaja desde hace 30 años en Guatemala, y en el resto de Centroamérica a través de alianzas estratégicas. En sus orígenes, el Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible trabaja para reforzar el poder local y el desarrollo económico y sostenible de las comunidades rurales.

A raíz de los acuerdos de paz en Guatemala, sin abandonar el trabajo original, nos centramos en el seguimiento de la reforma del sector de la seguridad. Por esta razón, empezamos a trabajar en varios aspectos que tenían que ver con el tema de la seguridad ciudadana. Entre estos temas se encuentra el control de armas y el seguimiento de la creación de la nueva Policía Nacional Civil. Una de las especialidades del IEPADES es trabajar con el sector de la seguridad y la justicia en el fortalecimiento institucional, la capacitación y el apoyo a la investigación. Fue gracias al trabajo que siguió al control de armas que llegamos a trabajar con asuntos de seguridad privada.

¿Por qué se ha convertido la seguridad privada en un problema de derechos humanos en Guatemala?

La seguridad privada en Guatemala tiene sus orígenes principalmente como consecuencia del conflicto armado interno. La mayoría de las empresas de seguridad Pprivada están en manos de exmilitares, y, muchos de los agentes de seguridad privada en Guatemala también hicieron el servicio militar. Durante el conflicto armado interno en Guatemala hubo una gran represión, dirigida principalmente por miembros del ejército. Por lo tanto, las empresas de seguridad privada tienden a reflejar esta «cultura» de la represión. Esta situación es evidente, sobre todo cuando existen movimientos territoriales o comunitarios que protestan contra las industrias extractivas. Varios de los conflictos y muertes de miembros de la comunidad se han producido precisamente por la actuación de empresas locales de seguridad privada contratadas por empresas transnacionales.

Por otro lado, estudios realizados por IEPADES han constatado que también existe una violación de los derechos humanos y laborales dentro de las empresas de seguridad privada. Encontramos, por ejemplo, que al 80 % de los trabajadores de seguridad privada no se les pagaba el salario mínimo[1], situación que viola la Ley guatemalteca que Rregula los servicios de seguridad privada, reconocida como una de las más completas en toda la región latinoamericana. Aunque la ley reconoce la necesidad de formación y capacitación de los agentes de seguridad privada, lo que hemos comprobado es que las empresas de seguridad privada no imparten esta formación, lo que no redunda en interés de sus clientes. Esta falta de formación se convierte en un problema en la resolución de conflictos cuando guardias de seguridad con escasa formación quieren reprimir a las comunidades que se oponen a la extracción de recursos naturales. Es probable que esta falta de formación y de seguimiento de las normas establecidas por la Ley, se traduzca también en un uso indebido de las armas por parte de los vigilantes de seguridad y, sobre todo, se refleje en actos de violencia contra las mujeres incluso en casos de violencia doméstica.

¿Puede darnos su punto de vista sobre la cuestión migratoria en Guatemala y qué papel debe desempeñar la seguridad privada, si es que debe desempeñar alguno?

En Guatemala hay casi 45 000 guardias de seguridad privada, un número que se equipara al de la Policía Nacional Civil. La seguridad privada se ha convertido en una de las principales fuentes de trabajo para las personas procedentes de las zonas rurales de Guatemala, lo que la convierte en una fuente de empleo alternativa a la migración. También es una fuente de trabajo para los deportados de Estados Unidos.

En dos encuestas realizadas por el IEPADES en 2015[2] y 2019 en el departamento de Guatemala, se encontró que el principal motivo de seguridad para emigración de las personas que viven en la ciudad capital era la extorsión. Este delito lo cometen sobre todo bandas y es el sector de la seguridad pública el que desempeña el papel principal en la lucha contra estas estructuras, más que la seguridad privada.

¿Qué diferencia ha marcado la sociedad civil e IEPADES en estos temas en Guatemala?

La sociedad civil tiene un papel muy importante que desempeñar en el trabajo relacionado con las empresas de seguridad privada. El trabajo que realizamos se divide en varios ejes:

Desarrollo de capacidades, especialmente de los órganos de control del Estado, como la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio del Interior, y la División de Control de PSC de la Policía Nacional Civil.
Investigación y seguimiento, para obtener información como medida de control y auditoría social sobre las empresas de seguridad privada. Esto se lleva a cabo mediante encuestas, entrevistas a grupos de referencia, así como recibiendo quejas de la población.
Celebración de reuniones regionales, para intercambiar experiencias y buenas prácticas entre las instituciones encargadas del control de los PSC y las organizaciones de la sociedad civil Trabajo con alianzas estratégicas entre diferentes actores. Un ejemplo de ello es el grupo de trabajo sobre los Principios Voluntarios de Guatemala, que incluye a los estados miembros de ICoCA, embajadas, el sector privado y ONG como IEPADES. Este grupo pretende reforzar, por un lado, la aplicación de los principios voluntarios de los derechos humanos y las empresas. Por otro, busca reforzar el conocimiento de las empresas privadas para que contraten servicios de seguridad privada que cumplan los principios voluntarios.

¿Cómo pueden contribuir las organizaciones de la sociedad civil a la misión de ICoCA de promover una seguridad privada responsable?

– Es necesario fortalecer la red de ONG miembros para que actúen eficazmente en el papel de supervisar el cumplimiento del Código Internacional de Conducta
– Se deben establecer herramientas de criterios estándar para ayudar en la observación de las empresas de seguridad privada para asegurar que cumplen con el Código Internacional de Conducta
– Creación de mecanismos de intercambio de buenas prácticas tanto entre la sociedad civil, el sector privado, las empresas de seguridad privada y los estados para un mejor cumplimiento de las funciones de los miembros de ICoCA
– Establecer mecanismos para canalizar posibles abusos y violaciones del Código Internacional de Conducta y otros mecanismos como la Iniciativa de Principios Voluntarios por parte de las empresas de seguridad privada.

[2] Encuesta Iepades (2015) sobre la victimización y la percepción del trabajo de la Policía Nacional Civil

Encuesta Iepades (2019) sobre la victimización y la percepción del trabajo de la Policía Nacional Civil