El sector de la seguridad privada está evolucionando rápidamente con nuevas tecnologías que transforman los roles tradicionales e introducen nuevos servicios. Desde los drones y la videovigilancia hasta la ciberseguridad y la inteligencia digital, las empresas de seguridad privada (ESP) están a la vanguardia de este cambio. Sin embargo, esta evolución tecnológica también conlleva importantes riesgos para los derechos humanos, especialmente en cuanto a la privacidad de los datos y el posible uso indebido de la información.
En ICoCA hemos estado trabajando con la Fundación ICT4Peace para explorar estos desafíos y ayudar a las empresas a navegar de manera responsable por este nuevo panorama. Esta semana, en Sudáfrica, estamos realizando visitas, incluida una a 24/7 Security Services, y organizando talleres con empresas de servicios de seguridad en colaboración con la Asociación de Seguridad de Sudáfrica (SASA), así como con líderes académicos y de la sociedad civil en la Universidad de Pretoria. Estas sesiones nos están ayudando a comprender mejor los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y son fundamentales para desarrollar nuestro próximo conjunto de herramientas para el uso responsable de la tecnología por parte de los ESP. Agradecemos sinceramente a SASA y a la Universidad de Pretoria su apoyo y colaboración en estos esfuerzos.
Esta visita ofrece una valiosa perspectiva del sector de la seguridad privada en Sudáfrica, que está en rápido crecimiento. Desde la pandemia de COVID-19, el sector se ha recuperado con fuerza, mostrando un crecimiento constante de año en año en el número de empresas de seguridad registradas y de vigilantes activos. Esto brinda una excelente oportunidad para explorar cómo un sector sólido y bien regulado, con un marco normativo preexistente, se está adaptando a los nuevos avances tecnológicos.
Estén atentos a la publicación de nuestro conjunto de herramientas y de nuestro informe político sobre el uso responsable de la tecnología en la seguridad privada, los cuales proporcionarán directrices cruciales para gestionar estos riesgos emergentes, mientras se respetan las normas de derechos humanos.