CUANDO LA DEMANDA DE MINERALES CHOCA CON LA REALIDAD DE LAS COMUNIDADES EN PERÚ

A medida que aumenta la demanda de cobre y otros minerales críticos, el proyecto CRM Secure trabajará para reforzar la resiliencia de las comunidades, promover prácticas de seguridad responsables y fomentar el diálogo sobre los desafíos sociales y de derechos humanos asociados a la minería.

 

Cuando las presiones de la minería se encuentran con las preocupaciones de las comunidades

Perú desempeña un papel estratégico en la transición energética mundial. Como uno de los principales productores de cobre del mundo, el país suministra un mineral esencial para las redes eléctricas, las tecnologías de energías renovables y los vehículos eléctricos. Si bien sus abundantes recursos minerales ofrecen importantes oportunidades económicas, su extracción también plantea desafíos complejos para las comunidades, las empresas, las autoridades públicas y los proveedores de seguridad.

En las regiones mineras, las preocupaciones relacionadas con los impactos ambientales, el acceso al agua, el uso del suelo y la participación de las comunidades en la toma de decisiones pueden contribuir a generar tensiones sociales y conflictos. Cuando los mecanismos de diálogo y rendición de cuentas son insuficientes, estas tensiones pueden derivar en desafíos de seguridad más amplios. Garantizar que la extracción de minerales respete los derechos humanos y contribuya al bienestar de las comunidades locales es, por tanto, un elemento fundamental para construir cadenas de suministro responsables y sostenibles.

 

Del diálogo a una seguridad responsable

Lanzado en 2026, CRM Secure es un proyecto de cuatro años financiado por la Unión Europea e implementado por DCAF e ICoCA, con el apoyo estratégico de la OCDE. Con una duración prevista hasta 2029, la iniciativa busca ayudar a las comunidades y a las autoridades a abordar mejor los desafíos de seguridad relacionados con la extracción de materias primas críticas, contribuyendo así a la resiliencia y a una paz sostenible. CRM Secure se implementará en varios países, entre ellos Mozambique, donde ICoCA trabaja para fortalecer la participación de las comunidades y promover un enfoque preventivo de los riesgos relacionados con la seguridad y los derechos humanos.

En Perú, el proyecto combinará un estudio de caso en profundidad sobre un emplazamiento minero seleccionado con actividades de participación y diálogo con actores clave a nivel nacional. Este enfoque permitirá examinar los desafíos de seguridad y derechos humanos en un contexto local específico, al tiempo que ofrecerá oportunidades para intercambiar experiencias, reforzar la cooperación e impulsar el diálogo sobre prácticas de seguridad responsables en todo el sector.

Una parte importante de este trabajo se centrará en fortalecer las capacidades de la sociedad civil y de los actores comunitarios. Mediante apoyo práctico en materia de participación de las partes interesadas, sensibilidad ante los conflictos, mediación y evaluación de los impactos ambientales y sobre los derechos humanos, el proyecto ayudará a estos actores a colaborar de manera más eficaz con las empresas y las autoridades públicas. También buscará reforzar la participación de las comunidades en la identificación y el seguimiento de los riesgos, así como mejorar el acceso a los mecanismos de reclamación y reparación.

Paralelamente, CRM Secure promoverá una mayor profesionalización y capacidad de respuesta entre los proveedores de seguridad públicos y privados. A través de formaciones adaptadas y actividades de fortalecimiento de capacidades, los actores de seguridad estarán mejor preparados para aplicar las normas internacionales de derechos humanos, hacer un uso adecuado de la fuerza, interactuar de forma constructiva con las comunidades y responder a las actividades delictivas complejas relacionadas con la extracción y el comercio de minerales.

 

Garantizar que la transición verde no deje a nadie atrás

CRM Secure parte del reconocimiento de que unas cadenas de suministro responsables de minerales críticos dependen no solo de cómo se extraen los recursos, sino también de cómo se trata y protege a las personas y comunidades que viven cerca de los emplazamientos mineros. Cuando se ignoran las preocupaciones de las comunidades, las tensiones pueden erosionar la confianza, contribuir a los conflictos y generar riesgos tanto para las comunidades como para las operaciones mineras.

Al reunir a las comunidades, la sociedad civil, las empresas, las autoridades públicas y los proveedores de seguridad, el proyecto busca fortalecer la confianza, fomentar el diálogo temprano y promover enfoques más eficaces para prevenir los riesgos de seguridad y responder a ellos.

A través de su trabajo en Perú, ICoCA y DCAF contribuirán a los esfuerzos más amplios para garantizar que los minerales esenciales para la transición verde se obtengan respetando los derechos humanos, las necesidades de las comunidades y las prácticas de seguridad responsables.